Déficit de Universidad de Antioquia llegará a 23 mil millones de pesos

A la Universidad de Antioquia no le cuadran las cuentas este año y las dificultades por la falta de recursos comenzarán a sentirse desde ya. Al finalizar 2009, el Alma Mater cerrará con un déficit presupuestal cercano a los 23 mil millones de pesos.

La cifra es preocupante si se tiene en cuenta que para 2010, la U. de A. requiere un presupuesto cercano a los 284 mil millones de pesos y el Gobierno nacional, a través del recién aprobado Presupuesto General de la Nación (PGN), sólo otorgará en definitiva luego del reajuste hecho por el Ministerio de Hacienda, un total de 214 mil 810 millones de pesos.

Lo anterior significa que al saldo rojo existente se sumarán otros 72 mil millones de pesos, situación que explica la anormalidad académica y administrativa que se vive por estos días en las diferentes sedes de la segunda universidad pública más grande del país. Todo apunta a que dicho ambiente se mantendrá así por varias semanas más.

Como no sucedía hace ya muchos años, docentes, estudiantes y trabajadores coinciden en sus posturas, reclamos y expresiones de protesta. De hecho, desde el movimiento estudiantil ya se habla de organizar un paro nacional con la participación de todos los estamentos de las 33 universidades públicas del país.

“En los próximos días habrá un encuentro, probablemente en Bogotá, que contará con la participación de delegados de todo el país, para debatir la propuesta de un paro nacional. Hay voluntad y decisión de articular un gran movimiento nacional por la defensa de la universidad pública, para exigir presupuestos dignos para nuestras universidades”, manifestó un líder estudiantil, que pidió no ser identificado. 

Y es que la pregunta que ronda hoy en los pasillos del claustro universitario es cómo se afectarán las actividades de docencia, investigación y extensión que adelanta la U. de A. por cuenta de la grave crisis de financiación en que se encuentran las universidades públicas.

Interrogantes que se han acrecentado luego de conocer las posturas de la ministra de Educación Cecilia María Vélez sobre los presupuestos universitarios y la intención de incrementarlos sólo si se otorgan por escala de indicadores de cumplimiento en cobertura y eficiencia,  condiciones que la comunidad universitaria considera como una amenaza a la llamada autonomía universitaria y el carácter público de la educación.

Problemas a resolver

Para suplir el faltante de este año, las directivas del Alma Mater estudian opciones que van desde el endeudamiento bancario, cubrir el déficit con los recaudos de estampilla municipal y departamental provenientes de la venta de licor y cigarrillo, hasta aumentar carga laboral de los docentes de planta para evitar la contratación de los profesores ocasionales y de cátedra.

“Se ha planteado también recortar recursos de biblioteca. Estamos hablando de cerca de seis mil millones de pesos que se destinan a la compra de nuevos títulos bibliográficos y actualización de ediciones que se irían a cubrir deuda. Todas estas medidas van en detrimento de la calidad de la educación”, sostuvo Jorge Aristizábal, secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la U. de A. (Asoproudea).

Pero si el presente es alarmante, el futuro es aún más incierto. De acuerdo con lo manifestado por Martiniano Jaimes, vicerrector general de la U. de A., el presupuesto otorgado por el Gobierno nacional “si acaso alcanzará para cancelar la nómina de los docentes”.

Para comprender la angustia del directivo, basta con citar el siguiente ejemplo. Por ley, las universidades deben contar con un número determinado de docentes con estudios en post-grados y doctorados. Actualmente, 211 profesores de la U. de A. se encuentran realizando este tipo de estudios en el exterior, cuya duración oscila entre los dos y tres años.

Esto implica que por cada docente en proceso de capacitación, que continúa recibiendo su sueldo mientras duran sus estudios, la Universidad debe contratar un reemplazo, lo que a su vez implica la cancelación de doble salario; es decir, cumplir sólo con esta disposición del Gobierno nacional le cuesta al Alma Mate cerca de 126 mil millones de pesos al año.  

Esto sin mencionar otros compromisos que las instituciones universitarias deben cumplir, como son la acreditación de programas, la cualificación de los grupos de investigación, la creación de nuevos estudios de post-grado, entre otras, que demandan grandes inversiones y para los cuales no habrá recursos el próximo año.

Este escenario, a juicio de Jorge Aristizábal, pone al Alma Mater a las puertas de la privatización, toda vez que se corre el riesgo de que los ingresos comiencen a depender del valor de las matrículas, como sucede actualmente en universidades como la de Pamplona (Norte de Santander), donde el 36% del total de recursos se derivan de este rubro, mientras que los dineros que otorga el Estado sólo constituyen el 26%.

“Para eso qué tuvieron que hacer: incrementar el valor de las matrículas. En la U. de A., ese rubro si acaso llega al 10%, pero si no llegan más recursos por parte del Estado creo que viviremos algo parecido. Desafortunadamente, eso es lo que quiere este Gobierno”, señaló el docente.

Si bien aún no se registran aumentos escandalosos en las tarifas, lo que sí preocupa a docentes y estudiantes es que la falta de recursos obligue a las directivas de la institución universitaria a intensificar las estrategias de autofinanciación que se vienen implementando desde hace por lo menos ocho años y que ha sido objeto de reconocimientos por parte de funcionarios del Alto Gobierno. 

Producto de las actividades de extensión, la venta de servicios, la adjudicación de contratos, la racionalización de la planta docente y administrativas, entre otras, la U. de A. ha logrado costear cerca del 65% de los gastos de funcionamiento.

En otras palabras, con recursos propios se han realizado obras como el cambio de redes eléctricas, de acueducto y de alcantarillado en la ciudadela universitaria; actualizado tecnológicamente todas las sedes; extendido la cobertura educativa; y construido nuevas edificaciones, como la nueva sede de la Facultad de Ingeniería y el edificio de extensión.

“Mantener una sede como ciudad universitaria nos demanda casi el 20% del presupuesto, pero el Gobierno nunca entrega dineros para inversión. Si no fuera por la venta de servicios y por los recursos provenientes del impuesto de estampilla municipal y departamental, hace rato la Universidad se hubiera caído”, aseveró el Vicerrector General de la Universidad.

La autogestión no es la salvación

Aunque este modelo le ha permitido al Alma Mater funcionar medianamente bien a pesar de las condiciones que impone el Gobierno nacional, hay quienes también señalan sus efectos en la precarización laboral y en el deterioro de la calidad educativa.

Mientras en 1993 los profesores de planta de la U. de A. llegaban a 1.183, los ocasionales no superaban los 100 y ser docente de cátedra era casi una herejía. A 2009, el número de los catedráticos vinculados es de 1.185 profesores; 549 son ocasionales y 4.200 de cátedra.

“El problema no es ese, sino que las condiciones laborales, especialmente en materia de salarios, no se compadecen con un profesional. Sueldos bajos y más horas de dedicación de las contempladas en el contrato”, añadió Aristizábal, quien agregó que debido a las bajas remuneraciones la Universidad está perdiendo importante capital humano, “pues los mejores profesores de la U. y quizás de la ciudad, se están yendo a otros sitios a trabajar”.

A esto se suma que hoy día este claustro universitario cuenta con 80 programas de pregrado y 184 de post-grados, lo que para muchos constituye una “mercantilización de la universidad pública y del conocimiento”, toda vez que los costos de los estudios especializados son considerados de alto valor en el mercado.

Frente a este panorama, la intención de directivas, docentes, estudiantes y trabajadores es continuar presionando al Gobierno nacional, hasta las últimas consecuencias, para que incremente por encima del IPC los presupuestos de las universidades públicas, sin mayores consideraciones ni condicionamientos que los que contempla la Constitución: garantizar el derecho a la educación, respetando la autonomía universitaria.

“La señora Ministra se ha declarado en contra de la autonomía universitaria y pone como condición para incrementar los presupuestos el que se otorguen mediante estándares de equidad. Pero eso tiene varios inconvenientes: se nivela por lo bajo al quitarle el presupuesto a la Nacional para dárselo a las regionales cuando debería haber recursos suficientes para todas; y segundo: hay universidades que no se pueden comparar y, en ese sentido, habrá unas que siempre van a necesitar más que otras. Los argumentos de la Ministra se caen por su propio peso”, sentenció el integrante de Asoproudea.