Rentas de las “vacunas” ilegales: objeto de disputa en Medellín

De la misma manera que el Gobierno nacional realiza sus reformas tributarias, en donde analiza qué tipo de impuesto decretar y qué productos gravar, así actúan las bandas criminales en los barrios de Medellín con la llamada vacuna, especie de micro-extorsión dirigida a las comunidades en general.

Las bandas estudian el nivel de ingresos de los comerciantes, establecen cuotas de acuerdo a la actividad económica, determinan quiénes van a pagar, cuándo y a quién. A diferencia de lo que sucede con los impuestos del Gobierno, donde las sanciones por morosidad las determina la Ley, en las comunas de la capital antioqueña quien no paga pone en riesgo su vida.

Para el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), casos conocidos recientemente evidencian que este flagelo no sólo se ha extendido en la ciudad sino que las víctimas del mismo deben soportar el asedio de dos y hasta tres grupos armados quienes imponen “vacunas” cuyos montos están poniendo en jaque la economía de las comunidades. 

Aunque es difícil cuantificar el dinero que ganan las bandas criminales mediante esta forma de micro-extorsión, sí se sabe que es una renta importante y que hoy es objeto de fuertes disputa en por lo menos siete comunas de la ciudad. Controlar estos recursos significa contar con dinero fijo para consolidar el poder delictivo.

En los barrios Santa Inés y Las Nieves (comuna 3), por ejemplo, los integrantes de la banda criminal denominada El Desierto impusieron un sistema de extorsión del que no se salvan ni las mujeres que trabajan en servicio doméstico. En un radio de cuatro manzanas aproximadamente, cada vivienda debe cancelar 10 mil pesos semanales mientras que a las tiendas les exigen semanalmente una suma que va desde los 50 mil hasta 150 mil pesos, dependiendo del nivel de ventas del negocio.

“El que no pague se tiene que ir del barrio”, señalan denuncias recogidas por el Observatorio de Derechos Humanos del IPC. A esto se suma que las mujeres que laboran por día en casas de familia como empleadas de servicio doméstico deben aportarle obligatoriamente a la banda criminal cinco mil pesos por día trabajado. Los fines de semana todos deben adicionarle a la “vacuna” tradicional tres mil pesos más por concepto de vigilancia.

Situación histórica

El flagelo de las vacunas en Medellín no es nuevo. De hecho, históricamente se ha conocido que ciertos sectores económicos, como transportadores y comerciantes, paguen un “tributo” a un actores armados a cambio de garantías para poder ejercer sus labores comerciales.

Pero lo que pasa hoy en la ciudad, donde en un mismo sector hay dos y tres bandas, refleja el nivel de atomización que viven las organizaciones criminales. 

“Mientras estuvo alias don Berna, por ejemplo, hubo un manejo férreo, casi empresarial de esa vacuna: la gente le pagaba a un solo actor armado y muchas veces no lo sentían como una extorsión, porque además era una cifra irrisoria. Pero cuando llegan varios grupos a cobrar, la gente explota”, afirma Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Seguridad Humana, iniciativa de investigación cualitativa sobre el tema de seguridad en la cuidad.

Lo que viven contratistas de la Alcaldía de Medellín en la comuna 6 da cuenta de ello. En noviembre de 2009 la Administración Municipal le adjudicó al consorcio Ingesa Castilla S.A un contrato por valor de 2 mil 321 millones de pesos para la construcción del Jardín Infantil de Calidad Castilla, obra contemplada en el Proyecto Urbano Integral (PUI) de las comunas 5 y 6.

Los trabajos, que se adelantan en el barrio Castilla (comuna 5), iniciaron en firme en enero de este año, pero más tardaron en llegar los obreros que en aparecer las bandas criminales del sector exigiendo su “impuesto”. 

“A las pocas semanas de haber iniciado la obra llegaron los ‘mondongueros’ exigiéndole la ‘vacuna’ a los contratistas. Pero como ese sector donde se está construyendo el Jardín Infantil se lo están disputando varias bandas, aparecieron también los buchepájaros cobrando su propia ‘vacuna’. Ahora los responsables de la obra tienen que cancelarle a cada una de las bandas una cifra de dos millones de pesos”, relata Carlos Arcila, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 6, conocedor de la situación.

Lo anterior también se repite en el barrio Doce de Octubre, donde ya iniciaron las obras del Jardín Infantil de Calidad Picacho- Santander, también contemplado en el PUI, cuya inversión asciende a 3 mil 500 millones de pesos. “Al contratista ya lo abordaron los ‘Machacos’ y la banda de ‘La Oficina’ pidiendo cada uno gruesa suma para dejarlos trabajar”, agrega Arcila.

Para los líderes barriales de la comuna 6 la situación es bastante preocupante, pues aparte de las extorsiones que tienen que soportar los transportadores, los comerciantes y las familias de esta zona del noroccidente de la ciudad, se suma la intención de las bandas criminales de apoderarse, mediante la coerción y la violencia, de los recursos públicos destinados a la generación de desarrollo local.

“Esas obras hacen parte del PUI, que le van a cambiar la cara a nuestra comuna porque se van a intervenir espacios públicos, se van a construir colegios de calidad, nuevas vías de acceso y parques lineales. Pero si los violentos van a comenzar a ‘vacunar’ a los que construyen esas obras, que se hacen con dineros de todos, no sé a dónde vamos a llegar”, menciona un líder comunitario del barrio Doce de Octubre.

El transporte: el más afectado

Sin duda uno de los sectores más golpeados por este flagelo es el transporte público. Según las autoridades, las vacunas a los transportadores de Medellín representan unos 120 millones de pesos semanales, renta nada despreciable que explica el interés de las bandas criminales a hacerse a ella.

“El caso de los transportadores es bien particular. Ellos argumentan que anteriormente le cancelaban a un solo grupo armado, el cual disponía de jóvenes para realizar el aseo de los automotores. Ahora, aseguran que tres grupos armados distintos les están cobrando unas sumas que prácticamente los va a llevar a la quiebra”, declara Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín.

Lo anterior explicaría la decisión de cesar actividades por varias horas, incluso días, que han adoptado nueve empresas transportadoras de la ciudad a lo largo del año.

El más reciente paro fue el de la empresa Cootrabel, que cubre el sector de Belén, ocurrido la primera semana de junio, pero antes lo habían hecho Conducciones La América, Palenque-Robledal, Transportes La Maya S.A, Conducciones Castilla, Autocol y Transconor.

Dichas empresas cubren rutas de barrios como Castilla, Doce de Octubre, Francisco Antonio Zea (comuna 6); Belén (comuna 16), San Javier, El Socorro, La Gabriela, Juan XXIII y La Quiebra (comuna 13) Popular I y II, Andalucía, La Francia (comuna 2), corregimientos San Cristóbal y Altavista, Robledo, Las Margaritas y Villaflora (comuna 7), entre otros. Lo anterior da cuenta que el flagelo de las “vacunas” constituye un cáncer que ha hecho metástasis en la ciudad.      

Lo preocupante es que la disputa por las vacunas del sector transportador está pasando de “castaño a oscuro”. El lunes 7 de junio fue quemado un bus de la ruta 261, de Transportes Castilla S.A. La razón: la empresa se negó a cancelar extorsión a la banda de “La Oficina” que delinque en el barrio Doce de Octubre, porque ya es víctima de los cobros extorsivos de la banda “La Machaca”.

Componente cultural

Cuando se habla de este tipo de micro-extorsión, se debe hacer alusión al centro de Medellín. Desde finales de los años noventa se impuso entre los comerciantes del sector la práctica de pagar a grupos ilegales de vigilancia privada para que garantizaran la seguridad.

“Así, se instauró una forma de protección violenta. Los grupos ilegales creaban el riesgo robando y extorsionando a los comerciantes y luego aparecían ellos mismos ofreciendo la seguridad. ¿Cuál era el mensaje? Si quieren trabajar tranquilos, páguenos a nosotros”, explica Diana Barajas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC. 

La práctica se “institucionalizó” de tal manera que lo que pasa con los vendedores informales que laboran en el centro de Medellín ya no causa alarma.

“A todo aquel que venda algo en la calle, sea minutos de celular, sea ropa, sea frutas; esté ubicado en una caseta de las que dio la Alcaldía o una carreta, tiene que pedir permiso y pagar ocho mil pesos mensuales”, señaló un comerciante de un reconocido centro comercial del centro de la ciudad, quien añadió además que “en los locales ya no cobran, porque los centros comerciales contratan su propia vigilancia, por eso le cobran a los callejeros”.

Para las autoridades supone un gran reto enfrentar este flagelo, no sólo por la falta de denuncias al respecto, sino por la concepción cultural entre la sociedad que no se siente victimizada por tener que pagar cinco mil o 10 mil pesos semanales.

“La gente no siente como un delito tener que pagarle tres, cinco o diez mil pesos a un grupo armado, siempre y cuando, se sientan tranquilos”, señala Barajas, quien agrega además que la dinámica extorsiva de hoy presenta varias características novedosas.

“Primero: la gente tiene que pagarle a varios grupos y, segundo: siempre se supo que sectores que mueven sumas importantes de dinero, como los transportadores, los comerciantes del llamado ‘Hueco’ han pagado a grupos ilegales. Lo nuevo es que toda actividad económica, por pequeña que parezca, es víctima de esta sustracción ilegal”, conceptúa la investigadora.

De ahí que para la investigadora, como para Diego Sierra, del Observatorio de Seguridad Humana, las medidas para enfrentar este flagelo deben combinar tanto la parte represiva, perseguir y judicializar a los responsables, como la cultural, para que la sociedad entienda que pagarle tributo a los violentos no paga.