Los sindicatos del sector público en Antioquia sufrieron con rigor el ataque del paramilitarismo en diversas regiones del departamento en complicidad con las administraciones municipales. Agremiaciones como el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios de Antioquia (Sintraofan) y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios y Entes Descentralizados de Colombia (Sintrasema), subdirectiva Amagá, fueron dos de los más atacados.
La tragedia vivida por estos sindicatos antioqueños entre los años 2000 y 2001 fue recordada este jueves durante un encuentro de Asociación de Abogados Laboralistas de Antioquia con una misión internacional de la organización no gubernamental Abogados sin Fronteras, de visita en Medellín esta semana adelantando reuniones con autoridades judiciales y civiles de la ciudad y el departamento.
Esta misión ha visitado Bogotá y Bucaramanga, y proyecta pasar por Quibdó y Pereira. Su objetivo es constatar la situación de los defensores de derechos humanos, sus condiciones de seguridad y de trabajo. Esta visita de Abogados sin Fronteras es apoyada por
En un documento presentado a esta misión por
El primer caso que recordaron involucra al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios de Antioquia (Sintraofan), organización que tuvo presencia en cerca de 100 municipios del departamento y que fue atacada de manera reiterada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que veía en ella a una supuesta alianza con las guerrillas de las Farc y el Eln. Los crímenes y las intimidaciones ocasionaron una reducción significativa del número de sus afiliados. Se estima que esta agremiación pasó en la última década de tener 52 sindicatos municipales y cerca de 1.500 trabajadores afiliados a 27 subdirectivas y 450 asociados.
Los representantes de Abogados sin Fronteras conocieron varias historias, entre ellas la ocurrida el 16 de diciembre de 2001, cuando fue asesinado Francisco Eladio Sierra Vásquez, presidente de Sintraofan, subdirectiva del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, en hechos ocurridos en el paraje Farallones, sobre la vía que conduce a la localidad de Ciudad Bolívar. Según testigos, la junta directiva del sindicato fue obligada a asistir a una reunión con hombres del bloque Suroeste de las Auc que operaban en esa subregión al mando de Jesús Aldides Durando, alias René.
En ese encuentro, cada uno de los directivos fue llamado por su nombre e indagados por su papel en el sindicato y sus responsabilidades laborales. Momentos después, Sierra Vásquez fue separado de sus compañeros y asesinado frente a sus compañeros. Su cuerpo recibió siete impactos de arma de fuego. Los sindicalistas que sobrevivieron fueron conminados a renunciar a sus cargos y a
Para esa época ya había sido disuelta, también por presiones de las Auc, la subdirectiva de Sintraofan del municipio de Ciudad Bolívar. Seis meses atrás, el 17 de julio de ese mismo año, fueron asesinados por paramilitares los sindicalistas de esa localidad Ramón Chaverra y Fidel Antonio Seguro.
Por estos hechos fue condenado alias René a 26 años y 8 meses de prisión, al encontrarlo responsable de la serie de asesinatos que llevó a Sintraofan al borde de la liquidación en el Suroeste antioqueño.
La situación tampoco era fácil para los asociados a Sintraofan en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Allí, el bloque Mineros de las Auc, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, ejerció presiones sobre los sindicalistas en los años 2000 y
La interacción de las Auc con funcionarios municipales para acosar a Sintraofan también se sintió en la población de Frontino, Occidente del departamento. En esa localidad, su junta directiva, sus afiliados y el abogado que los representaba recibieron presiones para que renunciaran al sindicato y retiraran varias demandas laborales instauradas contra el Municipio.
Las amenazas se concretaron en marzo del 2001, cuando varios sindicalistas fueron abordados por los paramilitares Javier Correa Alzate, alias Fredy, comandante de las Accu de la zona, y varios de sus lugartenientes, quienes les hicieron saber que tenían que retirar las demandas laborales; de lo contrario, serían asesinados. Las intimidaciones también fueron recibidas por Ángel María Sepúlveda, Marino de Jesús Usura Manco, Jesús María Echeverri Castro, Julio César Rodríguez Correa, Hernando de Jesús Durango Sepúlveda, Darío Álvarez Parra, Hernán Puerta Pineda, Juan Bautista Holguín Arenas, José Luis Taborda y Jesús Alberto Cartagena Durango, todos ellos sindicalistas de Sintraofan.
Durante los años 2000 y 2001, la administración municipal padecía una grave crisis económica que llevó a su reestructuración recortando la carga laboral, situación que dio origen a demandas judiciales que culminaron con órdenes de reintegro. Tal situación generó molestias que se intentaron solucionar a través de las presiones de los paramilitares, buscando que cesaran las demandas laborales, lo que en efecto ocurrió.
Por este caso, el entonces alcalde de la localidad, Gilberto Rodríguez Celis, fue procesado por constreñimiento ilegal y concierto para delinquir por
En otras subregiones del departamento también murieron asesinados varios sindicalistas de Sintraofan durante los años 2000 y 2001. En el municipio de Envigado, Valle del Aburrá, fue muerto Alexander Mauricio Marín Salazar; en la localidad de Vegachí, Nordeste antioqueño, perdió la vida José Gildardo Uribe García; en Segovia, mataron a Edgar Orlando Marulanda Ríos y a Rafael Ángel Mesa Aguilar; y en la población de El Santuario, Oriente del departamento, murió Jaime Ramírez.
El segundo caso expuesto por
Las amenazas fueron directas y se le hicieron conocer al Presidente de
Al día siguiente, los dirigentes sindicales citaron a una reunión extraordinaria a sus afiliados para narrar lo ocurrido y elaborar las respectivas renuncias, que debían ser firmadas por el alcalde Jorge William Muriel González, y
Oficializadas las renuncias, el mandatario local procedió a iniciar la aplicación de la ley 617 de 2000, por medio de la cual se ajustaban los gastos de funcionamiento, asimilando las renuncias a un acto voluntario de los trabajadores sindicalizados, quienes fueron despedidos al invocarse las facultades legales que le otorgaba esa normatividad a la autoridad municipal. Por estos hechos, Muriel González fue condenado a 36 meses de prisión por el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Antioquia por concierto para delinquir. Tras tomar esta decisión, el juez debió salir del país por amenazas de muerte.
De acuerdo con informes de