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Naciones Unidas, preocupada por la niñez de la comuna 13 de Medellín

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Si no se brinda un decidido y eficaz acompañamiento por parte de las autoridades municipales a la población infantil de la comuna 13 de Medellín, se podría generar en el futuro cercano una delicada problemática social ligada principalmente al aumento de la violencia armada.

Así lo conceptuó Cristian Salazar Volkmann, delegado para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras su visita relámpago realizada el pasado 2 de abril a este populoso sector del occidente de la capital antioqueña.

 

En poco más de dos horas recorriendo los intrincados callejones, las empinadas calles y escalares que componen esta comuna y tras dialogar con sus habitantes, en especial con jóvenes escolarizados, Salazar Volkmann comprobó lo que ya ha leído en varios informes de la Sub-Oficina de Naciones Unidas en Medellín sobre la situación de la ciudad en materia de derechos humanos.

 

“La Oficina aquí en Medellín ha levantado varios informes sobre la situación de los niños y las niñas de la comuna 13, pero en general de toda la ciudad, por eso quería ver la situación con mis propios ojos”, manifestó Salazar Volkmann, quien no ocultó su extrañeza y preocupación por los testimonios que escuchó de parte de los menores de edad. 

 

“Un niño con el que dialogué me dijo: ‘usted me cayó bien, si me da una pistola, yo mismo lo cuido’. Esto es muy impresionante, esto expresa que los niños están creciendo en un ambiente de violencia”, señaló el Delegado. “Yo creo que esto debería ser motivo de gran preocupación para las autoridades porque ahí se está incubando una nueva generación de criminales”.

 

En su visita a la comuna 13, Salazar Volkmann también conoció el trabajo de acompañamiento a familias víctimas del conflicto armado que vienen realizando las religiosas del convento de la Madre Laura. Si bien no ahorró palabras para elogiar dicha labor, el Delegado mostró su extrañeza por el clima intimidatorio que rodea las actividades de las monjas.

 

“Quedé muy triste luego de conocer los hostigamientos de las que han sido víctimas y eso asusta mucho porque, uno se pregunta, si le está sucediendo esto a personas que están trabajando por el bienestar de los niños, entonces, ¿qué está pasando en la sociedad?”, agregó.

 

Su cuestionamiento se suma a una larga lista de denuncias hechas meses atrás por diversas organizaciones no gubernamentales, quienes vienen documentando casos de reclutamientos forzados y utilización de menores de edad por parte de nuevos grupos armados y bandas delincuenciales que operan en esta zona de la ciudad.

 

Entre el seguimiento que las organizaciones vienen realizando también se observan casos de desplazamiento forzado de familias para evitar el reclutamiento de sus hijos así como el asesinato de varios menores de edad que se negaron a hacer parte de estas nuevas estructuras armadas, todos ellos denunciados durante este año solamente.

 

Medidas concretas

Si bien muchas de estas situaciones han sido puestas en conocimiento de la Administración Municipal, que ha adoptado medidas de choque como el aumento de pie de fuerza en la comuna, hay quienes consideran que las determinaciones son insuficientes para abordar una problemática de por sí bastante compleja.

 

Según Manuel López, asesor de la Personería de Medellín para temas de infancia, a pesar de las medidas tomadas recientemente por la Alcaldía de Medellín para controlar el orden público en esta zona, persiste el riesgo inminente para la población infantil y juvenil de ser vinculada a las diferentes expresiones de violencia que allí se viven. Lo anterior, según el experto, se evidencia en el temor constante de padres de familia, que para proteger a sus hijos están recurriendo a medidas extremas tales como la desescolarización.

 

“Esa es una realidad, no sólo de la comuna 13, sino de toda la ciudad (…) eso ya sería un motivo suficiente para que las autoridades municipales y departamentales de protección hubieran tomado medidas efectivas para evitar esta situación”, sostuvo López, quien consideró que la posición asumida por la Alcaldía de nombrar el fenómeno como una “utilización de menores de edad” y no un reclutamiento forzado ha llevado a que no se adelanten acciones más eficaces.

 

“Eso ha llevado a que nos enfrasquemos en el debate académico, lo que va a retrasar la toma de medidas concretas. Para proteger los derechos de la infancia hay que actuar de una manera inmediata. Lo que importa es la situación de desprotección o vulneración que se esté presentando”, declaró López.

 

Carlos Andrés Pérez, subsecretario de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno de Medellín, señaló que este fenómeno no es un asunto exclusivo de Medellín o Antioquia sino que es una condición propia de la criminalidad mundial y desestimó la gravedad de la situación en la comuna 13.

“Hay unos menores vinculados con el tema delincuencial, que siguen vinculados a microtráfico de estupefacientes o con ciertas bandas criminales, es una realidad, pero uno no puede calificar las excepcionalidades o las coyunturas y decir que todos los niños están vinculados con la delincuencia y estigmatizar la comuna 13”, dijo el funcionario.

Más allá de las diferencias conceptúales que puedan presentarse entre sectores gubernamentales y no gubernamentales frente a la situación de los menores de edad de la comuna 13, lo cierto es que dicha población es la que está padeciendo con mayor rigor la situación de violencia que allí se está viviendo.

 

Por ello, quizás en el punto en que coinciden ambos estamentos es que la presencia activa delegado para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos será fundamental no sólo en la visibilización de la problemática, sino en la intervención integral que ella requiere.