Por amenazas, líderes comunitarios abandonaron barrio Nuevo Amanecer

Se trata de Jorge Murillo y de Janeth Martínez, quienes venían liderando desde hace cinco años las denuncias por las irregularidades que se presentaron durante la construcción de las casas de Nuevo Amanecer, lugar al que fueron trasladadas cerca de 300 familias, todas ellas damnificadas del incendio en el asentamiento de desplazados Mano de Dios, ocurrido el 6 de marzo de 2003.

“Las dos familias tomamos la decisión de irnos del barrio y la ciudad porque las amenazas contra nosotros se hicieron más contundentes”, le dijo Janeth a la Agencia de Prensa IPC días antes de su salida, quien estuvo acompañada durante esta entrevista por Jorge y algunos representantes de organizaciones no gubernamentales que estuvieron apoyando su trabajo comunitario.

Janeth, al igual que Jorge y otros líderes comunitarios de Nuevo Amanecer, figuran en una lista que tienen en su poder hombres armados que lidera alias Valenciano, quien actualmente se disputa el dominio del corregimiento Altavista con alias Sebastián.

“Nosotros constatamos que la lista es real, que existe, y que las órdenes de asesinarnos ya fueron dadas”, expresó Jorge, quien explicó las razones de las intimidaciones: “Creemos que nos han amenazado por las acciones jurídicas de grupo y popular que ha colocado la comunidad, y por la apertura de procesos penales a raíz de un informe de la Contraloría General de la República que constató la pérdida de recursos durante la construcción del barrio”.

Jorge alude a una auditoría que en el año 2007 adelantó este organismo de control tras conocer las denuncias que desde el 2005 venía haciendo la comunidad. Las labores de control arrojaron resultados bastante negativos para la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional, la firma constructora y varios integrantes de la junta de vivienda, responsables todos ellos del proyecto Nuevo Amanecer.

Según este líder comunitario, las labores de control arrojaron 144 hallazgos administrativos, de ellos se derivaron 45 procesos disciplinarios, 9 penales y 6 fiscales. Las presuntas irregularidades suman 4.337 millones de pesos, lo que sorprende, pues el proyecto tuvo un costo final de 9 mil millones.

“Cuando salieron esas conclusiones nadie dijo nada, todo se manejó bajo cuerda. La prensa al parecer no supo nada. La Contraloría Departamental fue la única que propuso una audiencia pública en la comunidad para dar a conocer los resultados, pero los funcionarios que impulsaban la idea fueron trasladados de sus cargos y no consiguieron apoyo de las contralorías municipal y nacional”, explicó Jorge.

Las intimidaciones surgen durante una coyuntura en la que confluyen los avances de las acciones jurídicas de grupo y popular, que buscan que las entidades demandadas, en esta ocasión el Municipio, el Departamento, la Nación y la firma constructora, reparen económicamente a la comunidad por los daños que ocasionó el incumplimiento de la obligación contractual de entregar viviendas dignas para los damnificados; la apertura de procesos a partir de los hallazgos de la Contraloría General de la República; y la disputa territorial que libran bandas armadas ilegales.

“Las acciones jurídicas tienen incómodas a mucha gente, no sólo a los que están implicados en la comunidad, sino a la gente del Municipio”, comentó Jorge y recuerda que el barrio aún no se ha entregado de manera oficial, por lo tanto para efectos de planeación aún no existe.

De hecho, el Juez 17 Administrativo del Circuito de Medellín visitó el barrio en agosto pasado en desarrollo de la inspección judicial contemplada en el proceso de Acción de Grupo y corroboró las denuncias que desde hace cinco años viene formulando la comunidad, en cabeza de Janeth y Jorge.

En su informe, el Juez señala que el barrio “el barrio se encuentra ubicado en frente de la montaña. Se puede apreciar humedad y cómo ésta se ha venido derrumbando, afectando las viviendas”.

El despacho observó además problemas de salubridad derivados del taponamiento constante de las alcantarillados, el derrame de aguas producto de tuberías rotas que no han sido reparadas por las Empresas Públicas de Medellín (EPM); el deterioro progresivo de los senderos peatonales y la falta de zonas de recreación y espacios para reuniones de la comunidad, estos últimos contemplados en el proyecto inicial.

De otro lado, el corregimiento Altavista, donde está ubicado el barrio, es considerado históricamente por los grupos armados ilegales que han operado en la ciudad como corredor estratégico que les da movilidad hacia el sur del valle de Aburrá a través del corregimiento de San Antonio de Prado y al norte por San Cristóbal.

La situación allí no es fácil para los pobladores y mucho menos para los líderes barriales, quienes se ven enfrentados a sendas presiones. Janeth tiene muy clara la situación: “Nos enfrentamos por lo menos a tres panoramas dramáticos: uno, que alias Valenciano tiene una lista, ya ordenó seguimientos y en cualquier momento cumple el objetivo; dos, que el territorio está en disputa con alias Sebastián; y tres, que si nosotros no definimos de qué lado estamos, igualmente nos convertimos en objetivo militar de unos y otros”.

Y a todo ello se suma que las autoridades municipales, tanto civiles como policiales, no fue efectiva en la protección de ambos líderes. “El Estado nos dio la espalda”, manifestó Jorge. “Los que amenazaron tienen un respaldo grande que no sabemos de dónde viene y la Alcaldía no hizo nada. Cinco años denunciando, colocando el pecho y no hubo protección eficaz”.

Al respecto, Janeth fue más drástica: “Quiero que quede constancia que los líderes de Nuevo Amanecer se tuvieron que ir porque ni el Gobierno ni las autoridades les brindaron protección. Los únicos que nos brindaron ayuda fueron la Corporación Jurídica Libertad, la Red Juvenil y la Corporación Cedecis”.

Para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, las amenazas y el desplazamiento forzado de los dos líderes de Nuevo Amanecer refleja el control paramilitar que aún persiste en algunos barrios de Medellín y coincide con la etapa de pruebas de las acciones popular y de grupo, así como con el inicio de las indagaciones preliminares de los procesos que se derivaron de la autoría adelantada por la Contraloría General de la República.

“Es increíble que en las últimas tres administraciones locales no hayan podido ofrecer soluciones concretas a estos líderes. Es inaceptable que se tengan que desplazar de manera forzada la gente que trabaja por las comunidades y se queden al mando los delincuentes”, sentenció Arboleda.