La posible construcción de una central hidroeléctrica entre los municipios de San Francisco y San Luis, Oriente Antioqueño, ha generado un fuerte debate entre comunidades campesinas, administraciones municipales y promotores de este proyecto. La discusión ha dejado al descubierto que cuando se trata de desarrollo, no todas las partes se sienten recogidas bajo el mismo concepto.
Para Integral Ingenieros S.A, empresa que lidera la construcción de la mega-obra, se trata de una oportunidad invaluable para jalonar el desarrollo de la región. La posibilidad de inyectarle nuevos recursos a las maltrechas economías municipales por concepto de transferencias seduce a los mandatarios locales, en especial al de San Francisco, quien no encuentra objeción alguna a la iniciativa. Por su parte, los pobladores presagian serios impactos socioambientales que muy seguramente derivarán en nuevos desplazamientos del territorio.
Así las cosas, queda la pregunta de qué tan reales son las bondades de la central hidroeléctrica y qué tan fundamentadas son las preocupaciones de los labriegos.
El proyecto
Gracias a las condiciones geográficas, hídricas y pluviales que posee el Oriente Antioqueño, especialmente a la altura del cañón del río Samaná, diversos inversionistas nacionales y extranjeros han contemplado, desde hace por lo menos 20 años, la construcción de ambiciosos proyectos para la generación de energía eléctrica.
Uno de ellos es “Porvenir I”, cuyos estudios iniciales datan del año 1986 pero que, debido al conflicto armado que azotó a la región durante varios años, sólo hasta ahora vuelve a cobrar importancia. Técnicamente consiste en la construcción de una represa en zona limítrofe de los municipios San Luis y San Francisco, más concretamente en el sitio conocido como la “La Garrucha”, cruce de la Autopista Medellín-Bogotá y el río Samaná Norte.
Las obras incluirían el levantamiento de un muro de concreto de 200 metros de altura que permitiría represar las aguas del río. Igualmente se plantea la construcción de una casa de máquinas, que estaría ubicada en el mismo sector. La central hidroeléctrica demandaría una inversión cercana a los 800 millones de dólares y se estima que estaría en capacidad de generar unos 400 megavatios, tan sólo 160 megavatios menos de los que genera actualmente el Embalse del Peñol, también en el Oriente del departamento.
El represamiento del río impactaría 2.700 hectáreas de las cuales 1.500 se encuentran ubicadas en San Francisco y comprometen cerca de 35 veredas de esta localidad. “No significa que las veredas se van a inundar como en El Peñol. Esa zona está comprendida en un cañón y el agua sólo subiría hasta el nivel de la presa”, explica Manuel Antonio Correa, ingeniero adscrito a Integral S.A.
De acuerdo con Correa, este proyecto ofrece unas ventajas que no poseen otras iniciativas de generación eléctrica en el país. “Esta es la zona del país donde más llueve, lo que la hace propicia para este tipo de obras. Además, hay una capacidad ya instalada para transmisión de energía que reduciría muchos costos. Eso permitiría generar energía eléctrica más barata y con unos niveles de impacto muchísimo menores que en otras zonas donde hay centrales hidroeléctricas”, expresa el Ingeniero.
El profesional señala otras ventajas que traería el proyecto: “Como no se trata de una inundación, no se causarían afectaciones al uso del suelo. Y la represa podría ofrecer grandes alternativas turísticas, incluso mejores que las ofrece hoy Guatapé”.
Desde el 29 de septiembre de 2009 el proyecto “Porvenir I” cursa trámite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, requisito indispensable para dar inicio a las obras. “Una vez se apruebe la licencia se pasaría a buscar los inversionistas. Esto es una oportunidad invaluable: hay inversionistas extranjeros con ganas de llegar al país, pero si no se aprovechan, muy seguramente esos recursos llegarán a otros países”, sostiene Correa.
Inconformidad
Precisamente este último hecho es uno de los que más genera incertidumbre entre los campesinos de la región. Si bien el Ingeniero señala que son las comunidades quienes deben ejercer presión social para que los inversionistas dejen parte de las ganancias en el territorio, hay quienes expresan su preocupación pues señalan que no existen garantías legislativas para ello.
“Si fuera por la voluntad del pueblo, mejor que no se construya la central hidroeléctrica, pero en estos casos el campesino siempre tiene las de perder porque las leyes no nos favorecen”, dice Aníbal Atehortúa, presidente de Asocomunal San Francisco y residente en la vereda La Esperanza.
Adicional a ello, los campesinos sienten que el proyecto, además de generar un grave impacto social en la región, transformará negativamente la vocación agraria de las comunidades rurales, muchas de las cuales acaban de retornar a sus tierras después de años de exilio forzoso.
Al respecto, estadísticas oficiales señalan que debido al conflicto armado que azotó la región, cerca de 4.000 personas, el 42% del total de la población, abandonaron San Francisco entre los años 1999 y 2005, constituyéndose en una de las localidades del Oriente Antioqueño más afectada por este flagelo.
Veredas como La Lora, Buenos Aires, Boquerón, Porvenir, Farallones, entre otras, se convirtieron en parajes fantasmas por cuenta del conflicto armado. Ahora que la región respira vientos de tranquilidad, el municipio registra el fenómeno inverso: el retorno de cientos de campesinos que, cansados de pasar penurias en tierras ajenas, han decidido rehacer sus vidas en sus parcelas.
Estimativos de Acción Social señalan que en los últimos dos años han retornado a San Francisco cerca de 4.200 personas y que veredas como San Isidro, La Lora y Farallones ya registran un número importante de familias retornadas. Muchos de estos procesos han carecido de un adecuado acompañamiento por parte de los entes estatales y la propia Administración municipal, lo que ha recrudecido la situación de pobreza que vive la localidad.
Lo curioso es que varias de las zonas donde se está experimentando el auge del retorno se verán impactadas con la construcción de la central hidroeléctrica. “Entonces, se invita a los campesinos a que retornen al pueblo, a sus fincas, para que luego nos digan que las van a inundar y que nos tenemos que ir”, sostiene Atehortúa. Su reclamo recoge el sentir de cientos de labriegos que luego de regresar a sus parcelas a rehacer sus vidas sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado, consideran que tendrán que desplazarse nuevamente.
Lo preocupante es que, pese a los avances del Ejército Nacional en la labor de desminado humanitario, San Francisco aún cuenta con 35 hectáreas con presencia de estos mortales artefactos lo que, de entrada, restringe las posibilidades de reubicación en caso de que el proyecto sea aprobado.
“¿Y para dónde se van ir? Los campesinos de esta región, en su mayoría, no son propietarios de la tierra y quienes poseen predios, no superan las 10 hectáreas. Si les compran las tierras, digamos que a buen precio, no van a recibir más de 30 millones por ellas. ¿Qué hace un campesino con 30 millones? ¿Será que el casco urbano está en condiciones de albergar a quienes llegan y además, garantizarles trabajo, salud, educación?”, plantea Fernando Madrigal, abogado de la Asociación Campesina de Antioquia, organización que acompaña a comunidades afectadas por el desplazamiento forzado en el departamento.
A lo anterior se suma otra consideración: el 90% de las 37 mil hectáreas que posee San Francisco cuentan con medidas de protección colectiva, figura contenida en la Ley 387 de 1997 cuya finalidad no es otra que proteger el patrimonio de la población desplazada para que éste no fuera usurpado, ocupado o negociado en su ausencia.
La normativa también señala que mientras esta esté vigente, se congelan los cobros por concepto de impuesto predial o los remates por cuenta de cuenta de cobros jurídicos. En la medida que los retornos de población desplazada se vayan consolidando en el territorio, la protección colectiva de tierras podrá levantarse gradualmente. De ahí que la estabilización del territorio, promovida “a los cuatro vientos” por todos los mandatarios del Oriente así no se estén brindado las garantías necesarios para ello, coincida con la solicitud de explotación de recursos naturales de la región, ya despierta suspicacias entre algunos.
“Si buena parte de la zona rural del municipio está protegida, ¿cómo se realizarán los procesos de compra de predios? ¿Acaso los procesos de retorno, que no cumplen con los mínimos de dignidad, son una estrategia para promover el levantamiento de las medidas de protección y favorecer a los inversionistas?”, se pregunta el abogado Madrigal.
El tema de las regalías
Según el artículo 45 de la ley 99 de 1993, las empresas de energía hidroeléctrica con capacidad para generar más de 10 mil kilovatios deben transferir el 6% de las ventas brutas con la tarifa que señale la Comisión de Regulación Energética (Creg).
Dicho monto debe ser distribuido un 3% entre las corporaciones autónomas regionales con presencia en la zona, en este caso Cornare, y el otro 3% entre los municipios localizados en la cuenca hidrográfica así como aquellos que tengan territorio embalsado.
Lo anterior significa que, de aprobarse el proyecto y una vez entre en operación, San Francisco podría recibir, por concepto de transferencias, recursos cercanos a los 1.600 millones de pesos. “Para nosotros, que somos una localidad pobre, sería una oportunidad muy valiosa de generar mayor desarrollo”, sostiene el alcalde municipal, Carlos Mario Navas, quien agrega que el presupuesto anual de la localidad es del orden de los 3.500 millones de pesos, provenientes en su gran mayoría de las transferencias que hace la nación.
No obstante, la Ley también plantea que los dineros de las transferencias del sector energético deben ser invertidos en saneamiento básico y mejoramiento ambiental, mientras que las corporaciones autónomas regionales sólo pueden destinar estos recursos en la protección de las cuencas hidrográficas.
“Es un dinero destinado a cuidar el negocio”, sostiene Pedro María Chica, integrante de la Corporación Programa Desarrollo para la Paz, Prodepaz, quien advierte que, por lo menos en el caso del Oriente Antioqueño, las transferencias del sector energético no se han traducido en mejoramiento de calidad de vida para los campesinos.
“San Carlos es el municipio del país que más dinero ha recibido por transferencias: cerca de 56 mil millones de pesos por parte de Isagén y 134 millones provenientes de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Pero hay cifras que revelan que esa riqueza no sirvió para contener problemáticas como el desplazamiento, por ejemplo. San Carlos desocupó cerca del 60% de sus veredas en los años del conflicto armado”, asevera Chica.
A la inquietud por la utilidad de este recurso también se suma la preocupación por la transformación que tendrá el uso de la tierra en la región. Según Benito Guarín, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño, municipios como San Francisco, San Luis, Cocorná y Sonsón tienen una fuerte vocación agrícola, la misma que se vería afectada con la construcción de una central hidroeléctrica.
“En las exposiciones que nos han hecho sobre el proyecto no hemos escuchado planes para apoyar proyectos productivos para los campesinos que se verán afectados. Eso es un punto muy importante porque aquí, en medio de tanta riqueza natural, los pobladores viven en medio de una gran pobreza. Para que se haga una idea: en Granada y Cocorná el 80% de la población recibe ingresos inferiores a 200 mil pesos”, declara Guarín.
De ahí que personas como Aníbal Atehortua sientan que proyectos de esta naturaleza, más que desarrollo, lo que va a generar es mayor inequidad. “Vienen y hablan de cómo explotar nuestros recursos, pero no hemos escuchado al primero que diga cómo van a atender las necesidades de la comunidad, que son bastantes”.
