Inicio Derechos Humanos Anuncio de tregua aún no convence a comunidades barriales de Medellín

Anuncio de tregua aún no convence a comunidades barriales de Medellín

-

Rastreos del Comité Municipal de DD.HH señalan que en la comuna 6 existen por los menos 27 bandas delincuenciales, siendo la zona con mayor presencia de estas estructuras.
“Este es sólo un pacto de no agresión y el que no lo respete, sabe a qué se atiene”, dice Jair*, integrante de una las bandas delincuenciales más numerosa y temida de la comuna 6, noroccidente de Medellín, quien ahora pasa sus tardes jugando parqués en una esquina del barrio Doce de Octubre.

 

Semanas atrás, este joven y el resto de los integrantes de su banda repelían desde ese mismo sitio los ataques de sus enemigos que, a decir verdad, no son pocos. Pero desde que se conoció el pacto de “cese al fuego” entre las facciones de alias “Valenciano” y alias “Sebastián”, sindicados de ser los patrocinadores de la violencia en la ciudad, disminuyeron ostensiblemente las confrontaciones, las balaceras, los muertos.

 

Pero pese a que la orden es “nada de vueltas, nada de broncas”, como él mismo dice, este joven aún siente lejos el día de poder vivir con tranquilidad. Moverse a libertad por calles que no sean las de su barrio todavía le acarrea problemas. Muchas de las heridas de un conflicto que en su comuna, la 6, dejó 210 homicidios en 2009 (la cifra más alta para una comuna de Medellín), todavía están abiertas.

 

“Ellos en los de ellos, nosotros en lo de nosotros. Si no se meten con nosotros, pues nosotros no nos metemos con ellos”, afirma Jair refiriéndose a sus enemigos y agrega “quien rompa la tregua, sabe a qué se atiene”. Sus palabras dejan entrever que una cosa es silenciar las armas y otra muy distinta pensar en reconciliaciones.

 

Y así como entre los “actores primarios” de este conflicto hay una incertidumbre sobre lo que deparará en el futuro esta nueva iniciativa de pactación entre ilegales, liderada por un grupo de ciudadanos notables de Medellín, entre la comunidad que padeció graves vulneraciones a sus derechos por cuenta de esta guerra, el temor es aún mayor.

 

“La gente sabe que esa tregua en cualquier momento se puede romper y, ahí sí, acaban con todo y no hay quién los detenga”, asevera Martín*, un reconocido líder barrial del Doce de Octubre, quien vivió en carne propia las consecuencias que generó el enfrentamiento entre estas estructuras armadas.

 

Para este líder comunitario, una persona acostumbrada a vivir en una zozobra permanente por cuenta de las intensas balaceras, el control territorial y los asesinatos diarios, ver a jóvenes como Jair dedicados a los juegos de mesa le genera algo de tranquilidad. “Para que le voy a decir mentiras: sí se ha sentido la tregua. Por lo menos los niños pueden salir a jugar a la calle hasta tarde en la noche. En este barrio la vida social se acababa a las 5:00 de la tarde”, agrega.

 

Si bien es consciente que los acuerdos entre ilegales no son una opción válida pues no traen nada bueno, suelta una sentencia que muchos de sus vecinos comparten: “Es que si no es así, ni Policía, ni el Ejército, ni la Alcaldía son capaces de parar esto. Son muchos, muchos pelados metidos en los combos, con armas que ni la Fuerza Pública tiene y manejando mucha plata. ¿Quién puede contra eso pues?”.

 

Interrogantes

Pero así como se respiran otros aires en la comuna 6 (y en buena parte de la ciudad) por cuenta de la llamada tregua, también surgen nuevas preocupaciones para los líderes barriales. Martín, por ejemplo, se pregunta qué va a pasar con los integrantes de las bandas, en su mayoría jóvenes que encontraron en la esquina la opción de vida que la legalidad no les pudo brindar.

 

Desde que se conoció el pacto de no agresión se redujeron ostensiblemente los homicidios en comunas como la 1, nororiente de Medellín.
“Muchos de esos pelados ya se me acercaron y me dijeron: usted que tiene influencias con la Alcaldía, ayúdenos pues a buscar trabajo o estudio. Pero la Alcaldía no se ve por acá”, sentencia Martín.

 

Según Carlos Arcila, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna Seis, en dicho sector hay bandas delincuenciales, como los “buchepájaros” por ejemplo, que no hacen parte del “cese al fuego”. Ahí la preocupación continúa siendo la población estudiantil y los límites barriales, que en algunos sectores continúan igual de férreos. “Todavía se siente el temor entre los estudiantes, sobre todo en los del Casd de Castilla y los de la Esperanza, porque precisamente tienen que transitar por los territorios de las bandas que no están en ese pacto”, asegura.

 

Otra de las cosas que inquieta a los líderes del sector es si se reducirá el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, que en barrios como el de Martín ha significado el centro de disputa entre las organizaciones delincuenciales. Según Arcila, la importancia que ha cobrado para las bandas el sector donde reside el líder comunitario es por su proximidad a la carrera 80, vía de entrada a barrios como Picacho y Doce de Octubre y que aglutina gran parte de la vida comercial de la zona noroccidental.

 

Muchos de los locales comerciales de la importante avenida, así como las rutas de buses que transitan por allí, son víctimas de cobro de vacunas atribuibles a la banda delincuencial a la que pertenece Jair, que según informes oficiales, se encuentra alineada a la línea de alias “Valenciano”.

 

Precisamente este aspecto ha sido uno de los más cuestionado por diversas organizaciones no gubernamentales de la ciudad. El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel), por ejemplo, señaló mediante comunidad público su preocupación frente a la iniciativa de la comisión de notables, encabezada por Jaime Jaramillo Panesso, tras considerar que repite el mismo error del proceso de desmovilización: poner a depender la garantía del derecho a la vida de la voluntad de los criminales sin que ello signifique un desmonte de sus estructuras criminales y mucho menos sus economías.

 

“Este no es un pacto novedoso, y los notables no han sido los únicos en emprenderlo. La fórmula de la negociación con organizaciones criminales ha sido aplicada en varios momentos históricos en el país y para distintos efectos. Medellín no es la excepción”, reza en sus apartes el comunicado de Codhesel.

 

El personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, también se ha pronunciado al respecto, diciendo que al actual periodo de calma podría ser aprovechado por las estructuras armadas para reorganizarse y fortalecerse. “Las modernas armas incautadas en días recientes por la Fuerza Pública pueden ser una señal en esa vía”.

 

Lo cierto es que las respuestas a estos interrogantes no las tiene Jair. Sus respuestas al respecto son evasivas y sólo se remite a decir que “lo único que queremos es vivir relajados, que la gente pueda salir, que los niños puedan jugar, que la comuna vuelva a ser un lugar tranquilo”.

 

Lo que nadie sabe, ni siquiera él, es si la continuidad de esta tranquilidad impuesta dependerá también de las ofertas institucionales que tanto reclama. “A la Policía le molesta ver pelados en las esquinas, pero si no hay nada más que hacer, ¿Qué hacemos pues?“ Que nos den oportunidades: trabajo o estudio, lo que sea. Que el Gobierno se manifieste”, repite enfáticamente Jair.