Así lo revelan informes de Policía Judicial y testimonios recogidos por la Agencia de Prensa IPC que advierten cómo en algunas comunas de Medellín los reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) vinculados al proceso de Reintegración Social y Económica y muchachos beneficiarios del programa Jóvenes en Alto Riesgo, ambos coordinados por el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, estarían destinando un porcentaje de sus auxilios económicos a un “fondo común” con el fin de utilizarlo en la compra de armas ilegales.
Según informes de cuerpos de inteligencia, a través de esta vía se vienen fortaleciendo bandas y combos de las comunas 3, 4, 8 y 13, coincidencialmente cuatro de las seis zonas donde se presentaron más muertes violentas el año anterior y donde los censos indican mayor concentración de desmovilizados de las Auc en Medellín.
La Fiscalía ha recepcionado en los últimos meses denuncias de pobladores de la comuna 13 que indican la recurrente adquisición de armas por parte de los jóvenes que integran los combos que actualmente operan en la zona, algunos de ellos integrados por desmovilizados de las Auc.
El testimonio de Carlos*, ex miembro del bloque Héroes de Granada y residente en uno de los populosos barrios de esta comuna, confirmó la existencia de esta práctica: “Los pelados que están en Jóvenes en Alto Riesgo, sobre todo los del 20 (de Julio), creo que también los del (Independencias) 2 y los del (Independencias) 3, todo ese combo, el día que les pagaban entre ellos mismos se ponían una cuota. Yo no sé cuánto les están pagando a ellos, creo que 350 mil pesos, tampoco sé cuánto pone cada uno, pero dependiendo de lo que les pagaban, aportaban”.
De acuerdo con el desmovilizado, las bandas de este sector del occidente de Medellín sostienen desde el año pasado una férrea disputa por el control de los barrios y de las actividades ilícitas; situación que ha incrementado la necesidad de armamento y de recursos para adquirirlo.
Dichos enfrentamientos desataron una ola de violencia que, el año anterior, dejó un saldo de más de 68 personas muertas, lo que representó un incremento del 23% con respecto al número de muertes violentas registradas en la comuna 13 en 2007.
Los niveles de confrontación han llegado a tal punto que ya entre los jóvenes de la comuna 13 se habla con insistencia de alianzas entre combos y de éstos con organizaciones criminales de “mayor poderío”, como la Oficina de Envigado o la gente de alias don Mario, a fin de obtener mayores ingresos y más armamento para fortalecer su dominio territorial.
“Cada combo busca el patrocinio como puede”, sostuvo Carlos, quien agregó que “esos pelados de (el programa) Alto Riesgo siempre son bastanticos, deben recoger buena plática”.
“No hay ninguna prueba”
Además de constituir una amenaza contra el monopolio de las armas que debe residir en las fuerzas del Estado, un arma representa, según los investigadores judiciales, múltiples formas de ingresos ilegales.
“Un revolver o una pistola es como una especie de ‘capital semilla’. Se puede alquilar, puedo participar de una actividad ilegal, me vuelvo importante”, explicó un investigador judicial consultado por la Agencia de Prensa IPC.
Si bien fuentes 
“Desde que se creó este Programa han surgido comentarios de ese tipo: que los desmovilizados utilizan las ayudas económicas para comprar armas, nos dicen que eso está pasando pero, cuando salimos a comprobar en el terreno, nunca comprobamos nada”, agregó Gaviria.
Actualmente Paz y Reconciliación atiende a unos 4.295 desmovilizados de la Auc y unos 1.056 jóvenes entre los 18 y 26 años, en su totalidad habitantes de las zonas nororiental, noroccidental, centro oriental y occidente de Medellín, figuran como beneficiarios del programa Jóvenes en Alto Riesgo.
En este último caso, se trata de un trabajo de prevención dirigido a la población juvenil en riesgo de pertenecer a grupos armados ilegales, que nació en el 2006 y que utiliza el mismo modelo de intervención que se emplea con los desmovilizados.
Es decir, que una población cercana a los 5.500 jóvenes vienen participando en actividades educativas, talleres psicosociales grupales y acompañamiento individual y programas para generación de ingresos. Por la participación en un mínimo del 75% del total de actividades, cada beneficiario recibe unos 400 mil pesos.
Los balances de Paz y Reconciliación también indican que desde 2004, año en que se creó este programa, han sido expulsados un total de 86 beneficiarios, o bien desmovilizados que incurrieron en actividades delictivas o bien jóvenes que no cumplieron los compromisos pactados.
Sin embargo, lo que esperan los investigadores judiciales es una mayor vigilancia a quienes están recibiendo las ayudas económicas municipales y sanciones más drásticas para aquellos que están desviando dichos fondos para la compra de armamento.
*Nombre cambiado a petición de la fuente
