De acuerdo con la medición realizada por el Programa de
No obstante, la cifra global podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, sólo en la capital antioqueña se presentaron 2.178 homicidios. Tal desfase en las estadísticas obedece a los criterios empleados por ambas entidades a la hora de realizar los registros.
En declaraciones entregadas a diversos medios de comunicación, el director de Seguridad Ciudadana de
Más allá de la discusión metodológica, lo que muestra la realidad es un aumento en las acciones que atentan contra el derecho a la vida de los antioqueños. Tal es el caso de las masacres. Mientras en 2008 se presentaron cinco masacres que cobraron la vida de 23 personas, el Programa documentó 11 acciones de este tipo, que dejaron un saldo trágico de 47 víctimas.
Nuevamente Medellín encabeza la lista de municipios donde más casos se registraron con cuatro en total. Barbosa, Envigado, Ituango, Puerto Berrío, Sabaneta y Yalí fueron los municipios donde también se cometieron masacres.
Sin embargo, en las estadísticas del Programa no figuran los hechos acaecidos el 5 de abril en Cáceres, cuando hombres armados que vestían prendas de uso privativo del Ejército ingresaron hasta el corregimiento Manizales de esta localidad, dando muerte a cinco campesinos.
Tampoco fue registrada la acción perpetrada por tres sujetos armados con pistolas quienes dispararon indiscriminadamente contra un grupo de pobladores apostados en una vivienda del corregimiento El Doce, municipio de Tarazá. La acción, cometida el 2 de abril, cobró la vida de cuatro personas y dejó otras dos heridas.
También fue omitida la masacre cometida el 11 de octubre por un comando armado de aproximadamente 15 hombres, quienes ingresaron a la vereda Chonta, corregimiento Bijagual, municipio de Necoclí y, lista en mano, procedieron a sacar a cuatro labriegos de sus casas, quienes fueron hallados muertos en cercanías de la quebrada conocida como
Con estos hechos, documentados por organizaciones no gubernamentales como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), se elevan a 14 las masacres cometidas en 2009 en Antioquia así como el número de víctimas, al pasar de
La cruenta disputa por el control del negocio del narcotráfico que sostienen en varias subregiones del departamento las denominadas “bandas criminales” como “los rastrojos”, “los paisas”, “la banda de Urabá; así como alias Valenciano y Sebastián en la capital paisa, constituye el primer elemento explicativo del aumento de este fenómeno, que se creía cosa del pasado. De hecho, a excepción del caso de Puerto Berrío, en el total de casos la autoría fue atribuida a estos grupos.
Las minorías étnicas también se vieron afectadas con el incremento de los homicidios. En Andes, Apartadó, Caucasia, El Bagre, Necoclí y Tarazá se presentaron asesinatos de indígenas, para un total de 6, mientras que en 2008, el Programa Presidencia documentó 4 casos.
De otro lado, el Informe destaca una reducción sensible en los casos de desplazamiento forzado en el departamento. Según el Programa, en 2009 un total de 14.101 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, cifra que muestra una disminución con respecto a los 19.000 desplazados forzados registrados en 2008.
Otro de las conductas violatorias a los derechos humanos que registró una disminución importante fueron los secuestros, que pasaron de 49 en
Si bien las cifras del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ya comienzan a ser refutadas por organizaciones no gubernamentales de la ciudad, lo cierto es que ambas instancias comparten la preocupación por el aumento de la violencia en la región, pues lo que esconden las estadísticas es el temor de los ciudadanos al resurgir de una violencia agobiante que nadie quiere volver a repetir.
