Precedentes y retos de la condena de alias don Berna en USA

El proceso que acaba de cerrar el juez Richard M. Berman, de la Corte Federal del Distrito Sur de New York, en Estados Unidos, contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, imponiéndole una pena de 31 años de prisión, sentó tres precedentes: uno, condenar a una de las figuras más representativas de la fusión del narcotráfico con el paramilitarismo en Colombia; dos, lograr que un tribunal de ese país escuchara la historia de una víctima de la acciones paramilitares en la comuna 13 de Medellín a finales de 2002; y tres, conocer nuevas versiones sobre los apoyos de las Auc y sus beneficiarios.

Con la condena del confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, la justicia colombiana es la gran perdedora en este caso, pues nunca tuvo la disposición de perseguirlo y apresarlo.

Alias don Berna es un sobreviviente de múltiples guerras en los últimos 35 años en el país, en las que se conjugaron carteles de la droga de Medellín y el Norte del Valle; bandas criminales, entre las que se destacan: La Terraza; grupos paramilitares como el bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu); y las mismas Auc en sus luchas intestinas por el poder.

Su vivencia criminal, desde el narcotráfico y el paramilitarismo, es amplia y el hecho de que haya sobrevivido no sólo indica que estuvo protegido y ayudado por amplias redes legales e ilegales, sino que supo moverse en el momento oportuno, hasta llegar a las Auc, donde tuvo la capacidad de imponerse y ganar jerarquía hasta ser reconocido como “el pacificador” de la capital antioqueña y su área metropolitana. Allí tuvo el poder suficiente para someter las bandas delincuenciales y constituirse como el regulador de la criminalidad por lo menos entre los años 2004 y 2007 apoyado en por lo menos 3.000 hombres y mujeres desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.

No es gratuito entonces que, como quedó consignado en un escrito enviado por su abogada en Estados Unidos, Margaret M. Shalley, al juez Berman el pasado 8 de abril, Murillo Bejarano posea “una voluminosa cantidad de información” acerca de sus relaciones personales y a través de las Auc con amplios sectores políticos, económicos, militares y de Policía no sólo de Antioquia, sino de buena parte del país. Al parecer es tanto lo que sabe que la apoderada del jefe paramilitar calcula que su participación en el Proceso de Justicia y Paz podría durar hasta dos años, eso, si comparece 2 ó 3 días por mes.

Pero lo que no pudo hacer la justicia colombiana en materia de verdad, lo logró un conjunto de abogados de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California, Berkeley, y la Corporación Jurídica Libertad, de Medellín.

Su batalla jurídica se orientó a buscar que la Corte del Distrito Sur de New York, que juzgaba a alias don Berna por el delito de conspiración para importar cocaína a norteamericana, aplicara lo estipulado en la normas de la ley conocida como Crime Victims’ Rights Act (CVRA) y reconociera como víctima y sujeto de restitución a la madre de un joven. El muchacho fue retenido y desaparecido por hombres bajo el mando de alias don Berna al amanecer del 1 de noviembre de 2002 en un sector de la comuna 13 de Medellín. El hecho ocurrió sólo mes y medio después de ejecutada la Operación Orión, estrategia militar y policial realizada entre el 16 y el 19 de octubre de ese año para atacar los focos guerrilleros de ese sector de la cuidad.

El proceso comenzó el 17 de febrero cuando los apoderados de la mujer presentaron su petición ante el juez Berman. Su argumento era sencillo: la desaparición del muchacho tenía relación no sólo con las acciones paramilitares de las Auc, sino con el negocio de narcotráfico, actividad que se desarrollaba en la zona rural de la comuna donde tenían un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

La petición de la víctima llevó a que alias don Berna comenzará a arrojar luces sobre lo ocurrido en la Operación Orión y aclarara la participación de las Auc en ella para desestimar la pretensión de la víctima: “Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, aseveró el paramilitar en un escrito enviado al juez Berman fechado el 25 de febrero, a través de la cual intentaba convencerlo para que le negara la condición de víctima a la mujer.

En su declaración, Murillo Bejarano agregó que al bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula de la Policía, para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión”, y reiteró que sí hubo coordinación con militares y policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo.

Pero no sólo implicó a los altos oficiales. Para rebatir los argumentos de la Fiscalía norteamericana y de los apoderados de la víctima, que lo señalaban de haber penetrado en la Comuna 13 con el fin de proteger un corredor estratégico para el negocio del narcotráfico, alias don Berna le explicó al juez Berman cómo funcionó el sostenimiento de los bloques de las Auc. Según el jefe paramilitar, la financiación dependía de las propias estrategias de recaudación que cada bloque diseñara. En el caso del bloque Cacique Nutibara, explicó que sus finanzas dependían en un 70% del robo de gasolina del poliducto de ECOPETROL que pasa por el corregimiento San Cristóbal, occidente de Medellín, donde ubicaron válvulas clandestinas. El combustible era vendido en la ciudad a transportadores. Además, de acuerdo a su versión, “fue financiado con las contribuciones de ricos hombres de negocios, empresas y hoteles, impuestos a los buses y a grandes empresas, el dinero de la gasolina y los impuestos a los traficantes de estupefacientes”.

La petición de los apoderados de la víctima le fue abriendo espacio a la versión de alias don Berna sobre las redes del paramilitarismo que lo apoyaron en su lucha contrainsurgente. En Estados Unidos estaba diciendo lo que no quiso decir durante las cuatro sesiones de versión libre, de 16 programadas, que tuvo ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz entre julio de 2007 y mayo de 2008, cuando fue extraditado a ese país.

Si bien el 4 de marzo, durante una audiencia especial, el juez Berman decidió que la madre de la comuna 13 no cumplía con los requisitos de aplicabilidad de la Ley CVRA, sus apoderados insistieron y lograron llevar ese fallo a una segunda instancia apelando al recurso conocido como Writ of Mandamus, cuya función es la de corregir, si cabe, los problemas que se hayan suscitado en los tribunales inferiores. En ese sentido, la acción judicial es atendida por un tribunal de jurisdicción superior y con su decisión determina si el demandado ha vulnerado los derechos del peticionario.

Lo que alegaron los apoderados de la víctima de la comuna 13 de Medellín fue que el juez Berman aplicó una decisión de víctima a su juicio muy limitada. Lo que se pretendió a través del Writ of Mandamus fue que se aplicará la definición más amplia que contempla la legislación norteamericana y que está consagrada en la CVRA, pues son conscientes de que la desaparición del joven de la comuna 13 tenía un nexo claro con las actividades del narcotráfico que lideraba Murillo Bejarano en Medellín. No obstante, ese camino tampoco prosperó, pero sentó un precedente, pues era la primera vez que una víctima del paramilitarismo colombiano llegaba hasta esa instancia.

El pasado 22 de abril, durante la audiencia de sentencia y en búsqueda de lograr una atenuación de la pena, Murillo Bejarano, a través de su abogada defensora, le explicó nuevamente al juez Berman que las Auc no se hubiesen convertido en “poderosas e influyentes sin el apoyo de los propietarios, empresarios, políticos, militares, y la policía”. Y agregó que en muchas operaciones, la Policía y el Ejército apoyaron a las Auc.  “Ellos, básicamente, ejecutaron funciones que la fuerza pública no podría hacer”. A renglón seguido, la abogada Shalley sostuvo que su defendido apoyó la elección presidencial del candidato Álvaro Uribe Vélez en la campaña del 2002, contribuyendo con grandes sumas de dinero para su campaña. Y dio las razones: “creía que la paz era importante y ya era hora”.

Y de nuevo, el objetivo trazado por los apoderados de la víctima subió un escalón más al escuchar una nueva verdad, esta vez de la injerencia de las Auc en la campaña presidencial del 2002 a favor de quien a la postre ganara las elecciones con un amplio margen de votos y en primera vuelta. De ello tampoco se había hablado en Colombia.

Lo que empezó como un camino novedoso para buscar el reconocimiento como víctima a una mujer de la comuna 13 de Medellín y sensibilizar al sistema judicial norteamericano para que a los jefes de las Auc extraditados a ese país en mayo del año pasado y en marzo de este año no sólo se les debe juzgar por el delito de narcotráfico, sino por los crímenes de lesa humanidad cometidos, se convirtió en un espacio para conocer algunos hilos de verdad que deben alargarse cada vez más para que se conozca de una vez por todas quiénes estuvieron detrás del proyecto paramilitar y quiénes se beneficiaron. La tarea apenas empieza, pero gracias a las víctimas y a sus apoderados ya se avanzó un poco. Aún falta mucho, pero es urgente que la justicia colombiana se integre a ese propósito y decida hacer su parte con total transparencia y responsabilidad.