Medellín vive crisis humanitaria por cuenta de la violencia urbana

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La comuna 13, con 139 homicidios, seguido de la comuna 2, con 102, figuran como las zonas más violentas de Medellín.
La delicada situación de orden público que padece Medellín por cuenta del enfrentamiento de grupos criminales que se registran en la mayoría de sus comunas, tiene sumida a la capital antioqueña en una crisis humanitaria cuya dimensión aún no ha sido asimilada por las autoridades civiles e incluso, por la propia comunidad.

 

Así lo expresaron defensores de derechos humanos tras conocer el Informe presentado este miércoles 21 de julio por la Personería de Medellín y en el que se consignan las principales violaciones a los derechos humanos cometidos durante el primer semestre del año en la ciudad.

 

Allí se reseña con preocupación por parte de la Agencia del Ministerio Público un drástico aumento de los homicidios, al pasar de 887 en los primeros seis meses de 2009 a 1.057 en el mismo periodo de este año, siendo el derecho a la vida el más vulnerado en la ciudad. Flagelos como el desplazamiento forzado intraurbano también viene alcanzado niveles escandalosos, pues a junio 30 de 2010 la Personería de Medellín recepcionó un total de 615 declaraciones por este delito, que representan un total de 2.395 personas que fueron forzadas a salir de sus barrios.

 

Entre las causas motivo de desplazamiento figuran las amenazas directas, derivadas en su mayoría en la negativa de los padres de familia de permitir la vinculación forzada de sus hijos en los grupos criminales, lo que da cuenta de la vulnerabilidad en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes frente al accionar de estas estructuras en las comunas de la ciudad.

 

La escuela, territorio neutral por excelencia, tampoco se ha escapado de los efectos de la guerra sin cuartel que se libra en las comunas de Medellín. Según el Informe, por lo menos unos 757 estudiantes han abandonado el sistema escolar debido a los límites territoriales impuestos por los grupos armados en los barrios, las amenazas directas y los señalamientos de ser integrantes de alguna de las estructuras en disputa.

 

De igual forma, se han registrado tres asesinatos de estudiantes en hechos sucedidos en inmediaciones de los colegios y uno fue cometido al interior de la Institución Educativa. En cuanto a la situación de los docentes, el Documento de la Personería señala que 39 educadores han sido amenazados y uno más fue asesinado en lo que va corrido del año.

 

Comuna 13: caso especial

Si bien estos fenómenos se presentan de manera generalizada en los barrios de Medellín, la situación actual de la comuna 13 causa gran alarma entre las organizaciones defensoras de derechos humanos por cuanto esta zona de la ciudad lidera muchos de los indicadores de violaciones a los derechos humanos.

 

Las estadísticas señalan que de los 1.057 homicidios cometidos en el primer semestre, unos 139 ocurrieron en la comuna 13 constituyéndose, de largo, en la zona más violenta de la ciudad. Para tener una dimensión del problema, basta decir que esta comuna registra una tasa de 108 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra que pasa de preocupante a escandalosa.

 

La deserción escolar por causas de la confrontación armada también muestra niveles alarmantes. Sólo en los últimos dos meses unos 40 estudiantes han tenido que abandonar la escuela mientras que una cifra indeterminada asiste esporádicamente debido al temor que genera transitar por algunos barrios.

 

“En mi clase tengo estudiantes que dejan de asistir por semanas enteras, debido a los fuertes enfrentamientos que tiene lugar en el barrio. Constantemente recortamos los horarios de clase para no exponerlos a las balaceras”, declaró a la Agencia de Prensa IPC un docente de la Institución Educativa Eduardo Santos, que pidió reserva de su identidad.

 

Las cifras en materia de desplazamiento forzado intraurbano también evidencian un deterioro sustancial en el orden público de esta comuna. De acuerdo con el Informe de la Personería de Medellín, de las 615 declaraciones recibidas por la Agencia del Ministerio Público por este flagelo, 166 provinieron de este sector de la ciudad.

 

“La comuna 13 es el ejemplo más patético de cómo se está derrumbando la seguridad democrática en las ciudades. Lo que se vive en esta comuna todos los días, ya sea con el desplazamiento, con los enfrentamientos armados, con los asesinatos, con las amenazas no da lugar a dudas en plantear que allí se está viviendo una grave crisis humanitaria”, señaló Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín. 

 

Para la Personera Delegada, uno de los principales indicadores de que el conflicto armado ha llegado a niveles insostenibles fue precisamente la escasa participación de la comunidad en la Asamblea Ciudadana convocada por el Comité Metropolitano de Derechos Humanos y que buscaba debatir sobre las principales problemáticas que aquejan a la comuna.

 

El encuentro, realizado el miércoles 21 de julio en horas de la mañana en el Parque Biblioteca San Javier, no contó con la participación activa de los líderes de la zona, situación entendible dado las dificultades que vienen afrontando desde principios de este año. Según la Personería, un total de nueve líderes comunitarios de la comuna se encuentran amenazados, siendo la zona que más amenazas a dirigentes barriales registra en toda la ciudad.

 

“Anteriormente realizábamos asambleas ciudadanas y contábamos con la presencia de más de 100 líderes, gente de toda la comunidad y hoy vemos que no superamos las 30 personas. Eso es una muestra más de cómo la gente no quiere hablar, no se quiere hacer notar, de que la gente se siente intimidada por los grupos armados”, sostuvo la Personera Delegada.

 

¿Intervenciones efectivas?

“Si al miedo que tiene la gente se le suma la apatía generalizada entre la comunidad, el panorama no puede ser más desolador. La comunidad está cansada de la situación y, más que eso, cansada de denunciar y que las cosas no cambien: que la pobreza y la violencia sigan igual”, manifestó un líder barrial de la comuna 13 consultado por la Agencia de Prensa IPC y que prefirió omitir su nombre.

 

Y es que si hay algo que causa desconcierto entre organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en la comuna es cómo a pesar de las grandes inversiones sociales que viene realizando la Alcaldía de Medellín no se superan problemas estructurales como el desempleo, la inequidad y la pobreza.

 

“Cuando dialogamos con la Alcaldía (de Medellín) sobre los problemas de la comuna 13, ellos exponen una larga lista de inversiones y es verdad que hay inversión, pero, ¿Por qué la pobreza sigue siendo tal alta?”, expresó Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, organización que adelanta trabajo con comunidades en este sector de la ciudad.

 

A este interrogante, Arboleda le suma uno más preocupante: “Si esta es la comuna con mayor presencia de Fuerza Pública, ¿Por qué el elevado número de muertos? Una situación así sólo es posible si hay condiciones de connivencia o negligencia que lo permitan”.

 

Al respecto, la Agencia de Prensa IPC ha conocido quejas de la comunidad de barrios como La Quiebra relacionadas con la connivencia de miembros de la Fuerza Pública con una de las bandas del sector. Si bien señalamientos de este tipo no logran trascender al ámbito de la denuncia formal, sí causa preocupación que el Informe de la Personería de Medellín, en su apartado sobre la actuación de la Fuerza Pública, señale a la Estación de Policía de San Javier como una de las que maneja un volumen considerable de quejas.

 

“El territorio de la ciudad en donde más se presentan quejas contra la Policía Nacional es el centro de la ciudad (La Candelaria). Durante los primeros cinco meses del año la Personería recibió 18 quejas relacionadas con esta comuna (…) Sin embargo la Personería desea llamar su atención sobre otros territorios y lugares en donde se experimenta actualmente un volumen considerable de quejas, tal es el caso de la Comuna 13 San Javier, en donde se presentaron cinco (5) quejas, la Comuna 16 Belén con cuatro (4) quejas, y las comunas de Manrique, Aranjuez, Santo Domingo y Laureles – Estadio, en donde se presentan 14 del total de las quejas recibidas”, reseñó la Personería en su Informe.

 

Según versiones de pobladores de la comuna 13, la situación de desconfianza hacia los miembros de la Policía Nacional, especialmente, e incluso la falta de credibilidad que generan las intervenciones municipales, viene creando un sentimiento de desesperanza tal que se comienzan a ver situaciones de confinamiento de familias enteras que optan por no salir de sus viviendas por semanas enteras, pues sienten que es la mejor manera de proteger sus vidas. 

 

“Es muy difícil realizar un seguimiento a esta situación, pero son versiones que vienen circulando fuertemente entre la comunidad”, agregó Arboleda.

 

Explicaciones banales

Para la Personería de Medellín, así como para diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, las explicaciones oficiales en torno a lo que pasa en la ciudad y particularmente en la comuna 13, constituyen un motivo de preocupación por cuanto apuntan a minimizar la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo.

 

“Declaraciones de diferentes autoridades locales desestimando el poderío de estos grupos o minimizando el efecto de los homicidios porque presuntamente la mayoría de las víctimas caen por ¨ajustes de cuentas¨ o que una persona ¨de bien¨ en Medellín tiene pocas posibilidades de verse afectada por la violencia, son expresiones desafortunadas de un gobierno y un Estado democrático y responsable

directo del orden público y la seguridad en la ciudad”, según lo conceptuó la Personería en su informe.

 

Lo anterior va de la mano con la reiterada negativa que vienen realizando las entidades del Estado sobre el carácter de víctima que tienen los afectados del desplazamiento forzado intraubarno, para citar un caso, por cuanto los perpetradores de los hechos son catalogados como “delincuencia común” o miembros de estructuras propias de dinámicas de post-conflicto.

 

“La naturaleza de un grupo armado también está determinada por el tipo de armamento que usa. Los llamados ‘combos’ en Medellín tienen un gran poder de fuego. Usan fusiles y pistolas de última generación. En este caso no se puede hablar de simples delincuentes, estamos hablando de grupos armados que tiene una intencionalidad política clara: una nueva fase de paramilitarismo. Negar esta realidad es también desconocer la reparación a las nuevas víctimas, como viene sucediendo”, aseveró Adriana Arboleda.

 

Más allá de las interpretaciones al fenómeno que hacen tanto Administración Municipal como defensores de derechos humanos es evidente que la ciudad afronta un momento difícil por cuenta del resurgimiento de la violencia. La inversión social que han realizado las dos últimas alcaldías, que ha doblado en recursos la realizada por anteriores administraciones, parece estar surtiendo efectos contradictorios, pues mientras la ciudad se consolida como un centro importante de negocios, la pobreza y la violencia continúan campeando en los barrios.   

 

De ahí que funcionarios como la Personera Delegada para los Derechos Humanos se muestren desconcertados frente a lo que ocurre en la ciudad. “No puede ser casualidad que las zonas más pobres de Medellín sean las más afectadas por la violencia. Yo me pregunto: ¿Qué pasa entonces si aquí hay una alta inversión?”.

 

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