Verdad de ejecuciones extrajudiciales llegó a oídos del Relator Especial

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El próximo 18 de junio, el Relator Especial entregará el balance de su visita al país.
Las barreras del idioma no fueron impedimento para que Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para el tema de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, comprendiera que la herida que hoy tienen las víctimas de esta práctica atroz en Colombia es profunda y quizás tarde muchos años en cicatrizar.

 

Desde las 6:30 de la tarde de este viernes 12 de junio, y por espacio de dos horas, Alston y sus acompañantes compartieron en el Museo de Antioquia de la ciudad de Medellín con por lo menos 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas del departamento de Antioquia en los últimos ochos años.

 

El Relator Especial escuchó a través de los propios afectados, lo que seguramente ya habría leído en informes sobre la situación de derechos humanos en el país: campesinos, líderes sociales, jóvenes y desempleados asesinados en extrañas circunstancias, enterrados en algunos casos como N.N. o presentados como integrantes de grupos subversivos dados de baja en combate y cuya responsabilidad es atribuible a miembros de las Fuerzas Armadas.

 

También pudo constatar cómo para muchos de ellos la aplicación de justicia es incierta, cómo sus vidas cambiaron radicalmente y hoy están pasando necesidades económicas e, incluso, cómo fueron intimidados por militares para que no hicieran públicos sus casos.

 

Por ello, para muchos de los allí presentes, el ser escuchados por un representante internacional significa mucho más que abrir ese pesado baúl de recuerdos y compartirlos en público, se trataba de dar un paso más en la lucha que vienen librando para que la muerte de sus seres queridos no quede en la impunidad.

 

Una de las historias la narró Blanca Libia: una mañana de enero de 2007, los soldados llegaron hasta su casa, ubicada en la vereda La Iguana del municipio de Nariño, Oriente de Antioquia, preguntando por su esposo Roque. Sin mediar explicación alguna, el labriego fue sacado de su vivienda y le dijeron a ella que se entrara. Minutos después vino un intenso tiroteo.

 

Cuando cesó el ruido de las balas, Blanca observó cómo el cuerpo de su esposo, abatido, amarrado y ensangrentado, era colocado en el lomo de una mula. No necesitaba preguntar qué fue lo que pasó. La escena era bastante obvia. Al otro día, en las noticias escuchó un reporte que confirmó sus sospechas: “Miembros del Ejército Nacional dieron muerte a un importante jefe de las Farc, en zona rural del municipio de Nariño”.

 

Sin embargo, lo peor para ella vino después: “Los soldados iban a mi casa a decirme unas cosas todas malucas, a preguntarme cosas, a intimidarme”. Blanca no soportó la situación y debió abandonar su vivienda y sus pertenencias semanas después de la muerte de su esposo. Ahora, en compañía de sus tres hijos, pasa necesidades en un barrio de la zona nororiental de Medellín.

 

Lo triste para Blanca es que no hay posibilidades de regresar pronto a su casa: “Yo tengo unos familiares allá y me dijeron que no regresara todavía”.

 

Situación complicada

Antes del encuentro, las víctimas realizaron una sesión de relajación. Es que para muchos, los recuerdos aún generan bastante dolor, como en el caso de las hermanas Sandra y Tatiana Cañola, a quienes se les escapan las lágrimas y se les quiebra la voz cuando cuentan la historia de su hermano Zahir.

 

Zahir Cañola, soldado profesional, salió el 28 de abril de 2006 con un Mayor del batallón Bombona, ubicado en el barrio Buenos Aires de Medellín, a cumplir una misión de la que nunca regresó. El nueve de mayo, coincidencialmente un día de la madre, sus hermanas conocieron la dolorosa verdad.

 

“Él apareció enterrado como N.N. en el municipio de San Vicente (Oriente de Antioquia). En el batallón nadie nos daba explicación. Después nos enteramos por compañeros de Zahir que meses atrás se había negado a matar a dos campesinos que iban a ‘legalizar’ (presentar como guerrilleros), y que la orden se la había dado el mismo Mayor del Ejército que se lo llevó después”.   

 

Enterarse de la verdad no sólo les produjo una gran consternación; también les implicó granjearse serios enemigos en el Ejército. “Después de todo eso comenzaron a intimidarnos y a decirnos que cuidado decíamos alguna cosa. En este momento tenemos una medida de protección por parte de la Fiscalía”, dice Tatiana, una de las hermanas.

 

“Nosotras estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta donde sea, con tal que el responsable que asesinó a mi hermano pague por ello”, comentan al unísono las hermanas Cañola. Pero al dolor de la ausencia se le suma otra dificultad: “Zahir era el que nos mantenía. Ahora estamos en una situación económica bien difícil, porque mi papá y mi mamá están en una depresión muy profunda, se mantienen enfermos y no tenemos muchos recursos para estar visitando al médico”, agrega Sandra.

 

Iguales condiciones afronta Juan José Giraldo, quien libra actualmente dos importantes batallas jurídicas: la primera, para que haga justicia en la muerte de su hija Carmen Julia; y la segunda, para que el fondo de pensiones para el que cotizó Carmen Julia por espacio de ocho años le entregué ese dinero para sacar adelante a los hijos de su hija.

 

“Ella era prácticamente la que nos mantenía y a mí me está quedando muy duro levantar a mis dos nietos”, señala Juan José, quien agrega con dolor que hoy día el número de nietos pudiera ser mayor: “Al momento de su muerte, Carmen tenía dos meses de embarazo”.

 

En su caso se repite casi que de manera idéntica el mismo patrón de todas las historias que escuchó el Relator Especial: Carmen y su compañero sentimental, Carlos Andrés, ambos vendedores informales del centro de Medellín, fueron seducidos por un extraño para laborar en una finca del municipio de Caracolí, Magdalena Medio antioqueño, del cual obtendrían una jugosa remuneración.

 

“Yo les decía a los dos que ese negocio estaba muy raro”, recuerda Juan José. El día 8 de agosto de 2007, la pareja salió de su casa en el barrio Alfonso López, noroccidente de Medellín, rumbo a su trágico destino.

 

Al ver que pasaban los días y su hija no se comunicaba, Juan José comenzó la búsqueda. Fotografía en mano se fue para la Terminal de Transporte Norte de la capital antioqueña. En las taquillas le informaron que la pareja había abordado un bus con destino al municipio de San Roque, en el Nordeste del departamento.

 

No lo pensó dos veces. Cuando llegó a esta localidad, lo primeo que hizo fue visitar las instalaciones de la Fiscalía. “Cuando el Fiscal vio las fotos me dijo: esos fueron los guerrilleros muertos que trajo el Ejército en estos días”, declara Juan José.

 

Su dolor no pudo ser mayor: “mi hija nunca fue guerrillera”. Juan José pudo traer el cuerpo de su hija a Medellín, el de Carlos Andrés aún reposa en el cementerio de San Roque.

 

¿Qué espera ahora Juan José? De seguro lo mismo que anhelan las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el país: justicia. Sólo cuando esta llegue, muchos sentirán que su corazón descansará y para otros, será la mejor forma de limpiar la dignidad de sus seres queridos, pues como fueron enfáticos la mayoría de asistentes: “nunca fueron guerrilleros”.

 

El Relator Especial abandonó el recinto con su cuaderno de notas lleno de apuntes y les recordó a los asistentes el objeto de su visita: “vengo a recopilar la mayor cantidad de información sobre este tema. Estaré elaborando un informe que luego presentaré al Gobierno colombiano”.

 

El próximo 18 de junio, Philip Alston realizará una rueda de prensa en Bogotá donde presentará las principales conclusiones de su visita al país.


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