En un ambiente caldeado tras la aprobación de
Allí, Alston consignará sus observaciones sobre la situación de las ejecuciones extrajudiciales en el país y de paso, formulará recomendaciones preliminares al Gobierno colombiano a fin de que cese esta práctica atroz al interior de las Fuerzas Militares.
En su recorrido por los departamentos de Meta, Santander y Antioquia, el Relator Especial sostuvo sendas reuniones in situ con las máximas autoridades departamentales y nacionales, con altos mandos militares, con organizaciones no gubernamentales y con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que le permitirá tener un panorama amplio y detallado de la problemática en la región.
Entre los aspectos que más enfatizaron los defensores de derechos humanos, las víctimas y los órganos de control en cada una de las regiones visitadas por el Relator Especial fue el alto grado de impunidad que pesan sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, a lo que se le suma la inoperancia de la justicia ordinaria para avanzar en las investigaciones.
“Nosotros le entregados varios casos donde no se observa ningún tipo de avance en las investigaciones. Si bien en su momento consideramos que fue un avance que los casos de violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de los militares sean investigados por la justicia ordinaria, hoy sentimos que no fue ganancia alguna porque los procesos no avanzan”, sostuvo Liliana Uribe, abogada de esta Corporación.
A este reclamo se suma lo ocurrido este martes 16 de junio en la plenaria de
Tal y como fue aprobado el articulado, el Estado queda exento de reparar a las víctimas de los llamados crímenes de Estado, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, y en caso tal, éstas sólo serán reparadas cuando medie una sentencia judicial; además, obrará el principio de solidaridad más de no responsabilidad; es decir, el Estado reparará por un acto solidaria más no porque sea responsable.
“Es un desconocimiento grave del derecho de las víctimas de agentes del Estado de acceder a una reparación, por lo menos en igualdad de condiciones a otras víctimas como son los de la guerrilla o los paramilitares (…) El problema es que en un sistema de impunidad tan fuerte como el que existe en el país, donde sólo en el 7% de casos de homicidios tiene alguna sentencia, estamos frente un 93% que quizás se van a quedar sin reparación y sin reconocimiento”, explicó Alberto Yepez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de
Balance negro
Y es que en materia de acceso a la justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, Philip Alston no se llevará el mejor concepto.
Por lo menos así lo sienten en Antioquia, departamento que lidera las estadísticas de casos documentados de personas asesinadas y, posteriormente, presentadas como “miembros de grupos al margen de la ley dados de baja en combates con
Si bien
“El problema es que las Fiscalías Seccionales no cuentan con los recursos para darle celeridad a las investigaciones”, explicó la jurista de
Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia señala que en este departamento se presentaron 220 casos de muertes violentas de civiles atribuibles a miembros de
Aunque las autoridades departamentales reconocen que falta mayor celeridad en los procesos judiciales, sienten que gracias a las medidas tomados por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de
“Él tiene que entender que este es un tema muy complejo y en todo caso, debe ser
Lo anterior es refutado por Uribe, quien advierte que
“Se sigue vulnerando el derecho a la vida y eso es algo en lo que le enfatizamos bastante al Relator. Ojalá haya tomado atenta nota de lo que le informamos”, sentenció la jurista.