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Escepticismo en la comuna 6 por toque de queda a menores

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El toque de queda que comenzará a regir este viernes 21 de agosto se extenderá indefinidamente.
“Esto del toque de queda para los menores de edad es como un doble castigo para ellos. Por un lado, las bandas armadas los amenazan, no los dejan reunirse en los barrios, no los dejan ir tranquilos a los colegios. Por otro, llega el Estado, que debería protegerlos, y lo que hace es encerrarlos”.

 

La reflexión es de Giovani Villa, líder del barrio Doce de Octubre, quien aún no se convence de la eficacia que tendrá la medida adoptada por la Alcaldía de Medellín de restringir la presencia y circulación de menores de edad, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, tanto en las calles de este barrio como en Castilla, ambos de la comuna 6 de Medellín.

 

Proteger la vida de los jóvenes de esta comuna toda vez que este grupo poblacional es el que, en mayor número, está siendo asesinado y además, registra una alta participación en la comisión de homicidios, fueron los argumentos entregados por Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de la ciudad, para justificar la determinación. Pero estos parecen no calar entre los líderes barriales, comerciantes y organizaciones no gubernamentales de la zona.

 

Dicen los escépticos que uno de los posibles efectos de la medida es que los enfrentamientos y las muertes violentas se comentan en otros horarios y en otros barrios de la misma comuna. “De seguro afectará el índice de homicidios, pero la pregunta es si la medida cortará el flujo de muchachos hacia las bandas”, señaló Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad.

 

Hay voces más fuertes que afirman que la medida es improvisada y discriminatoria. “El aumento de muertes violentas se da en toda la ciudad y sólo se va a aplicar en la comuna 6. Eso es discriminatorio. Pero lo que deja en evidencia esta medida es que la Alcaldía no cuenta con una política criminal, o si no, ¿qué se va hacer para controlar el tráfico de armas, los expendios de droga?, por ejemplo”, expresó el abogado Rafael Rincón, miembro de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6.

 

Pero lo que más le duele a Giovani es que con la medida se le da la razón a los violentos. “Ellos con su violencia se apoderaron de las calles, de los espacios públicos, mandaron a la gente a dormir temprano. ¿No se supone que lo que debemos hacer es demostrarles lo contrario, que tenemos que tomarnos la noche y robarle espacios a la delincuencia?”.

 

Las consideraciones de Giovani van más allá y lanza una pregunta que, quizás, nadie se ha hecho hasta ahora: “¿Por qué tienen que pagar los pelados buenos por las cosas que están haciendo los malos?”.

 

Jóvenes: amenazados por doquier

Hoy por hoy, ser joven en la comuna 6 significa ser blanco de amenazas e intimidaciones que provienen de las bandas armadas que allí operan; ser objeto de maltratos y abusos ejercidos por la Fuerza Pública y de ser señalados y estigmatizados por la propia comunidad.

 

Por el sólo hecho de vivir en barrios como San Martín de Porres, Kennedy, Miramar, Doce de Octubre, Picacho, La Esperanza, entre otros, varios estudiantes han tenido que dejar de asistir a clases o pedir traslados para otras instituciones educativas, luego de recibir amenazas de las bandas armadas.

 

“Hay jóvenes que viven en Kennedy y tienen que ir a estudiar a Castilla o al Doce (de Octubre). Entonces, en su desplazamiento tienen que pasar por cuatro o cinco zonas de conflicto y las bandas comienzan a señalarlos como ‘carritos’ o ‘sapos’ o sólo por vivir en determinado barrio los van amenazando”, señaló Giovani.

 

Como ejemplo citó el caso de su propia hija, quien dejó de asistir a las reuniones de un grupo juvenil con sede en el Doce de Octubre, debido a las intimidaciones ejercidas por las bandas. “Cómo se congregaban jóvenes de todos los sectores, entonces los ‘pillos’ comenzaron a decirles a los de otros barrios: ‘hey, vos que haces por aquí’, ‘mucho cuidado que te tenemos pillado’. Así, ¿quién sale?”, agregó.

 

Lo paradójico es que las estructuras que tienen en jaque la seguridad ciudadana están conformadas, en su gran mayoría, por menores de edad. Uno de los casos más representativos lo constituye la banda “la machaca”, cuyo radio de acción se encuentra a lo largo de la carrera 80, entre las calles 94 y 97aa.

 

Su presencia ha sido histórica en este sector de la ciudad, pero muchos de los que lograron sobrevivir la violencia de finales de los años 90 y principios de 2000, hoy están muertos o, simplemente, ya no están.

 

“Hay un fuerte relevo generacional de los ‘machacos’. Son pelados desde los 14 años, que no le temen a la muerte y, como si fuera poco, hoy cuentan con el patrocinio de un gran capo como ‘Valenciano’. Esa es la diferencia con años atrás. Uno podía dialogar con los líderes de las bandas. Eran pelados del barrio, pero hoy, el patrón es alguien que no está. Ellos dicen que obedecen órdenes, que tienen que mostrar resultados y que, por eso, les pagan bien”, dijo Carlos Arcila, vocero de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6.

 

Como si fuera poco, las acciones de la Policía Nacional tampoco tienen muy contenta a la comunidad, pues manifiestan que se están cometiendo graves atropellos contra la población juvenil que, en muchos casos, nada tiene que ver con la confrontación armada.

 

Muestra de lo anterior es lo ocurrido el pasado sábado 15 de agosto, cuando agentes de la Policía retuvieron a eso de las 9:00 de la noche y sin explicación alguna, a seis menores de edad que departían en el sector conocido como María Auxiliadora, contiguo a La Maruchenga. Los jóvenes fueron conducidos a la cancha La Maracana, del barrio Castilla.

 

“El problema es que los pelados de este barrio (María Auxiliadora) están en guerra con los bananeros, que

La comuna 6, en el noroccidente de la ciudad, posee 13 barrios y es uno de los más densamente poblados.
son de Castilla. ¿Qué hizo la Policía? Simplemente los dejaron allá, expuestos. Y claro, llegaron los ‘bananeros’ y los amenazaron. No los mataron porque Dios es muy grande, pero les dijeron de todo”, narró una pobladora de María Auxiliadora, quien presenció los hechos y solicitó reserva del nombre.

 

“Yo que los conozco, puedo decir que son pelados sanos, juiciosos”, agregó. La preocupación ahora es para las familias de dos de los seis menores, pues debido a las amenazas recibidazas no se atreven a regresar a clases en la Institución Educativa Ricardo Rendón, ubicada precisamente en zona de influencia de la banda los bananeros.

 

Este no es el único caso que se ha presentado. La Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 ha conocido casos de adolescentes que son retenidos por la Policía en determinado barrio y luego conducidos y “abandonados a su suerte” en sectores de alta confrontación.

 

Medidas alternativas

La vida social en los barrios de la comuna 6 ya no es la misma de años atrás: los líderes ya no se reúnen para discutir los problemas de su comunidad; se acabaron las integraciones barriales y deportivas; los comerciantes que derivaban su sustento de la noche viven días amargos y la población juvenil (quizás la más afectada) desconfía hasta de su propia sombra.

 

Y si bien a muchas familias de la zona les genera cierto grado de tranquilidad saber que sus hijos tendrán que estar temprano en sus casas, también reconocen que si la medida de toque de queda no se acompaña de otras acciones de tipo educativo y formativo, no dejará de ser “un paño de agua tibia”.

 

“Se restringe la noche a los muchachos y, bueno, está bien. Pero, ¿qué les vamos a ofrecer entonces? Lo que necesita esta comuna es ganarle espacios a la muerte. ¿Porqué no hacemos tomas culturales, rumbas sanas para los muchachos acompañados por la Institucionalidad?”, apuntó Giovani Villa.


Su postura es compartida por el vocero de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, quien invitó a la Administración Municipal a desarrollar mayores actividades en la zona, principalmente dirigidas a la juventud. “Nosotros le hemos dicho a la Alcaldía que vengan constantemente y desarrollen actividades. Pero están haciendo todo lo contrario: envían más policías y obligan a todo mundo a entrarse temprano. ¿Así, a quién va perseguir la Fuerza Pública entonces?”, acotó Arcila.