Estela Franco es consciente que a más tardar en diciembre de este año, ella y su familia deberán desalojar el sector en el que han vivido los últimos 35 años: el morro de basuras de Moravia. Lo más probable es que sea reasentada en el conjunto de urbanizaciones de interés social que construye actualmente la administración municipal en el sector Pajarito, zona de expansión de Medellín que lleva por nombre Ciudadela Nuevo Occidente.
Si bien ella comparte los motivos que dan pie a su reubicación, como las condiciones de hacinamiento, la contaminación ambiental, los altos índices de inseguridad y el ser zona de riesgo no recuperable, también se muestra bastante escéptica frente a la posibilidad de que el traslado a la nueva urbanización le mejore su calidad de vida.
Más que el temor a un cambio, Estela dice tener argumentos sólidos para rechazar su reubicación: “Yo tengo una hija con diagnóstico de ‘retraso mental moderado’. A ella el frío le afecta mucho y Nuevo Occidente las temperaturas son muy bajas. Aparte, yo trabajo en ventas ambulantes en el centro y si me voy para allá aguanto hambre, como la están aguantando los que ya están viviendo allá. Yo le he expresado eso a la operadora social, pero me dicen que no, que me tengo que ir, así yo no quiera”, sostiene la pobladora.
Ella no es la única con esa posición. Unas 350 familias de los sectores El Bosque, El Oasis y El Morro, quienes también deberán desocupar dichas zonas en los próximos años, manifiestan tener serios interrogantes y un creciente inconformismo sobre el proceso que actualmente se adelanta en Moravia, dispuesto por el Plan Parcial para el tratamiento de esa zona de la ciudad y que dispone que haya un Macroproyecto de Intervención Integral que comenzó a operar desde 2005 hasta 2011.
La falta de claridad y comunicación por parte de la gerencia del Macroproyecto en el proceso de reasentamiento, irregularidades en la asignación de ayudas para quienes deberán salir del barrio y el atraso en el cronograma de las intervenciones integrales constituyen, a juicio de un número creciente de “moravitas”, las principales dificultades de este proceso que parece ya no genera entusiasmo ni expectativa entre parte de la comunidad.
“No hay comunicación con la gerencia el Macroproyecto. Nosotros tenemos una serie de dudas y no hay quien nos dé una información clara. A las Asambleas Barriales que organiza la comunidad vienen funcionarios que parecieran no conocer ni el proceso, ni el barrio, ni nada”, señaló Francisco Legarda, líder barrial.
Por el conocimiento que tiene del Macroproyecto, Legarda afirma que, según el Plan Parcial, deberían estar en proceso de construcción las Unidades de Gestión de Interés Social (Ugis) I y II, proyectos de intervención urbanística e inmobiliaria que además de generar nuevos espacios públicos contempla la construcción de por lo menos 1.400 soluciones de vivienda en el mismo sector de Moravia.
“Pero parece que no lo quieren desarrollar, porque eso no arranca y nadie dice por qué”, agregó el líder barrial, quien añadió que “para finales de 2008 tendrían que haber salido por lo menos unas 700 familias del morro de basuras y El Oasis debería estar desocupado. Pero ahí están; es más, hay gente que se está asentando en los sitios del morro donde ya fueron demolidas viviendas, con el riesgo que eso implica”.
Proceso conmplejo
A partir de lo dispuesto en el Plan Parcial, el Macroproyecto de Moravia liderado por la Alcaldía de Medellín integra un conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento y recuperación del sector, que incluyen el reasentamiento de 3.600 familias residentes en el morro de basuras y sectores aledaños declarados como de “alto riesgo no mitigable”; el mejoramiento y creación de nuevo espacio público para Moravia, la construcción de nuevos equipamientos como colegios y centros de salud, y el fortalecimiento de las actividades productivas de los habitantes que quedarán allí así como de los reasentados.
La intervención ya logró ubicar, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2008, un total de 1.330 familias de Moravia en soluciones de vivienda como la Ciudadela Nuevo Occidente, las unidades residenciales Álamos I y II, construida en inmediaciones del barrio Aranjuez y en, en menor medida, en vivienda usada. La meta de la Alcaldía de Medellín para 2009 es reubicar a cerca de mil familias que aún residen en el morro de basuras.
Si bien este modelo de generación de nuevos habitat ha contado con reconocimientos del orden nacional e internacional, tampoco ha estado exento de críticas y dificultades que según la administración municipal, buena parte de ellas obedecen a prácticas culturales de la comunidad moravita, que por años mantuvieron una dependencia absoluta del Estado, generando reclamos que, en algunos casos, carecían de fundamento.
Sin embargo, para quienes serán objeto de reasentamiento, los puntos neurálgicos del proceso han sido la falta de acompañamiento socioeconómico más efectivo por parte de la Alcaldía de Medellín, la falta de continuidad en los procesos de reasentamiento y la poca celeridad en la asignación de subsidios de vivienda.
Luego de la declaración de calamidad pública emitida en el 2005 por la Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres del Ministerio del Interior, en la que considera que el morro de basuras es un lugar inhabitable dada la alta emisión de líquidos lixiviados y gases tóxicos del morro de basuras, la administración municipal decidió priorizar el traslado de cerca de 4.200 personas que habitaban allí.
Para ello, el Gobierno nacional, el Municipio de Medellín y el Instituto de Vivienda y habitat de Medellín (Isvimed) (antes Fondo de Vivienda de Medellín –Fovimed), crearon una gran bolsa de subsidios por más de 26 mil millones de pesos para la adquisición de vivienda nueva y usada.
Se partió entonces de un censo elaborado por la Universidad de Antioquia en el 2004, donde se pudo establecer el número de habitantes del morro y de ellos, quienes tenían casa propia y de qué calidad. Con esos datos, las cajas de compensación familiar e Isvimed comenzaron a recibir las postulaciones para subsidios de las familias que debían ser reansentadas.
Pero así como la indisciplina social condujo a que muchas familias dejaran vencer los plazos para postulaciones o no hayan hecho uso de las ayudas oficiales, también hay quienes denuncian que se presenta un “tráfico de subsidios” del que se están beneficiando decenas de “avivatos”.
“Aquí hay personas que desde hace más de dos años se postularon para subsidios de vivienda y no han salido favorecidos, mientras que otros que no eran del barrio y aprovecharon coyunturas como el incendio del Oasis (en febrero de 2007) o el hecho de que declararon la calamidad pública para el morro y se vinieron a vivir a este sitio para que salir favorecidos, y lo lograron”, advirtió Legarda.
Continúa el líder: “Hay gente viviendo en Nuevo Occidente, gracias a los subsidios y aquí en Moravia tienen tres casas alquiladas. Nosostros hemos denunciado eso y no nos han prestado atención. Ya estamos cansados de denunciar”.
A esto se suman casos como el de Estela Franco, quien asegura que la Administración no les está jugando limpio en el proceso. Según la mujer, en el 2006 se postuló ante Isvimed para subsidio de vivienda usada, el cual le fue otorgado. Pero de cuatro solicitudes para compra de vivienda en las comunas 1 y 2, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), no le autorizado la compra de ninguna.
“Lo peor es que el 15 de septiembre del año pasado, me llegó un documento donde me decían que el subsidio se me había vencido, que ya no tenía derecho a nada. Me tocó enviar una carta al Ministerio de Vivienda (Ambiente y Desarrollo Territorial) y el 19 de enero de este año me respondieron que seguía vigente, pero no me lo quieren reconocer. Entonces, dígame, ¿no es mucho desorden el de la Alcaldía?”, dijo Estela.
Un cuello de botella
Al respecto, Giovanni Celis, hasta hace poco secretario de Desarrollo Social, ente responsable del Macroproyecto, admitió que se han detectado casos de familias que le hicieron “conejo” al municipio en el tema de subsidios, situación que ha sido muy compleja de controlar.
“La responsabilidad de veeduría debe ser compartida entre Municipio y comunidad; pero también hay un tema de por medio y son los proceso judiciales y eso no se soluciona en dos meses”, aseveró Celis.
Aunque el funcionario reconoce que la intervención a través del Plan Parcial cuenta con algunos retrasos, como lo son el traslado de los habitantes del morro de basuras y El Oasis y el inicio de obras de las Ugis I y II, advierte que estos obedecen más a la estructura propia del mercado inmobiliario que a la falta de voluntad política.
“Para suplir la demanda de vivienda usada es necesario contar con un oferta creciente de vivienda nueva de interés social y ahí tenemos déficit: la oferta es muy baja. Por eso, mucha gente que está postulada para subsidio de vivienda usada no se le ha podido entregar porque además, tenemos que considerar aspectos como que no esté ubicada en zona de alto riesgo. De lo contrario, caeríamos en detrimento patrimonial”, manifestó el ex Secretario.
Lo anterior plantea un gran dilema para la administración municipal, toda vez que Medellín posee cerca de 22 mil viviendas ubicadas en “zonas de alto riesgo no mitigable”. De ahí que el Plan Parcial contemple la construcción de las Ugis, que adoptaría el modelo de intervención utilizado en “Juan Bobo”, donde se recuperó una zona de alto riesgo para construir, en el mismo sitio, soluciones de vivienda tipo torres de apartamentos.
“Pero en el caso de Moravia no ha sido fácil, todo porque no hemos encontrado la formula para evitar que grandes inversionistas le compren a los propietarios a precios muy módicos, para que luego se construyan edificios para ofertar a estratos 2 y 3, llegué a vivir otra población y los habitantes de toda la vida, sean expulsados por la inercia del mercado”, argumentó el ex titular de Despacho.
Como se ve, el Plan Parcial para Moravia se enfrenta a unos “cuellos de botella” que hacen más compleja esta intervención: por un lado está la indisciplina social y sus prácticas culturales; de otro lado están las condiciones del mercado inmobiliario que supedita el proceso de reasentamiento de las familias asentadas en zonas de alto riesgo.
Mientras se buscan soluciones al respecto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá acaba de publicar un informe en el que advierte que hoy día, el morro de basuras contiene 131% veces más partículas de plomo en su suelo de lo tolerable por el cuerpo humano.
