Por denunciar acciones irregulares cometidas por miembros del Ejército Nacional contra comunidades asentadas en el Oriente antioqueño, en algunos casos utilizando reinsertados de las Farc, cuatro líderes campesinos de esta subregión fueron amenazados de muerte y uno más ha decidido abandonar el territorio. Los hechos suceden en una zona considerada hasta ahora como proceso exitoso de retorno de población desplazada.
Así lo denunció
De acuerdo con
Según los labriegos, los ex guerrilleros fabrican minas antipersona con la aquiescencia de los uniformados y luego las ocultan en parajes boscosos junto con explosivos y armas. Extrañamente, las caletas son halladas semanas después por el Ejército Nacional y presentadas como “resultados positivos operacionales contra los grupos terroristas”.
“A los líderes los llamaron telefónicamente a decirles que si continuaban con su labor de denuncia los iban a asesinar. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y militares”, declaró Elkin Ramírez, vocero de
Curiosamente, el pasado 12 de febrero
Pero esta no es la única preocupación de
Lo paradójico es que las organizaciones de
A los señalamientos de ser colaboradores de la guerrilla lanzados constantemente por los efectivos de esta guarnición militar, se le suma los bloqueos alimentarios de que son objeto los campesinos, situación que además de constituir infracción al Derecho Internacional Humanitario pone en riesgo a la comunidad. “Hay un retén permanente a la entrada de las veredas y les revisan todos los mercados y no les permiten pasar cierta cantidad de alimentos porque, dicen los militares, es para llevarles a los guerrilleros”, añadió Ramírez.
Lo anterior contrasta con otro hecho denunciado por los propios labriegos según el cual, los controles por parte del Ejército son mínimos para algunos arrieros que, con el pretexto de transportar materiales para la explotación aurífera, estarían llevando insumos para la dotación de laboratorios de coca.
“¿Qué dicen los campesinos? Que mientras a ellos les retienen los mercados constantemente, a otras personas ni les dicen nada ni los requisan cuando pasan materiales que son muy extraños en la región; es decir, cosas como brea, grapas y un material viscoso que nadie ha podido identificar. Creemos que esos materiales se pueden estar destinando para el procesamiento de coca”, manifestó Libardo Aristizábal, integrante de
Región estratégica
En informes elaborados en 2008 por el entonces Observatorio de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño se alertaba sobre un aumento de los cultivos de hoja de coca en esta subregión del departamento, principalmente en los municipios de San Francisco, San Luis y Cocorná. En este último, los sembradíos se concentraban en el Cañón del Melcocho.
En ese momento instituciones defensoras de derechos humanos también alertaron sobre el repoblamiento que estaba experimentando esta zona con familias cocaleras provenientes del Bajo Cauca antioqueño. Hoy, la situación parece que poco ha cambiado.
De acuerdo con los reportes de
La situación causa gran preocupación no sólo por lo que implica la presencia de los sembrados de la hoja, sino por las rupturas que se están generando en el tejido social de las comunidades. “Ya hay división entre los líderes, pues se acusan mutuamente de permitir la presencia de los cultivos ilícitos”, señaló Chica.
Actualmente, en las cinco veredas que conforman el Cañón habitan unas 87 familias (unas 450 personas aproximadamente) de las cuales, más del 35% son personas que decidieron retornar a sus parcelas gracias a la mejoría del orden público en la zona.
En el pasado, el Cañón del Melcocho fue una importante retaguardia del Frente Bernardo López Arroyave del ELN y corredor de gran movilidad para los Frentes 9 y 47 de las Farc. A principios de la década de 2000, La zona comenzó a ser disputada por las Autodefensas del Magdalena Medio, al mando de Ramón Isaza, lo que generó un gran desplazamiento de campesinos.
“Pero desde principio de 2009 se estaba registrando una gran dinámica de retornos de población que había sido desplazada. En las veredas quedaron por lo menos unas 17 familias que nunca se fueron, y sólo el 15% son familias nuevas provenientes de otras regiones. Estamos hablando de que la mayoría son personas que habitaban la región y que estaban reconstruyendo tejido social”, señaló Chica, quien advirtió que con hechos como los mencionados, se pone en riesgo el proceso de consolidación social y económica del territorio.
Mediante el mecanismo de Acción Urgente,