Informe de UN deja mal parada a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Serias denuncias contra el accionar de integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra formuló el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar Volkman, durante la presentación del Informe Anual de Derechos Humanos que tuvo lugar este martes 13 de abril en la ciudad de Medellín.

 

Allí, Salazar Volkman expresó su preocupación por el alto número de casos que su Oficina ha documentado en el último año y que dan cuenta de tratos crueles, actos de connivencia, negligencia y hasta complicidad de integrantes de la Policía Metropolitana con miembros de grupos armados ilegales que delinquen en diversas comunas de la capital antioqueña.

 

Varias de estas denuncias aparecen reseñadas en el Informe, que ya despierta preocupación entre la opinión pública de la ciudad. Una de ellas es la desaparición forzada ocurrida el 26 de marzo de 2009, cuando a la altura del barrio Castilla, comuna 5 de la ciudad, fue retenido por varios agentes de la Policía un hombre que se movilizaba en una motocicleta y quien presuntamente presentaba problemas de documentación de su vehículo.

 

No obstante, el relato documentado asevera que: “No hay constancia de que hubiera sido trasladado a la estación de Policía y se presume que fue entregado a una banda delictiva”. Otro de los casos reseñados fue el ocurrido el 29 de mayo del año anterior en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, cuando tres mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron detenidas y posteriormente desaparecidas forzosamente por efectivos de la estación de Policía de esta localidad.

 

Como se recordará, el hecho causó gran conmoción entre la sociedad antioqueña luego que el propio director de la Institución, General Oscar Naranjo, señalara públicamente, semanas después de conocido el caso, que tres agentes y el propio comandante de la Estación, Mayor Luis Augusto Manrique Montilla, tenían directa responsabilidad en este crimen.

 

Poco después, las investigaciones judiciales revelarían algo aún más escabroso: los cuerpos de las jovencitas fueron desmembrados y arrojados al cauce de un río.  Por este caso, la justicia emitió el 10 de marzo del presente año fallo condenatorio de 28 años de cárcel contra el Mayor Manrique Montilla y aún se espera una decisión definitiva contra otros tres agentes de la Institución involucrados en este mismo proceso. 

 

“También hemos documentado denuncias en la comuna 13 donde hay indicios de que Policía colabora con una banda para combatir a otra, o de acciones negligentes de agentes de la Institución en las comunas 5, 6 y 7. Asimismo, hay denuncias de desapariciones en la comuna 1, donde un joven fue transportado en una patrulla y entregado a los miembros de una banda”, expresó Salazar Volkman.

 

Salazar también señaló que su Oficina posee un buen número de denuncias, en su mayoría soportadas con fotografías y dictámenes médicos emitidos por Medicina Legal, sobre torturas y tratos crueles a detenidos. Uno de los casos expuestos fue lo sucedido en el mes de noviembre del año anterior con dos jóvenes detenidos de manera arbitraria por agentes de la Estación de Policía Belén, quienes fueron objeto de golpes y maltratos verbales. Incluso, uno de los afectados señala que fue apuñalado con arma cortopunzante por uno de los uniformados.  

 

Para el Representante, lo anterior es de gran preocupación no sólo por la configuración de actos delictivos por parte de miembros de la Fuerza Pública sino además por los efectos que esto genera en la comunidad en materia de confianza y legitimidad hacia una institución como la Policía Nacional.

 

“Nosotros estamos muy preocupados no sólo porque estos son hechos criminales que hay que condenar en sí, sino porque destruyen la confianza de la población en la Fuerza Pública, pues para poder judicializar a los delincuentes se necesita de la colaboración de la gente para denunciar, y esto ha sido muy difícil porque la gente por miedo no dice nada y también porque temen que si dicen algo a la Policía o al Ejército, esa información termine en manos de estos grupos. Esto hay que romperlo, y eso comienza con la depuración de los integrantes corruptos al interior de las instituciones de las Fuerzas Militares”, agregó el Representante.

 

Las aseveraciones de Salazar Volkman se suman a las quejas recibidas en el seno de instancias como el Comité Municipal de Derechos Humanos y la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 a lo largo del último año. Esta última es quizás la que más ha alertado sobre las acciones irregulares de algunos uniformados.

 

Recientemente, la Agencia de Prensa IPC conoció una denuncia formulada por habitantes del barrio Doce de Octubre, noroccidente de Medellín, según la cual efectivos de la Policía Nacional escoltaron y protegieron a miembros de la banda La Machaca, que delinque en un amplio sector de la comuna 6, cuando estos se enfrentaron con los integrantes de la organización delincuencial El Chispero, en hechos ocurridos el pasado 25 de marzo a la altura de la calle 103 con carrera 82.

 

Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín, reconoció también que viene aumentando el número de quejas de las comunidades relacionadas con el accionar de algunos patrulleros de la Insitución, principalmente en las comunas.

 

“La Estación Candelaria históricamente ha registrado un elevado número de quejas y esto porque allí, en el centro de la cuidad, se concentran múltiples conflictos que hace que la gente denuncie constantes violaciones a los derechos humanos. Pero también hemos registrado un buen número de quejas de Estaciones que se encuentran ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad. La Estación San Blas (comuna 1) es una de ellas como también la Estación Laureles (comuna 12)”, declaró el Personero de la ciudad.