Bajo las consignas de “No más… Nunca Más”, “Otro Oriente es Posible” “Para que el dolor sea propuesta”, las victimas del Oriente marcharon por las principales calles de estas localidades exigiendo el reconocimiento de sus derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para que los hechos que tuvieron que vivir “nunca más” se vuelvan a repetir.
La jornada también se convirtió en un exhaustivo ejercicio de reconstrucción de memoria histórica de lo que pasó en el Oriente, gracias a los relatos de reconocidos líderes sociales y campesinos de la región. Si bien muchos de los hitos narrados y que marcaron el destino del territorio se caracterizan por llevar impregnados el dolor, la violencia y la ruptura del tejido social, las comunidades valoraron el ejercicio, pues como ellas mismas afirman: “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Y es que para comprender la violencia que vivió esta subregión décadas atrás, hay que comenzar por desempolvar los hechos que implicaron la construcción de los mega proyectos energéticos, quizás los más importantes del país hoy por hoy. De ello tienen buena memoria el presbítero Fernando Ocampo y el líder Carlos Ruiz, quien fuera presidente del Movimiento Cívico de Oriente.
“La región tiene tres grandes ríos: el Negro-Nare, al sur está el Samaná y al norte está el Nus. Los tres se juntan y forman un solo río al salir al Magdalena (…) de pronto este río se convirtió en el más importante de Colombia porque daba un potencial hidroeléctrico de una riqueza grandísima y diseñaron el proyecto con una serie de cuatro embalses. El grande era en la zona de El Peñol y Guatapé, cubriendo además territorios de Alejandría, Concepción, San Vicente y Marinilla, hasta hoy es el embalse más grande del país”, relató el padre Ocampo.
A su vez, Ruiz mencionó que “mientras se construía el proyecto hidroeléctrico las tarifas de energía eran más caras en el Oriente Antioqueño que en el Valle de Aburra. Esto fue el aliciente para el surgimiento de las protestas, se desarrollaron paros en Rionegro, Marinilla, Sonsón y San Carlos. Se presentó un pliego de peticiones que tenía en cuenta toda la región, y se inició el proceso de regionalización del movimiento cívico”.
“Los primeros proyectos fueron en 1922 –continúo el Presbítero- cuando unos italianos pidieron autorización al Estado para que les entregará la cuenca del rio Nare en una concesión. En esa época no nos interesaba el agua porque no entendíamos el valor que tenía. La propuesta implicaba inundar una tercera parte de Guatapé y todo El Peñol y la primera solución que presentaban era que no había necesidad de hacer un nuevo Peñol, bastaba con comprar las propiedades y que la gente se fuera”.
Tras la amenaza de desplazamiento que significó la construcción del nuevo embalse, vino la protesta ciudadana y el fortalecimiento del movimiento cívico. “Desde 1960 cuando se supo que todo quedaba inundado, que el agua subiría
“Mediante diálogos con Empresas Públicas de Medellín (EPM) se logró el acuerdo para construir una nueva cabecera. En 1962 un grupo de dirigentes y campesinos formaron el Sindicato de Agricultores que empezó a exigir, junto con el Concejo y autoridades, que se llegará a un convenio con EPM. En 1963 se publicó el primer plan regional de Oriente realizado por Incoplan y Codesarrollo en donde decían que no se justificaba hacer una nueva cabecera. El 12 de abril de 1969 se firmó el Contrato Maestro entre EPM y la comunidad de El Peñol. Desde 1662 se dieron varios movimientos, las movilizaciones de la población fueron permanentes, los movimientos se extendieron a Guatapé y San Rafael. En 1978 fue la inundación total del pueblo”, declaró el Padre.
Aunque las reivindicaciones campesinas dieron sus frutos, sobre el movimiento cívico cayó todo el peso de la persecución política. “Nos aplicaron el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay, los principales líderes del Oriente Antioqueño fueron asesinados, una represión exterminio el movimiento. Prácticamente desapareció el Comité. Hubo represión que desarticuló todo el movimiento hasta cuando aparecieron nuevas formas de organización, ¡eso fue un genocidio!”, señaló Carlos Ruiz.
Llega la violencia paramilitar
Pedro María Chica, gerente del II Laboratorio de Paz del Oriente y conocedor como ningún otro del conflicto armado que vivió la región, aportó al ejercicio de memoria explicando por qué una de las zonas más ricas del país se convirtió en un campo de guerra.
“Uno de los grandes argumentos para el ejerció de la violencia guerrillera fue el tema de la explotación de las comunidades por los poderes económicos y políticos de este país, principalmente con la generación de riqueza a partir del recurso hídrico, de la instalación de embalses, de la instalación de generadores de energía", manifestó Chica.
Y añadió: “La presencia del ELN y de las FARC se caracterizó con mucha fuerza entre el año 1983 y el año 2003 (…) entonces, este territorio decidió desde el poder político, desde el poder militar de la legalidad, pero sobre todo desde el poder económico, que debía financiar otro ejército que lo defendiera de la amenaza de la guerrilla y se estructuró el paramilitarismo en esta región”.
La arremetida paramilitar generó la mayor crisis humanitaria del país. Las masacres perpetradas, las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos forzados, los asesinatos selectivos no sólo dejaron una estela de dolor entre las víctimas, sino que destruyó el tejido social de las comunidades y amenazó a toda la institucionalidad política de la región.
Pero si la presencia de los actores armados dio paso a una cruenta guerra en la que la población campesina llevó la peor parte, con la llegada de las Fuerzas del Estado en desarrollo de la política de “Seguridad Democrática”, tampoco trajo la tan anhelada paz en estas localidades. De ello dio cuenta Chica, quien rememoró cómo en desarrollo de la política bandera del Gobierno se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales donde, de nuevo, el Oriente se convirtió en la zona del país más afectada con este flagelo.
El líder social no se limitó a enumerar las fechas, los momentos y los actores que escribieron a sangre y fuego los hechos más dolorosos del pasado reciente del Oriente antioqueño. También hizo un llamado a la comunidad para que exija verdad y justicia frente a los financiadores del paramilitarismo en la región y el apoyo que brindaron algunos miembros de
“Este territorio, en un ejercicio de la memoria, en algún momento se debe dar la ventaja de sentarse con los responsables financieros y políticos del paramilitarismo. Es una conversación pendiente que tiene el Oriente Antioqueño, porque la tragedia humanitaria que vivimos entre 1993 y 2003 no pudo ser peor”, sentenció Chica.
Al final de la jornada, Leidy Diana Valencia y Patricia Aristizábal conversaron sobre lo que han hecho las victimas en materia de memoria. Se refirieron al proceso de superación del dolor a través del movimiento de “Las Abrazadas”, siendo ésta la primera iniciativa de memoria que desencadenó varias iniciativas que se ha extendido por toda la región y que hoy cuenta con símbolos significativos como el “Salón del Nunca Más” en Granada y el “Proyecto Multimedia” de
A juicio de las expositoras, estos dos ejemplos muestran cómo las víctimas se han apropiado del proceso de restauración de su dignidad. “La memoria desde las víctimas ya se está logrando en los diferentes trabajos que se han emprendido en el territorio pero aun falta la memoria desde los victimarios, que será la que finalmente podrá dar respuestas al por qué sucedieron las cosas”, señalaron tanto Valencia como Aristizábal.
Y aunque los asistentes a la jornada de movilización sienten que se han dado pasos importantes en la recuperación del tejido social del territorio, hay quienes afirman que se debe avanzar en la consolidación de los movimientos sociales para que incidan realmente en la agenda política de la región y así, evitar que actores externos definan el rumbo del Oriente antioqueño, tal como la historia lo ha mostrado hasta hoy.
“La otra gran tragedia de este territorio y muchas regiones de este país es que la ciudadanía organizada no le quita la agenda social y política a los violentos. El Oriente Antioqueño ha levantado su dignidad en momentos difíciles, ha sostenido procesos de defensa de la ciudadanía, ha establecido protectorados humanitarios en los municipios, ha logrado acompañamiento institucional frente a esa violencia generalizada; Aquí hay experiencias y posibilidades que permiten cortar esos ciclos del conflicto armado para que la ciudadanía organizada le quite la agenda social y política a los actores armados, porque mientras eso no se haga el ciclo de violencia va a continuar y va a permanecer”, concluyó Chica.
(*) Información tomada de Inforiente
