Violencia urbana continúa generando graves impactos en niñez de Medellín

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La presentación del informe coincide con la conmemoración del Día Internacional del Niño y la Recreación, que tiene lugar los 28 de abril de cada año.
Que los menores de edad sean hoy los principales protagonistas de la violencia urbana que azota a Medellín, bien por su condición de víctimas o bien por figurar en los registros judiciales como victimarios, no es una situación nueva. De hecho, ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de las últimas dos décadas de conflicto continuo en la capital antioqueña.

 

Así lo conceptúan las organizaciones no gubernamentales pertenecientes al Comité Metropolitano de Derechos Humanos, quienes este miércoles 28 de abril divulgarán un detallado informe sobre los impactos que ha tenido la guerra entre grupos armados que se vive en muchos barrios de la cuidad en la población infantil y juvenil.

 

La presentación se llevará a cabo desde las 9:00 de la mañana durante la sesión del Concejo de Medellín, que dedicará su plenaria del miércoles al análisis de las acciones realizadas por la Administración Municipal para garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos de la niñez. Adicional a ello, las organizaciones del Comité instalarán, a eso de las 8:00 de la mañana en el recinto de la Corporación, una Galería de la Memoria como homenaje a los niños que han sido víctimas del conflicto armado.

 

En sus apartes, el Informe señalará cómo por cuenta de las disputas territoriales y las confrontaciones armadas que tienen lugar en varias comunas de la cuidad los menores de edad son víctimas de violaciones a sus derechos, principalmente a la vida y la educación, y de infracciones al Derecho Internacional Humanitaria (DIH) por cuenta del fenómenos como el reclutamiento y la vinculación forzada.

 

De acuerdo con los datos del Comité, en el año 2009 se presentaron en Medellín un total de 120 homicidios de niños, para una frecuencia de un menor de edad asesinado cada tres días, promedio que no dista mucho del registrado en el año 2000, cuando un infante era acribillado cada cuatro días. Sin embargo, el 2010 muestra una tendencia preocupante, pues según cifras de Medicinal Legal, a marzo de este año ya se han registrado 47 homicidios en menores de edad, lo que da un promedio de un niño asesinado cada 1.7 días.

 

Lo anterior, según el Comité, demuestra el recrudecimiento de la violencia contra esta población y la falta de políticas públicas efectivas para garantizarles el disfrute de la vida. “Balas perdidas, enfrentamientos, muerte por sicariato, entre otras, aparecen como las formas más recurrentes de muerte de menores. La mayoría de los niños víctimas lo fueron en comunidades definidas como estratos 1, 2 y 3. Si algunos de estos niños eran miembros de grupos armados no justifica ni explica su muerte”, advierte el Informe en uno de sus apartes.

 

Otro de los temas que causa preocupación al interior del Comité y que será expuesto en el Cabildo municipal es el recurrente uso, reclutamiento y vinculación forzada de menores de edad por parte de las bandas de delincuencia organizada. Si bien la utilización del término ha generado diferencias conceptuales entre la Administración Municipal y las organizaciones que integran esta instancia, el documento revela casos puntuales que permiten pensar que con los jóvenes de Medellín se está cometiendo un crimen de guerra.

 

En el último año el Comité ha documentado más de 38 casos de amenazas, riesgo de vinculación o niños involucrados en grupos armados ilegales, sólo en la comuna 13. Precisamente el Informe hace referencia a una acción adelantada en 2008 por parte de la Procuraduría Departamental de Antioquia, funcionarios del Gobierno departamental y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) 12 niños residentes en esta comuna cuyas vidas estaban bajo seria amenaza debido a su negativa de integrar un grupo armado que delinquía en dicha zona.

 

El Informe también llama la atención sobre la disminución en las edades de vinculación. El Comité ha encontrado evidencias y testimonios que dan cuenta del uso y utilización de menores de edad desde los 8 años. “Las funciones de los niños, niñas y adolescentes también han sido documentadas: estas van desde ser informantes, cumplir labores de vigilancia, transportar y vender drogas, portar armas, participar en enfrentamientos u otros actos delictivos”, reseña el documento.

 

De igual forma, el Estudio documenta las diversas presiones que vienen afrontando las instituciones educativas, principalmente aquellas ubicadas en zonas de alta confrontación armada. Tráfico de armas y drogas al interior de algunos colegios, estrategias de control por parte de los grupos armados al interior de las instituciones y presión a las estudiantes para ser utilizadas en las redes de explotación sexual de la ciudad aparecen allí reseñadas.

 

Las organizaciones del Comité también analizan las acciones tomadas por parte del Gobierno local y visibiliza aquellas iniciativas de resistencia pacífica que han surgido en diversos espacios de la ciudad para defender los derechos de la infancia.

 

Para Iván Ramírez, integrante de la Corporación Paz y Democracia, integrante del Comité, con este Informe no sólo se busca poner en la agenda la situación de la niñez en la ciudad sino también avanzar en la comprensión del fenómeno que aqueja actualmente a la capital antioqueña, que tiene claras muestras de responder a dinámicas cíclicas.

 

“En lo que tenemos que ahondar es en la pregunta de por qué se repiten estos ciclos. Ya lo vivimos en los 90 con el narcotráfico, a principios de 2000 con el paramilitarismo y ahora con estas nuevas bandas y la cuestión es ¿qué está pasando? Las explicaciones de hoy atraviesan por las disputas por el microtráfico de drogas, pero creemos que eso no es una causa sino una consecuencia de algo más profundo que no se ha develado”, sostuvo Ramírez.

 

 

El Comité Metropolitano de Derechos Humanos es una instancia que articula las acciones en pro de la defensa de los derechos humanos que adelantan organizaciones no gubernamentales de Medellín y algunos municipios del área metropolitana y agencias del Ministerio Público como la Personería de Medellín.

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