Las consecuencias de dicho “estímulo” tienen hoy al Estado colombiano enfrentado a la opinión pública nacional e internacional por cuenta de esta grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero todo parece indicar que la lección no quedó aprendida.
Vincular, mediante estímulos económicos, a jóvenes escolarizados a los programas de informantes que maneja
Basta detenerse en las estadísticas: según
De ahí que la iniciativa sea regresiva en cuanto recrudece los procesos de estigmatización que viven los jóvenes de Medellín (o son pillos o son sapos); fortalece una lógica de amigo – enemigo con la que se regiría la vida cotidiana; debilitaría aún más el tejido social en la ciudad, ya bastante fracturado por la misma situación de inseguridad y en esa medida, afectaría aquellos procesos juveniles que propenden por alternativas de vida no violentas.
Y es que lo sucede actualmente en Medellín amerita la formulación de una política integral de seguridad ciudadana que trascienda el componente meramente militar que, como ha quedado demostrado, ha sido ineficaz a la hora de frenar la escalada de asesinatos, enfrentamientos armados, control armado, imposición de límites barriales, desplazamientos forzados, entre otras prácticas violatorias a los derechos humanos de las comunidades.
Una política que parta de diagnósticos acertados pues los que se han formulado hasta ahora han sido bastantes modestos. Medellín se enfrenta a disputas entre poderosas mafias cuyos tentáculos llegan a sectores de la legalidad que no han sido develados. En este escenario, el control por el micro-tráfico de estupefacientes que libran muchachos armados de fusiles en las empinadas laderas de la cuidad es sólo un eslabón de una larga cadena de actividades ilícitas que hoy están en juego.
Una política que vincule a todos los estamentos de la sociedad y que, además, recupera la confianza de la ciudadanía en las autoridades legítimamente constituidas. Claro está, para lograrlo se requiere de una Fuerza Pública sintonizada con los temores y necesidades de las comunidades y de una oferta estatal lo suficientemente atractiva, incluyente y sostenible pues aunque suene a viejo cliche, las condiciones de pobreza y exclusión que viven muchos barrios de Medellín han permitido la expansión de estas estructuras armadas gracias a sus falaces promesas de dinero y poder.
Por último, urge una política que tenga como eje la participación ciudadana y como horizonte el respeto por los derechos humanos. Los Estados democráticos se fortalecen cuando otorga garantías de respeto incluso para sus delincuentes. Lo contrario sería el reino de la arbitrariedad. Sólo así se logra la legitimidad de las autoridades ante sus ciudadanos, que a su vez incentiva la colaboración de la sociedad en la resolución de problemáticas tan complejas, como lo es ahora la violencia urbana.
(*) Tomado de Cambio.com
