De no ser por el mecanismo de acción de tutela, unos 16.956 medellinenses no habrían podido acceder a servicios de salud como exámenes diagnósticos, consultas con médicos especialistas, entrega de medicamentos u operaciones requeridas de urgencia, entre otros.
No obstante, de no corregirse los problemas de acceso y cobertura que actualmente presenta el sistema general de salud, este mecanismo pensado como última instancia para la protección de los derechos fundamentales terminará por convertirse en un requisito esencial para acceder a los servicios de salud en el país.
Así lo conceptuó Jairo Herrán Vargas, Personero de Medellín, tras dar a conocer el informe de acciones de tutelas elaboradas por el organismo a su cargo durante el año 2008. Allí se consigna cómo de un total de 23.300 acciones diligenciadas durante el año inmediatamente anterior, un 76% de ellas, que equivalen a 16.956, fueron dirigidas contra entidades del sector salud. La cifra también representa un incremento frente al año 2007, cuando fueron instauradas por la entidad un total de 15.000 tutelas contra instituciones hospitalarias.
La Dirección Seccional de Salud de Antioquia (Dssa), con un total de 8.245 tutelas; la antigua E.P.S del Instituto de Seguro Social con 2.528 y las E.P.S privadas Susalud (1.848) y Coomeva (1.224) fueron las entidades más “entuteladas” a lo largo del año.
A juicio de Herrán Vargas, el hecho de que cada vez más gente tenga que recurrir a este mecanismo para garantizar el acceso a un derecho que el Estado debe garantizar refleja que algo no esta funcionando bien en la estructura del sistema.
“La idea es que disminuya el número de acciones de tutela, lo que a su vez sería un indicador de la garantía del acceso a un derecho consagrado en la Constitución. Pero lo que está ocurriendo es todo lo contrario: que vienen en aumento; es decir, hay más dificultades para acceder a los servicios de salud”, expuso el Personero.
Pero, ¿dónde puede estar la falla? Para el Funcionario, el modelo de “parcelación de servicios de salud” que rige actualmente en Colombia, donde las Entidades Prestadores de Servicios de Salud (E.P.S) le ofrecen a los usuarios un plan básico de beneficios a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), dejando por fuera otros servicios, genera una gran demanda por vía del mecanismo de tutela que, de otro lado, está saturando actualmente los despachos judiciales.
“Ahí ya hay un incumplimiento del postulado universal del acceso integral al derecho a la salud”, señaló. Ejemplo de ello lo constituye la protesta registrada el pasado miércoles 21 de enero en las instalaciones de la I.P.S Fundación Médica-Preventiva por parte de un grupo de docentes del Inem José Félix de Restrepo.
Allí, los decentes reclamaban indignados se le practicara una cirugía en uno de sus riñones al profesor Julio Ruiz Flórez, que según el diagnóstico debió practicársele al finalizar el primer semestre del año anterior y que la I.P.S se ha negado a realizar, no obstante una tutela interpuesta en octubre por Ruiz Flórez y fallada a su favor.
La explicación de la Institución responde a lo que algunos analistas denominan “la lógica perversa del mercado”. La IPS debe contratar la operación con un especialista externo, pero a su vez, está a la espera de recibir el pago por afiliación de la E.P.S a la que están afiliados los docentes.
“Aunque haya normas garantistas, el pagador del servicio, es decir las E.P.S, y el prestador del servicio, en esta caso las I.P.S, ponen a los pacientes en la dinámica de buscar soluciones por su propia cuenta o en retrasar la prestación del servicio hasta tanto la ganancia económica no esté asegurada”, señaló a su vez el médico Fabio Henao, miembro del Movimiento Nacional por la Salud y La Seguridad Social.
El análisis del galeno coincide con la observación de la Personería de Medellín en el sentido de que muchas de las acciones de tutela se originan en la dificultad de acceder a intervenciones quirúrgicas del segundo y tercer nivel de complejidad y en la obtención de medicamentos y tratamientos para pacientes de las denominadas enfermedades de alto costo.
“En la cotidianidad, cuando se trata de citas para médico general, incluso para servicios de urgencias, los pacientes optan por buscar consultas con particulares pues sienten que les va mejor”, advirtió Henao.
De esta lógica no se salvan ni los usuarios del Régimen Subsidiado. Si bien el Municipio de Medellín cuenta con una amplia red pública hospitalaria y se han hecho esfuerzos por ampliar la cobertura, acceder a servicios especializados continúa siendo un gran obstáculo, principalmente para las personas de bajos recursos económicos.
Para la Personería de Medellín como para el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social es claro que ni la Sentencia 760 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, ni el decreto 4747 de 2008, promulgado por el Ministerio de la Protección Social, ha impactado positivamente en el acceso a los servicios de salud.
Prueba de ello son los 2.070 incidentes de desacato y 993 solicitudes de cumplimientos a fallos de tutela elaborados por el Órgano de Control Municipal durante 2008. Y es que el tema está llegando a niveles donde las mismas E.P.S recomiendan a los pacientes instaurar este mecanismo para acceder a algún servicio de salud.
De acuerdo con el médico Henao, hoy día el prestador del servicio tiene dos opciones frente al usuario: o lo atiende en los tiempos burocráticos que manejan o esperan que les instauren una tutela. Al optar por la segunda vía, el juez obliga a la entidad a dar cumplimiento a la sentencia en el menor tiempo posible.
Sin embargo, en entidades como la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (Dssa), ese fallo se suma a una larga lista de sentencias que están a la espera de ser ejecutoriadas. “Por eso es que hoy día en las instituciones hospitalarias se habla de agilizar las tutelas”, señaló el Galeno.
Ahora, la preocupación tanto la Personería de Medellín como el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social es qué pasa con la salud de los pacientes en el tiempo que tarda el trámite de una acción de tutela, y en algunos casos los mecanismos adicionales de solicitud de cumplimiento e incidente de desacato, cuando en la totalidad de los casos éstas se instauran para solicitar procedimientos que se requieren con urgencia.
