En audiencia celebrada este 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.
Los dos ex combatientes del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por efectivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular un peligroso combo delincuencial al servicio de Eric Vargas, alias Sebastián.
Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de decenas de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.
Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales venían denunciando cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.
Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.
De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias volvió a exhibir sus dotes de mediador cuando, en representación de la banda delincuencial de La Sierra, suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias “El Rolo”, a fin de detener una férrea disputa armada que sostenían ambas estructuras armadas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.
Pero así como la noche encierra misterios que en el día no se ven, las acciones comunitarias de Tapias y Perdomo constituyeron la fachada perfecta para una serie de acciones delictivas que hoy, la justicia apenas comienza a develar.
Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.
Sobre esta trágica desaparición reposa una denuncia en Fiscalía en la que se sindica directamente a Tapias como responsable de la desaparición del dirigente barrial. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.
Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad.
“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese hijueputa no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.
“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.
Pero este no fue el único caso presentado. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.
Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción.
Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.
Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.
Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de lucro, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.
Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008. Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la EDU le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, contrató personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.
- Un alto porcentaje de los desmovilizados del B. Cacique Nutibara se asentaron en la comuna 8. Hoy, sus voceros más representativos se encuentran presos o muertos.
El hecho, que se ajusta a los procedimientos normales y legales de cualquier tipo de obra civil, hubiera pasado inadvertido de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.
En virtud de ello, el vigilante, escogido por Tapias, permitió el hurto de materiales de construcción, herramientas y dineros de nómina por valor cercano a los 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte de fue objeto el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.
En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos suscritos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada.
Caso similar ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo. La Cooperativa contrataba, bajo todos los parámetros legales, los servicios de vigilancia y aseo de algunas instituciones educativas oficiales de la comuna 8.
Curiosamente, en el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios fueron objeto de múltiples robos; en otras se comprobó la utilización de las sedes como caletas para armas y, en otras, las directivas académicas debieron soportar la presión de desmovilizados que ingresaban a los colegios a imponer su propio código de conducta. De nuevo, la acción de la Secretaría de Educación se limitó a modificar los términos de contratación para este tipo de servicios.
Acción tardía
Lo que hoy se preguntan los habitantes de la comuna 8 es si con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una férrea disputa armada entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.
También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.
Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.
Como se recordará, varios de los más representativos integrantes de este proceso se asentaron en esta comuna y hoy la realidad muestra que quien no está muerto, está preso. Sólo basta mencionar a Antonio López, alias Job y Jonh Jairo Hidalgo, asesinados en el 2008, y a Jonh William López, condenado a 23 años de prisión.
De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por ambos personajes, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que la perversa lógica de la criminalidad de “a rey muerto, rey puesto”, ya comenzó a funcionar en la comuna 8.
“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente
