Un falso documento enviado a través de Internet, que utiliza de manera fraudulenta los nombres y las firmas de dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad, fue distribuido este fin de semana a través de Internet para intensificar la campaña de desprestigio y deslegitimación contra diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicales y estudiantiles de la ciudad, el departamento y el país, a las que se les sindica de tener estrecha relación con las guerrillas de las Farc y el Eln.
En el documento apócrifo, fechado el 4 de mayo y en el que aparecen los logos de la Corporación Jurídica Libertad, así como la firma de dos de sus directivos, los juristas Elkin Ramírez y Bayron Gongora, se relaciona una serie de personas y organizaciones sociales que han sido identificadas como supuestos apoyos políticos de la insurgencia a través de diversos informes de inteligencia que reposan en un proceso penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada.
Este documento, que circula como “denuncia pública” y que fue remitido desde una falsa dirección creada a nombre de Ramírez, involucra a la Alcaldía de Medellín y al Instituto de Deportes y Recreación (Inder) como “patrocinadores” de violaciones de derechos humanos al interior de la Universidad de Antioquia cometidos por supuestos miembros de las Farc y el Eln. En la lista de nombres citados aparece como involucrada con esas agrupaciones insurgentes Gisela Sofía Posada Mejía, una funcionaria del Alma Mater y esposa del actual Secretario de Gobierno de Medellín, Jesús Ramírez.
La simulada “denuncia pública” también involucra a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), Sintraintabaco, Sintrainal, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Corporación Región, Sintraunicol, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), Corporación Sumapaz, Corporación de Solidaridad con Cuba, Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y a la Asociación Nacional de Desplazados (Andas).
De acuerdo con la falsa denuncia, “todos los miembros de estas organizaciones delincuencias (sic) de las Farc y el Eln, vienen realizando en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, actividades propias de reclutamiento ideológico y militar, sumado a todos sus actos de terrorismo y barbarie, tales como el desplazamiento y asesinato de estudiantes, profesores y trabajadores de la misma universidad haciéndolos pasar como amenazas y homicidios de grupos paramilitares”.
Además, se lee en el documento que el partido político Polo Democrático Alternativo (PDA), así como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y al Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, “vienen adelantando la campaña de desarme de los civiles de bien para beneficio de sus organizaciones”.
El documento apócrifo ha sido difundido justamente cuando la Agencia de Prensa IPC reveló el pasado martes 12 de mayo una serie de informes, preparados por investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros de las unidades de inteligencia militar adscritas a la IV Brigada del Ejército, en los cuales se relaciona a un conjunto de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicales, estudiantiles y universitarias, como apoyos directos del Partido Comunista Clandestino de Colombia, conocido con la sigla PC3, afín a las Farc.
Los informes de inteligencia, que fueron negados por altos funcionarios del CTI en Medellín, contienen un organigrama en el que ubican distintas instituciones no gubernamentales de la ciudad como parte de la estructura del PC3.
Este conjunto de señalamientos, sindicaciones y relacionamientos con la insurgencia contra distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos, movimientos estudiantiles, directivas de la Universidad de Antioquia y partidos políticos, fue discutido el pasado jueves en el Concejo de Medellín, donde no se dudó de la existencia de los informes de inteligencia y se le dio pleno respaldo a quienes desarrollan de manera legítima y constitucional labores sociales y políticas en la ciudad, el departamento y el país.
“Nos preocupa la aparición de ese apócrifo comunicado enviado a la opinión pública donde se hace un señalamiento en contra de personas que están integradas al movimiento social en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y el país”, declaró el abogado Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad.
Dos motivos de preocupación expuso Ramírez con relación a los falsos señalamientos que contiene el supuesto comunicado rubricado por él: elaumento del nivel de riesgo que soportan los defensores de derechos humanos ante los constantes señalamientos realizados desde diferentes organismos de seguridad e inteligencia del Estado colombiano y la seguridad de las personas que allí aparecen relacionadas como presuntos integrantes de la guerrilla de las Farc y el Eln.
“A través de ese falso documento, se podría estar justificando y preparando algún tipo de acción encubierta contra unos y otros”, agregó el jurista.
A través de un comunicado a la opinión pública emitido este fin de semana, la Corporación Jurídica Libertad negó categóricamente la autoría de dicho documento, en el cual se escanearon y copiaron el logotipo de la institución y las firmas, con cédulas de ciudadanía, de dos de sus directivos, “lo que además de constituirse en una falsedad documental, pretende servir de soporte a los informes de inteligencia que tanto el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Regional de Inteligencia Militar de la IV Brigada han aportado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en esa guarnición militar”.
Para la Corporación Jurídica Libertad, este apócrifo documento “hace parte de la estrategia de deslegitimación que, desde el Estado, se viene implementando contra el trabajo que desarrollan en Medellín, el departamento de Antioquia y en el país las organizaciones que propugnan por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y las expresiones políticas que disienten del actual Gobierno”.
Tanto Ramírez como Góngora, los dos abogados que aparecen suscribiendo la falsa denuncia pública, han sido vinculados desde hace varios años a distintos procesos penales como resultados de los montajes de los organismos de seguridad del Estado, quedando libres de cualquier sindicación al demostrarse que los procesos eran “montajes” elaborados por organismos de inteligencia del Estado.
Por su parte, el abogado Ramírez, le solicitó a las autoridades públicas del Estado colombiano, “las suficientes garantías para poder ejercer nuestra actividad como defensores de derechos humanos, que de una vez por todas se conozcan los diferentes informes de inteligencia en los que aparecen relacionados nuestros nombres y que cesen estos ataques y actos de persecución realizados de manera ilegal e ilegitima”.
