Conflicto armado en Medellín tiene a los jóvenes entre la espada y la pared

A las ya escasas oportunidades que les ofrece el Estado, la población infantil y juvenil de varias comunas de Medellín sólo les están quedando dos caminos: o abandonar sus barrios para poner a salvos sus vidas o vincularse a las bandas de delincuencia organizada.

 

Así se desprende de los informes de la Personería de Medellín sobre desplazamiento forzado intraurbano, flagelo que  registra las más elevadas cifras de los últimos cinco años y que deja en evidencia cómo los más jóvenes de la cuidad continúan entre la “espada y la pared” por cuenta de las acciones de los violentos.

 

Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, la Personería recepcionó 325 declaraciones denunciando hechos de desplazamientos forzados, todos con ocurrencia en el presente año. La cifra ya superó el número de casos presentados durante todo el 2008, cuando la Entidad registró 207 declaraciones.

 

Las denuncias comprometen a cerca de 1.200 personas de las cuales el 55%, es decir 661, son menores de edad. Entre los motivos que dieron origen al destierro figuran las amenazas proferidas por las bandas delincuenciales y la presión de las mismas para vincular o reclutar forzosamente a jóvenes, principalmente aquellos menores de 14 años.

 

Al cruzar los datos de los barrios más expulsores con las denuncias documentadas por diversas organizaciones no gubernamentales sobre reclutamiento forzado de menores de edad, las coincidencias saltan a la vista. En los registros del organismo de control aparece la comuna 13, con 61 casos, como la zona de la ciudad donde más desplazamientos forzados se han presentado este año.

 

Coincidencialmente, organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, la Red Juvenil y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), venían denunciando desde mediados de 2008 cómo las organizaciones armadas ilegales amenazaban a las familias que se oponían a que sus hijos fueran reclutados o vinculados forzosamente forzado por estas estructuras, situación que daba pie a decenas de desplazamientos. 

 

Asimismo, testimonios recogidos recientemente por la Agencia de Prensa IPC dan cuenta de cómo en los barrios El Socorro, Antonio Nariño, Altos de la Virgen y Juan XXIII los menores de edad son objeto de un fuerte proceso de reclutamiento forzado desde mediados del mes de julio, por parte de las bandas “la agonía” y “los peñitas”.

 

Ambas bandas armadas ilegales vienen sosteniendo una cruenta disputa armada con bandas de los barrios Juan XXIII, la Divisa y Altos de la Divisa por el control del territorio así como de las actividades ilegales. Para hacerle frente a la confrontación, estas estructuras no sólo están recurriendo a los más variados métodos de financiación (que van desde la extorsión hasta la fabricación de medicamentos adulterados), sino que adelantan procesos de vinculación de menores de edad, a fin de contar con más “efectivos”.

 

Gracias a este último mecanismo, bandas como “la agonía” han logrado hacerse al control de un importante sector de la comuna 13. Según un habitante del barrio Altos de la Virgen, que prefirió omitir su nombre por motivos de seguridad, el pasado 11 de septiembre por lo menos 30 jóvenes pertenecientes a esta organización ingresaron repentinamente a este barrio, a eso de las 3 de la tarde, portando armas de corto y largo alcance.

 

Su objetivo era capturar o asesinar a los miembros de la banda de Juan XXIII asentados en este sector. “Llegaron de sorpresa y comenzaron a meterse a las casas, como si fuera un allanamiento. Pateaban las puertas, iban recorriendo cuadra por cuadra, preguntándoles a las madres por ellos”, narró el poblador.

 

A los integrantes de la banda no les quedó otro camino que irse del barrio. “Son por lo menos 20 pelados los que se tuvieron que ir. Los que se quedaron –continuó el residente- debieron ingresar a las filas de “la agonía”. Lo que preocupa a la comunidad es que, desde entonces, los controles sociales se han incrementado así como la presión de reclutamiento a los más jóvenes.

 

“A mi hijo hace poco lo abordaron en la calle. Le preguntaron la edad. Él respondió que tenía 12 años y ellos le contestaron: ya estás en la edad. A mí eso me atemoriza. Yo no lo dejo salir a calle. Si me pudiera ir, lo haría, pero no tengo a donde”, relató la fuente.

 

Según habitantes de esta zona consultados por la Agencia de Prensa IPC, por lo menos cinco familias han abandonado estos barrios ante el temor de que sus hijos resulten inmersos en las actividades de estas bandas.

 

Intervención estatal

Si bien la Alcaldía de Medellín ha lanzado una serie de programas institucionales a fin de “robarle jóvenes a la violencia”, en los barrios populares las opciones de vida para los jóvenes continúan siendo más que escasas. Incluso, en algunos sectores, el ofrecimiento de los grupos armados constituye la única opción.

 

Programas como “Jóvenes en Alto Riesgo”, “Jóvenes con Futuro” y el componente pedagógico de la estrategia “Medellín Más Segura Juntos sí Podemos” no han logrado prevenir que la población joven de la ciudad sea víctima de las diferentes expresiones de violencia en la ciudad.

 

Para Debbie Hernández, integrante de la Corporación Paz y Democracia, el problema radica en la falta de coordinación entre las distintas estrategias municipales. “Lo que hay es muchas alternativas de atención a través de distintas instancias, pero una propuesta coordinada, pensada y programada para prevenir que los niños y las niñas sean víctimas de reclutamiento, desplazamiento, del control social que ejercen los grupos armados en los barrios, no la tenemos”, indicó la activista.

 

A eso se suma, según Hernández, el desconocimiento que tienen las autoridades sobre unas de las principales problemáticas que aqueja a la cuidad actualmente: el reclutamiento y vinculación de menores de edad por parte de bandas delincuenciales; a su vez, uno de los mayores generadores de desplazamiento forzado intraurbano.

 

“Creemos que el reclutamiento forzado de menores de edad sólo se refiere a los niños soldados, pero no reconocemos que hay otras formas de violencia, que se expresan mucho en lo urbano, que implican otros usos de los niños y niñas, y que son formas de reclutamiento, pero que desafortunadamente no reconocemos”, añadió Hernández.

 

Por su parte, Ana Sofía Restrepo Saldarriaga, coordinadora del proyecto “Soñando Alto” de la Corporación Educativa Combos, que busca brindar apoyo emocional a los niños y adolescentes de la comuna 13, acotó que en esta zona en particular se conjugan una serie de complejos factores sociales que se convierten en caldo de cultivo para la violencia y que, desafortunadamente, la oferta institucional no logra desestructurar.

 

A modo de ejemplo la profesional citó cómo en sectores como Antonio Nariño, El Socorro, El Salado y Altos de la Virgen existe una oferta educativa amplia y una política institucional de cobertura total, pero el sistema educativo no logra contener a los menores de edad.

 

“Muchos de estos chicos arrastran ya una historia de desplazamiento. Sus padres debieron abandonar sus pueblos por la violencia y no les es fácil acomodarse a la ciudad y, desafortunadamente, el sistema educativo aún no sabe como tratar a un niño desplazado. Entonces, un estudiante que se siente discriminado, rechazado, no le coge gusto al estudio. Terminada desescolarizado”, apuntó Restrepo Saldarriaga.

 

Lo anterior, según lo conceptuó la integrante de Combos, origina los “círculos viciosos” de la violencia que han sido difíciles de erradicar. “Hay madres que por su condición económica y social, no logran vincular sus hijos a las escuelas. Son madres cabeza de familia que tienen que salir a trabajar. Dejan a sus hijos solos todo el día. ¿Qué puede pasar? Llega el armado con sus ofrecimientos y, como a muchos barrios no llega la oferta institucional y si la hay, no es suficientemente atractiva, termina ingresando a la ilegalidad y la violencia termina desplazando, presionando a más menores para que ingresen y así”.

 

Lo preocupante es que mientras no se avance en la solución del conflicto armado y social que vive el país, poco podrá hacer la Administración Municipal, por más buena voluntad que muestre.

 

“A la ciudad, a la comuna 13 en particular, continúan llegando desplazados huyendo de la violencia en el campo. Se asientan ‘a las bravas” a la ciudad y sus hijos quedan expuestos a otro tipo de violencia. Los amenazan con reclutarlos y hasta los desplazan de nuevo ¿Qué pueden hacer las políticas pública frente a eso?, creo que muy poco” recalcó Restrepo Saldarriaga.