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Fiscales de Justicia y Paz tiene la palabra en proceso contra don Berna

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La decisión de un juez federal norteamericano de darle un plazo perentorio de 45 días a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias de don Berna, para que comparezca en el proceso de Justicia y Paz se convierte en una exigencia para los fiscales colombianos, quienes deberán crear las condiciones para escucharlo en audiencia de versión libre.

La determinación del juez Richard M. Berman, del Distrito Sur de New York, que conoce del proceso penal contra alias don Berna por los delitos de conspiración para importar cocaína y lavado de activos, también dejará en evidencia qué tan efectivos son los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para facilitar la asistencia virtual no sólo de alias don Berna sino de los demás jefes paramilitares extraditados, entre ellos Ever Veloza García, alias HH, trasladado este jueves a Estados Unidos, a las audiencias de Justicia y Paz.

 

La exigencia del juez federal fue hecha durante una audiencia especial realizada este miércoles con fiscales y los apoderados de Murillo Bejarano para responder a una solicitud de los representantes de una madre de un joven desaparecido en la comuna 13 de Medellín en noviembre de 2002 por hombres del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que  pretendía alcanzar el status de víctima bajo la Ley conocida como Crime Victims Rights Act (CVRA, por sus siglas en inglés) y lograr con ello una restitución económica, reclamo que le fue negado.

 

Durante la audiencia, los abogados que defienden a alias don Berna le explicaron al juez Berman que su cliente tenía toda la voluntad para acudir al proceso de Justicia y Paz y dar allí si versión sobre sus actuaciones como jefe paramilitar no sólo al mando de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, sino como Inspector General de las Auc; además, alegaron que su defendido había entregado sendos bienes para restituir a las víctimas por un valor cercano a los 20 millones de dólares, por lo que pidieron 60 días para que comparezca ante los fiscales colombianos.

 

Por su parte, los abogados defensores de la víctima del accionar paramilitar en la Comuna 13 de Medellín alegaron ante el juez Berman que alias don Berna no tenía voluntad para participar en el proceso de Justicia y Paz, aspecto que fue apoyado por los fiscales norteamericanos, quienes se mostraron extrañados por la promocionada voluntad del confeso narcotraficante y jefe paramilitar, pues consideraron que si en tres años no compareció voluntariamente, que efectividad tendría ahora, cuando sólo se le dan 45 días.

 

Si bien a la justicia norteamericana no le interesan los delitos cometidos por los jefes paramilitares en el marco de su lucha contrainsurgente, el plazo dado por el juez Berman de 45 días se convierte en un mecanismo de presión tanto para la Fiscalía General de la Nación en Colombia como para el propio jefe paramilitar.

 

Para los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz porque tendrán que demostrar eficiencia en un tiempo realmente muy corto y mostrar que los acuerdos con el Gobierno norteamericano son eficaces para brindar las condiciones necesarias que le permitan a alias don Berna participar en audiencias virtuales y realmente aporte al esclarecimiento de los hechos.

 

El reto es mayor si se tiene en cuenta que la defensa de Murillo Bejarano ha argumentado de manera reiterada en los tribunales federales norteamericanos que su cliente no contó con los espacios necesarios para comparecer ante el proceso de Justicia y Paz.

 

En conversaciones con la Agencia de Prensa IPC en New York, minutos después de finalizada la audiencia con el juez Berman, el abogado coordinador de la defensa, Diego Álvarez, aseveró que Murillo Bejarano no había comparecido a Justicia y Paz cuando estuvo recluido en Colombia por varios motivos concretos, entre ellos por la negligencia del el Inpec (Instituto Penitenciario y Carcelario, que depende del Ministerio del Interior y de Justicia) que sistemáticamente lo impidió al no brindándole las condiciones médicas necesarias, sobre todo cuando estuvo en las cárceles de Cómbita y La Picota.

 

Pero para alias don Berna la presión es mayor si se considera que en 45 días tendrá que responder por sus acciones como jefe paramilitar no sólo responsable directo de tres estructuras militares con operaciones en los departamentos de Antioquia y Córdoba, sino de sus actuaciones como Inspector General de las Auc e integrante del Estado Mayor de esa organización, calificada como terrorista por el Gobierno de Estados Unidos desde el año 2000.

 

Según registros de la Unidad de Justicia y Paz, de 16 audiencias públicas programadas para Murillo Bejarano desde julio de 2007 y hasta antes de su extradición, el 13 de mayo de 2008, sólo asistió a cinco. Además, no ha comparecido ni una vez desde que está recluido en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York.

 

Su versión sobre las acciones de grupos paramilitares es esperada por unas 13.000 personas que se registraron como víctimas de los bloques de las Auc que alias don Berna comandó, a quienes no sólo les debería contar lo que pasó con sus parientes sino que tendría que mostrar su colaboración efectiva en el proceso de verdad que implica su sometimiento a la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, no sólo entregando sus bienes al Fondo Nacional de Reparación, sino precisando quiénes fueron esos “hombres de negocios y grandes empresas” que, tal como lo admitió en Estados Unidos, le financiaron sus actividades criminales.

 

Quizás así de tajante no lo determinó el juez Berman, pero con su decisión en el marco del alegato jurídico que plantearon la acciones de los defensores de una víctima del accionar paramilitar de la Comuna 13 de Medellín contribuyó de manera significativa a crear las condiciones para que por lo menos en el caso de alias don Berna se logre una colaboración efectiva ante la justicia y las víctimas en Colombia, con lo que se abre un estrecho camino para que en otras cortes, donde son juzgados trece jefes paramilitares más se presione para que ocurra lo mismo.

 

A partir de este miércoles, el otrora poderoso narcotraficante y jefe paramilitar tendrá que contar todo lo que sabe, de lo contrario, el 22 de abril, fecha en la cual deberá escuchar su sentencia, es probable que se enfrente a 405 meses de prisión, sin la posibilidad de que reciba beneficio alguno de rebaja de la pena.