“Ha faltado mayor reflexión sobre la tregua”: Francisco Galán

“A mí no me pueden decir que esté generando problemas mayores sólo porque estoy promoviendo la protección de vidas humanas. Es que aquí no hay un pacto entre la sociedad civil y la delincuencia o entre esta y el Estado. Aquí lo que hay es un pacto entre delincuentes y ellos son libres de hacerlo. Los ilegales son los individuos, no los pactos”.

Así, de manera enfática, responde Francisco Galán, director de Corporación Casa de Paz, los cuestionamientos formulados por sectores de la sociedad, especialmente desde organizaciones no gubernamentales, al pacto impulsado por la Comisión de Notables, de la cual hizo parte, y que permitió que facciones de la llamada Oficina de Envigado que libraban una guerra a muerte en las calles de Medellín suscribieran una tregua indefinida.

 

Si bien durante estos primeros 30 días de “cese al fuego” entre los bandos de alias Sebastián y alias Valenciano, a quienes las autoridades sindican de manejar más de 135 bandas delincuenciales de la capital antioqueña, han disminuido ostensiblemente los homicidios y los enfrentamientos armados en los barrios, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos aún mantienen sus reservas.

 

Además de catalogarla de riesgosa, toda vez que pone la garantía del derecho a la vida en manos de los ilegales, las preocupaciones de las organizaciones también giran en torno en el menoscabo que puede generar este tipo de iniciativas en la gobernabilidad local.

 

Ante estas inquietudes, Galán es claro al afirmar que la propuesta de los Notables no va en contravía de las políticas y acciones adelantadas por la Administración Municipal en materia de seguridad y convivencia. “Todo lo contrario: esto hay que verlo más como una acción complementaria (…) nuestra labor, como lo consagra la Constitución Política, es colaborar como ciudadanos a que disminuyan los índices de homicidios”.

 

Y aunque la Comisión como tal se disolvió luego que el Gobierno nacional decidiera no avalar o autorizar sus gestiones, sus integrantes han continuado trabajando, desde distintos frentes, en la búsqueda de soluciones de fondo a la problemática de seguridad y convivencia en la cuidad.

 

Al respecto, la Agencia de Prensa IPC dialogó con el director de la Corporación Casa de Paz sobre las gestiones que vienen adelantado los ciudadanos que integraron la Comisión con gobiernos municipales del Valle de Aburrá, el balance que hace de la tregua y las reacciones que sigue suscitando entre sectores oficiales.

 

Nuevas gestiones

 

Luego que el Alto Comisionado para la Paz los desautorizara, ¿Suspendieron sus gestiones o han realizado nuevos acercamientos con integrantes de estas estructuras mafiosas?

“No hemos vuelto a la Cárcel precisamente porque no tenemos autorización pero seguimos trabajando como ciudadanos, sobre todo muy articulados al Episcopado, pues la Iglesia Católica también es consciente que su misión pastoral es intervenir frente a los responsables de la violencia para que detengan su accionar y que para ello no necesita ninguna autorización. En eso estamos, en hacer lo posible por que la tregua se mantenga”.

 

¿Han cumplido su palabra de no agredirse las facciones que estaban enfrentadas?

“Nosotros hemos monitoreado la situación de homicidios en la ciudad y vemos que se mantiene a la baja y que sí se han disminuido los enfrentamientos en un 70%, casi un 80%”.

 

¿Pero se puede decir que la disminución de los homicidios es, efectivamente, producto de la tregua?

“Mire: nosotros nos hemos reunido con más de 30 párrocos de distintas comunas de la ciudad que nos han planteado cómo sostener esta tregua, como mantener este estado de ánimo menos violento. Esto quiere decir que hay gente comprometida en que esto siga porque ha funcionado. Seguramente, por fuera de este estado general de ánimo todavía hay conflictos sin resolver entre los integrantes de los combos: venganzas, cuentas por cobrar o se presenten otros fenómenos de violencia que nada tienen que ver con la confrontación entre bandas”.  

 

¿Cómo recibe las declaraciones del Alcalde de Medellín cuando dice que la tregua se debe a la acción de las autoridades?

“Pues el Alcalde tiene unas funciones específicas y los ciudadanos también tenemos unas responsabilidades específicas. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de ayudar a proteger la vida de nuestros congéneres. En ese sentido nosotros no queremos poner en cuestión las políticas de la Alcaldía. Digamos que nuestra labor ayuda a que vayamos generando ese clima de ‘no muerte’, porque todavía no podemos hablar de convivencia. Vendrán tareas que por parte del Estado apunten a la reconciliación, al perdón y la solución definitiva de este conflicto. Pero por lo pronto, nuestra labor, como lo consagra la Constitución Política, es colaborar como ciudadanos a que disminuyan los índices de homicidios”.

 

¿Y las declaraciones de los altos mandos de la Fuerza Pública?

“Pues yo he escuchado al Ministro de Defensa diciendo que no va a permitir tregua entre bandidos pero la única manera de evitar que dos bandidos hagan una tregua es capturándolos, pero esto no lo han hecho. Pero yo veo que hay falta de claridad sobre este proceso”.

 

¿Y de las organizaciones no gubernamentales?

“Creo que ha faltado mayor nivel de reflexión entre las ONG. Aquí no hay pacto entre ilegales y la sociedad o entre ilegales y el Estado. Hay un pacto entre ilegales, nada más. No se puede hilar tan delgado porque, entonces, pregunto si las ONG han reflexionado sobre el pacto suscrito entre las Farc y el ELN.

 

Usted dice que la tregua se ha mantenido hasta ahora y que ha funcionado; entonces, ¿Qué sigue: una apuesta por mantenerla, por extenderla, un desarme?

“Yo pienso que hay leyes que favorecen el sometimiento a la justicia por parte de los jefes de las bandas, como el principio de oportunidad, por ejemplo. Nosotros hemos venido adelantando estudios juiciosos sobre cómo funcionaría el principio de oportunidad para los integrantes de las bandas. De todas maneras, nosotros como sociedad también venimos adelantando conversaciones con la Iglesia, con la sociedad y también con gobiernos locales del área metropolitana.

 

¿Con cuáles?

“En las últimas semanas hemos sostenido unos encuentros con el Concejo en pleno de Sabaneta, con el Secretario de Gobierno Municipal de ese municipio lo mismo con del Caldas y ya programamos reunión con el Concejo de Envigado. Estamos pendientes de dialogar con los gobiernos de Bello e Itagüí.

 

¿La idea es extender el pacto a los municipios del área metropolitana?

“Nosotros siempre lo planteamos así, simplemente que nos concentramos más en Medellín por la magnitud de lo que estaba pasando, pero sabemos que este fenómeno de violencia afecta al área metropolitana en su conjunto”.

 

Quiere decir esto que en localidades como Bello, Caldas, Itagüí, existen bandas que no están articuladas a uno u otro bando y que no están en la tregua…

“El conflicto que vive Medellín y los conflictos que vive el área metropolitana no son derivados únicamente de la guerra entre bandas. Al calor de esta confrontación es mucha la gente que se está matando sin estar articulada ni a valenciano ni a Sebastián, simplemente por odios, venganzas, cobros. Además, el conflicto en estos municipios es un apéndice de otro gran conflicto. Cada municipio tiene su propia delincuencia y obedece a otras dinámicas delincuenciales”.

 

Pero si el Gobierno nacional desautorizó las gestiones de la Comisión, ¿Qué propuestas vienen desempeñando entonces con los gobiernos de esos municipios?

“Primero: cada municipio, cada comunidad, cada ciudadano en general, tiene absoluta libertad para analizar su propio conflicto y eso no requiere permiso de nadie y eso estamos haciendo: análisis y proponiendo alternativas creativas. Segundo: además de un cese de fuego entre jefes de bandas, estamos proponiéndole a las alcaldías que impulsemos una tregua ciudadana, porque, como le dije, son muchos los ciudadanos comunes y corrientes que se está matando sin estar articulados ni a un bando ni a otro. Tercero: Queremos que desde las alcaldías se aliente un trabajo para que las bandas que suscribieron tregua, pues la mantengan”.

 

Es decir, vincular al Estado…

“Mire: el hecho de mantener calmada la ciudad, con bajos niveles de homicidios, obliga a que la ciudadanía, el Estado y la misma delincuencia, se pregunten cómo vamos a salir de este problema. El que no haya confrontación desocupa a la gente de la violencia y la ocupa en cómo resolver el conflicto y ahí es donde tiene que estar presto el Estado a ofrece alternativas: bien sea por el lado de la Fiscalía, ya sea por la parte policiva, por parte del Ejecutivo, pero ahí el Estado debe afrontar unos conflictos que la sociedad está proponiendo cómo resolverlos”.

 

Sin embargo, las actuaciones tanto del Gobierno nacional como local dejan entrever cierta distancia con toda esta iniciativa…

 

"Nosotros hemos encontrado mucha benevolencia en la gente. Las comunidades están contentas porque disminuyeron los homicidios, por las razones que fueren, pero la gente está contenta de que la suma de acciones institucionales y de los ciudadanos hayan conducido a ello. No así por parte del Estado. Lo que creo es que el Estado ha querido mantener distancia y no ha querido reconocer la eficacia de este proceso, en parte para cuidarse de no resultar envuelto en acusaciones o escándalos con estos fenómenos del narcotráfico”.