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Naciones Unidas constatará situación de defensores de DD.HH de Medellín

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En su visita a Medellín, la Relatora Especial se reunirá con ong, funcionarios del Gobierno local y representantes de Personería y Defensoría.
Margaret Sekaggya, relatora especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, llegará este viernes 11 de septiembre a la cuidad de Medellín con el fin de conocer, de primera mano, la situación de las personas e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en la capital antioqueña.

 

La visita hace parte de un intenso periplo que inició la Relatora Especial el pasado 7 de septiembre y que la llevará a otras regiones del país como Arauca, Barranquilla y Cali, en donde escuchará diversos testimonios de voceros de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno nacional. La gira culminará el próximo 18 del mismo mes.

 

En la capital antioqueña, la Alta Dignataria sostendrá en horas de la mañana un encuentro especial con representantes de organizaciones no gubernamentales de la ciudad mientras que en la tarde hará lo propio con funcionarios de los gobiernos local, regional y con delegados de los órganos de control como la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional de Antioquia.

 

Durante el encuentro, el movimiento social espera presentar casos puntuales que den cuenta de la compleja situación que existe en la región para el libre ejercicio de la defensa, promoción y reivindicación de los derechos humanos, derivada de las  presiones, intimidaciones y amenazas de los grupos armados ilegales así como de  los señalamientos y persecuciones del Estado colombiano.

 

Para tal fin, los defensores de derechos humanos presentarán los casos de Jairo Luis Álvarez Ruíz, personero del municipio de Segovia asesinado el 31 de octubre de 2008; y el de Judith Adriana Vergara, integrante de la Corporación para el Desarrollo Social y la Paz (Corpades), quien fuera asesinada el 23 de abril de 2007 al interior de un bus de servicio público cuando cubría la ruta San Javier- centro de Medellín.

 

En ambos casos, las investigaciones por parte de la justicia pocos avances han mostrado, la impunidad sobre los autores materiales, intelectuales y los móviles aún persiste, no obstante que los hechos conocidos hasta ahora comprometen a miembros desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).    

 

Para ejemplificar cómo desde el Estado se ha estigmatizado, señalado y perseguido a los defensores de derechos humanos se presentará la situación de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Además de narrar el asesinato de decenas de sus integrantes a manos de grupos paramilitares con apoyos de miembros del Ejército Nacional, sus voceros harán un recuento de la estrategia de criminalización que ha pesado contra ellos por supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc.

 

Asimismo, el movimiento social de Medellín expondrá la situación generada a raíz de la apertura de investigación preliminar por parte de la Fiscalía 74 destacada ante la IV Brigada del Ejército, con sede en esta ciudad, contra un número importante de organizaciones defensores de derechos humanos y partidos políticos alternativos.

 

Como se recordará, dicha investigación se sustentó en informes de inteligencia elaborados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), en la cual se vincula a varias de estas organizaciones con el Partido Comunista Clandestino (PC3) de las Farc.

 

También se ahondará en los episodios de robo de información de los que ha sido víctima la Corporación Convivamos en dos ocasiones este año, así como el intento de hurto a las religiosas de la Madre Laura, congregación que trabaja con víctimas de la violencia de la comuna 13.

 

La visita de la Relatora Especial se da en momentos en que las organizaciones sociales viven momentos de tensión a raíz del escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conocido como las “chuzadas”, hecho denunciado públicamente por medios de comunicación nacional y que han dejado en evidencia cómo desde este organismo de seguridad nacional se realizaban seguimientos ilegales a políticos de oposición, periodistas y activistas de derechos humanos.

 

La Relatora Especial continuará con su visita al país y el viernes 18 de septiembre presentará en la ciudad de Bogotá su informe preliminar sobre lo observado en el país.

 

 

La última visita a Colombia de un representante de Naciones Unidas para el tema de los defensores de derechos humanos fue en el año 2001 y, en esa ocasión, el Organismo lanzó varias recomendaciones al Gobierno nacional, entre ellas la de revisar seriamente las políticas y estrategias de guerra, por cuanto coadyuvan a la degeneración de la situación de derechos humanos y adoptar estrategias que permitieran superar la impunidad en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.