Ley de Justicia y Paz: cinco años de impunidad

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Tras cinco años de vigencia de la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, Colombia no ha logrado estándares mínimos de justicia frente los múltiples crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dejando la puerta abierta a dolorosos episodios de impunidad. Asimismo, la vedad sobre el fenómeno paramilitar en el país continúa siendo fragmentada y poco sustancial y con el correr de los días aumenta la incertidumbre sobre los procesos de reparación a las víctimas de las Auc.

 

Así lo aseveraron organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos de víctimas del paramilitarismo de Antioquia al término del foro “A cinco años de vigencia de la Ley 975…ni paz ni justicia para las víctimas”, que tuvo lugar este viernes 23 de julio en la ciudad de Medellín y que contó con una nutrida asistencia.

 

Para los asistentes, el balance tanto jurídico como político de este mecanismo de la justicia transicional diseñado para la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las Auc no es para nada alentador.

 

Las cifras hablan por sí solas. La condena proferida el pasado 29 de junio contra Uber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”; y Edgar Cobo Tellez, alias “Diego Vecino”, integrantes del bloque Héroes de los Montes de María, constituye hasta el momento la única sentencia en firme producida en el marco de la Ley 975. Como se recordará, los ex jefes paramilitares fueron hallados culpables por la masacre de Mampujan, (Bolívar), cometida en el año 2000 y donde fueron asesinados 13 campesinos y un número indeterminado debió desplazarse forzosamente.

 

El “saldo en rojo” para esta Ley no para aquí. Según cifras de la Alta Consejería para la Reincorporación a la Vida Civil, 3.861 ex combatientes de estos grupos se acogieron a esta Ley. De ellos, unos 2.872 correspondían a militantes rasos que se desmovilizaron colectivamente, unos 25 eran jefes de bloques y unos 964 se encontraban detenidos al momento de la desmovilización.

 

Sin embargo, sólo 2.161 ratificaron su postulación y de ellos, unos 670 se encuentran rindiendo versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz. Es decir que menos del 2% del total de ex combatientes de la Auc está siendo juzgado por la justicia transicional. Hasta el momento se han realizado 1.790 diligencias de versiones libres y unas 641 continúan en curso.

 

A esto se suma que cerca de 19 mil integrantes de las Auc fueron cobijados por el principio de oportunidad, sancionado a través de la Ley 1312 de 2009, que equivale a decir que más del 60% del total de desmovilizados, unos 31.700, según cifras oficiales, podrían ser amnistiados por sus crímenes siempre y cuando la Fiscalía General de la Nación, tal como lo estipula el principio de oportunidad, suspenda, interrumpa o renuncie a la investigación penal. 

 

Para Soraya Gutiérrez, abogada perteneciente al Colectivo de Abogados José Alvear, a lo largo de estos años también se ha observado otra serie de dificultades que van en detrimento del derecho de las víctimas de acceder a la justicia. Donde se observa con mayor nitidez dichos obstáculos es en la realización de las diligencias de versiones libres.

 

“En las versiones libres es muy común escuchar de parte de los postulados que sus víctimas eran integrantes de la guerrilla, pocas veces de población civil. Si a esto se le suma la dificultad que tienen las víctimas para acceder a las versiones y cuando lo hacen, tienen muy pocas posibilidades de confrontar, lo que se va configurando es un argumento justificatorio de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo”, agregó Gutiérrez.

 

Según la jurista, esto sucede por el desinterés que están mostrando los fiscales de Justicia y Paz y los Magistrados de Control de Garantías para confrontar o confirmar la veracidad de las afirmaciones de los postulados.

 

“Es cierto que hay un asunto de recursos y de falta de comprensión de la Ley por parte de los operadores judiciales. Pero también es cierto que es deber de los fiscales confrontar dichas versiones y eso no lo están haciendo. Así, estamos construyendo una verdad a partir de las versiones de los victimarios”, añadió la Jurista, quien señaló además que la falta de representación jurídica para las víctimas constituye otro obstáculo serio para la búsqueda de justicia.

 

“Si bien el Gobierno nacional le designó esa función a la Defensoría del Pueblo, observamos que una cuidad como Bogotá cuenta con 60 defensores para 6 mil víctimas; Barranquilla cuenta con 28 defensores para 12 mil víctimas. En el Cesar hay cuatro defensores para representar a víctimas de cuatro departamentos. ¿Cómo se puede afirmar que las víctimas cuentan con una representación efectiva?”, cuestionó la integrante del José Alvear.

 

Déficit en lo político  

Desde 2005 a la fecha han sido asesinados 820 desmovilizados y por los menos unos 3.000 han vuelto a reincidir.
En materia de verdad, una de las grandes apuestas del país con la Ley 975, las organizaciones también guardan reservas frente a los avances señalados por el Gobierno nacional. Para Jairo Ramírez, integrante del Movice, la extradición de 13 jefes paramilitares a los Estados Unidos, en mayo de 2008, constituyó el más duro  golpe a esa búsqueda. 

 

“Siete de los jefes extraditados estaban participando como testigos de la parapolítica en ese momento. Ahí se perdió una oportunidad histórica para conocer la verdad sobre la dimensión que tuvo el paramilitarismo. Si a eso se le suma que en estos cinco años han sido asesinados unos 820 desmovilizados, algunos de ellos al interior de las cárceles en extrañas circunstancias, podríamos afirmar que estamos ante un silenciamiento de la verdad”, expresó Ramírez.

 

No obstante, el Ejecutivo considera que gracias a las versiones libres se ha podido compulsar copias a la justicia ordinaria que involucran a 350 políticos (mandatarios regionales, congresistas, funcionarios públicos, entre otros), por lo menos 220 miembros de las Fuerzas Militares y cerca de 5.000 particulares, situación que permitirá esclarecer diversos crímenes.

 

De igual forma, el Gobierno nacional ha señalado que el reconocimiento de miles de acciones criminales por parte de los ex paramilitares ha derivado en más de 3.000 procesos de exhumación de fosas comunes de las cuales ya se han podido identificar 908 cuerpos, los mismos que han sido entregados a sus familiares.

 

Si bien hechos como este fueron valorados por los asistentes, para Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, los resultados continúan siendo escasos para la gravedad de crímenes como la desaparición forzada y, de hecho, advirtió que la Ley no está brindando las garantías de no repetición para delitos como éste.

 

“Las cifras más reciente que presenta la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas y Medicina Legal muestran que en los últimos tres años van 38.025 personas desaparecidas, de las cuales la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas dice que por lo menos 10 mil casos corresponden a desaparición forzada. Este crimen se agravó. Entonces, ¿Sirvió este instrumento para construir la paz?”, manifestó Uribe.

 

Frente a esto, la jurista no dudo en calificar como un fracaso político la Ley, toda vez que no ha cumplido con su cometido de conducir al país por el camino de la reconciliación y la paz. “Prueba de ello es que el paramilitarismo, como estrategia de control social y de intimidación a líderes sociales, continúa operando en diversas regiones del país. El Gobierno insiste en que se trata de grupos narcotraficantes, no contrainsurgentes, pero, ¿Acaso las Auc no se financiaron con el narcotráfico? Ahí no hay un comportamiento nuevo”, añadió.

 

Y así como el Gobierno nacional destaca que gracias a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se ha visibilizado a las víctimas del paramilitarismo en el país, toda vez que 281.661 personas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación, defensores de derechos humanos expresaron que, pese a ello, los afectados por el accionar paramilitar continúan siendo amenazados e intimidados, con el agravante de no contar con ningún tipo de protección por parte del Estado.

 

“En los últimos cinco años han sido asesinados 25 lideres, muchos de ellos vinculados a procesos de reclamación de tierras usurpadas por los paramilitares. Eso da cuenta de la desprotección en que se encuentran las víctimas”, dijo Soraya Gutiérrez.


Debido a todas estas afirmaciones, no fue extraño escuchar a lo largo del evento la idea que la Ley constituyó un mecanismo de impunidad, pues las víctimas aún no conocen la justicia, la verdad continúa siendo esquiva y, como expresó un participante al ser consultado sobre el particular, “de reparación mejor ni hablemos”.

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