Medidas para enfrentar violencia en Medellín: mediáticas y poco efectivas

Las recientes medidas de seguridad adoptadas por la Alcaldía de Medellín para enfrentar la racha de homicidios que azota a la ciudad tienen más un carácter mediático, que apuntan a generar una “sensación” de seguridad, pero que no atacan directamente las estructuras generadoras de violencia así como sus finanzas o sus redes de operación criminal.

 

Así lo afirmó el Comité Municipal de Derechos Humanos de Medellín durante la realización de la Asamblea Ciudadana: Militarización y Experiencias de Resistencia en la Ciudad, que tuvo lugar este miércoles 9 de septiembre en el auditorio de  la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, como parte de las actividades de la Octava Jornada por los Derechos Humanos y contra la Impunidad.

 

En medio de la nutrida presencia de pobladores de diversos barrios de la ciudad, organizaciones no gubernamentales y organismos de control presentaron un diagnóstico sobre la situación de violencia que padece la capital antioqueña, que si bien tiene como característica principal una lucha intestina entre bandas criminales por control de actividades ilegales principalmente de narcotráfico, está generando graves afectaciones a los derechos de los ciudadanos.

 

El análisis presentado por el Comité identificó por lo menos 166 grupos armados ilegales que operan en 15 de las 16 comunas. La mayor presencia de estos grupos se concentra en la comuna 6, con 25; le siguen la 4, con 22 organizaciones criminales, y la 5 con 16 grupos. En ellas estarían involucrados cerca de 5.000 hombres, en su mayoría jóvenes menores de edad, quienes vienen siendo vinculados y reclutados forzosamente en muchos sectores de la ciudad.

 

Pero lo que más inquieta a las organizaciones del Comité es que las determinaciones tomadas por las autoridades, principalmente por el Alcalde de Medellín, sólo están interviniendo delitos puntuales y no apuntan a desvertebrar a los grupos que están ejerciendo el control armado en los barrios ni está cortando los vínculos con las estructuras que los financian.

 

“La historia muestra que hay bandas que tienen hasta 20 años de existencia. Primero estuvieron al servicio de Pablo Escobar; luego, fueron punta de lanza del paramilitarismo; ahora están al servicio de nuevos capos, antiguos paramilitares que hoy tienen otros intereses. Lo que vemos es que estas medidas no están enfocadas a romper estos vínculos”, señaló la abogada Adriana Arboleda, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel).

 

Max Yuri Gil, investigador de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, expresó que más que “medidas de fuerza y de carácter coyuntural”, lo que necesita la ciudad son políticas de seguridad sostenibles en el tiempo que garanticen la tranquilidad y la convivencia  ciudadana.

 

“Lo que viene impulsando la Administración Municipal no se compadece con la situación de la ciudad. Estas medidas no responden a la necesidad de los ciudadanos, pues están destinadas a crear una ‘sensación’ de bienestar, pero no desmontan la estructuras mafiosas infiltradas en la legalidad ni ataca la corrupción de entidades públicas como la Policía, la Fiscalía, que a la postre facilitan el poder de las organizaciones criminales”, expresó Gil.

 

Al respecto, las organizaciones que integran el Comité Municipal de Derechos Humanos fueron enfáticas en cuestionar la decisión de incrementar el pie de fuerza en la ciudad para contrarrestar los efectos de la violencia. “Nosotros creemos que las medidas son ineficaces por dos motivos: primero, porque restringe derechos ciudadanos, y segundo, porque se parte de creer que la fuerza pública es neutral en este asunto cuando hay evidencias que en varios barrios, la Policía ha sido complaciente con estos grupos”, añadió Arboleda.

 

Dicha postura es compartida por Luis Mosquera, miembro de la Corporación Convivamos, quien manifestó que antes de incrementar el número de efectivos de la Policía, lo que se debe hacer es una depuración de la fuerza policial.

 

“Tenemos información de que la estación de Policía de San Blas sirve como centro de operaciones para que los ‘pillos’ se repartan las armas y para coordinar sus operativos contra sus enemigos. Por eso decimos que antes que incrementar los efectivos, se deben sancionar y retirar a algunos policías que están inmersos en actos de corrupción”, manifestó Mosquera.

 

El activista también criticó los toques de queda impuestos por la Alcaldía de Medellín y que cobijan la comuna 3, una de las zonas donde adelanta trabajo comunitario la Corporación Convivamos, y propuso alternativas: “Lo que hay que impulsar son estrategias para que la gente y los jóvenes se tomen la calle con actividades culturales, deportivas y demás y no restringirle sus derechos”.

 

Si bien todos los diagnósticos sobre lo que sucede hoy en Medellín apuntan a una guerra entre bandas en los barrios de la cuidad, promovida en varios de ellos por mandos medios de la llamada Oficina de Envigado, lo que también queda claro es que quienes están padeciendo todas las consecuencias de esta nueva confrontación son las comunidades.

 

Restricciones a la libre movilidad, desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas de reclutamiento forzado de menores de edad y vinculación de los mismos a las bandas armadas; limitaciones a los líderes comunitarios para ejercer su labor y una creciente sensación de miedo en muchos barrios figuran como las principales vulneraciones a los derechos humanos derivadas de este conflicto.

 

“Hay barrios donde el trabajo comunitario se ha visto limitado porque la gente siente temor de reunirse, de transitar por determinados barrios o, simplemente, hay miedo de que al salir de las casas queden en medio de una balacera. Eso está rompiendo el tejido social y está acabando con los espacios de participación que se habían construido en los últimos cinco años”, afirmó Elkin Pérez, miembro de la Junta Administradora Local de la comuna 1, presente en la Asamblea.

 

El incremento de la criminalidad en algunos sectores ha comenzado a generar estigmatizaciones contra las poblaciones residentes allí, en ocasiones, proferidas por la misma fuerza pública. “Hay agentes de Policía que creen que porque un joven o una persona vive en un barrio determinado, entonces es miembro de una banda. Eso se traduce en maltratos, torturas y abusos por parte de las autoridades militares”, declaró Max Yuri Gil.

 

 

Por último, el investigador recordó que a lo largo de las últimas décadas las administraciones de la ciudad no combatieron consistentemente todas las formas de criminalidad, cometiendo diversos errores en la formulación de políticas públicas en materia de seguridad. “Eso dio origen a dos cosas: a la idea de que los homicidios se reducen si se negocia con los ‘muchachos’, y la otra, a que ante la ausencia de Estado, la comunidad termina armándose para enfrentar a los violentos y ahí está la historia de las milicias y los paramilitares”, aseveró.