Víctimas del conflicto armado exigirán en Medellín acciones contra la impunidad

Denunciar la impunidad que persiste frente a los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en Colombia y evidenciar la falta de garantías que tienen hoy las víctimas del conflicto armado interno de acceder a sus derechos de verdad, justicia y reparación, constituyen los principales objetivos de la Audiencia Nacional de Víctimas que tendrá lugar este 20 de agosto en la ciudad de Medellín.

La Audiencia, que se llevará a cabo en el Hotel Nutibara de la capital antioqueña, congregará a más de 1.000 víctimas provenientes de diversas regiones del país, quienes elevarán su voz para exigirle al Estado colombiano que investigue, judicialice y sancione a los responsables de los cientos de crímenes de guerra, lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que han cometido los diferentes grupos armados ilegales y agentes estatales en los últimos años.

 

En el evento también se espera la presencia de importantes personalidades como Bruno Moro, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Colombia; Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), y el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Asimismo, estará presente el director nacional de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Luis González León; así como representantes del Ministerio Público y las Altas Cortes.

 

Seguimiento a la impunidad

A lo largo de la Audiencia se realizará un primer balance sobre el estado actual de por lo menos 39 casos representativos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por grupos paramilitares, guerrillas y miembros de las Fuerzas Militares, previamente documentados por diversas organizaciones no gubernamentales y que fueron presentados al Gobierno colombiano en el año 2007, en el marco de la Audiencia Pública Departamental que también tuvo lugar en la ciudad de Medellín.

 

Con ello se buscaba que el Gobierno nacional se responsabilizara de conducir las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Entre los casos presentados en aquella oportunidad figura el exterminio del Comité de Derechos Humanos de Segovia y Nordeste Antioqueño por parte de grupos paramilitares en connivencia con altos mandos del Ejército Nacional, situación que cobró la vida de reconocidos activistas y líderes campesinos de esta subregión de Antioquia a lo largo de la década del 90.

 

Igualmente se presentó el caso de las masacres perpetradas en las veredas Antazales, Tocunal, Galilea y Chamuscado del corregimiento La Balsita, municipio de Dabeiba, Occidente antioqueño.

 

Según el documento presentado ese día, entre el 24 y 27 de noviembre de 1997 un comando paramilitar perteneciente a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) inició un recorrido por los caseríos mencionados, dejando como saldo trágico el asesinato con sevicia de 16 personas, la desaparición forzada de por lo menos otras dos,  la quema de más de 30 viviendas, el robo de un centenar de cabezas de ganado y el desplazamiento forzado de más de mil campesinos de la región.

 

Los relatos de los sobrevivientes señalan que el comando paramilitar contó con la ayuda de miembros del Ejército, quienes facilitaron medios de transporte como helicópteros así como rutas de fácil escape. Entre los años 1996 y 1999 las Accu asesinaron y desaparecieron a cerca de 1.400 personas de este municipio del Occidente antioqueño.

 

También sobresale el asesinato del presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida)  Luis Felipe Vélez,  ocurrido a las 7:30 de la mañana del 25 de agosto de 1987, una fecha trágica en la historia del movimiento de derechos humanos de Medellín, pues ese mismo día, pero en horas de la tarde, fueron asesinados los miembros del Comité de Derechos Humanos de Antioquia Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda.  

 

Además del seguimiento que se hará a estos casos, en esta Audiencia se presentarán otros hechos violatorios a los derechos humanos como el despojo de tierras que tuvo lugar en las veredas Calle Larga, California, Nueva Unión y La Teca, municipio de Turbo, Urabá antioqueño, durante los años 1998 y 2004 por parte de los paramilitares comandados por Fredy Rendón, alias el alemán; y Ever Veloza, alias H.H.

 

Se presentará igualmente la persecución padecida por la organización no gubernamental Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, entre los años 1999 y 2000. Allí se menciona cómo el 28 de enero de 1999, cuatro activistas de la organización fueron secuestrados por hombres al servicio del ya desaparecido Carlos Castaño, otrora máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

A esto se suma que el 29 de agosto del mismo año, un artefacto explosivo destruyó parte de la sede en un hecho atribuido también a las Auc y, en el año 2000, otros cinco integrantes del IPC recibieron amenazas contra sus vidas tras ser sindicados por el propio Castaño de ser subversivos.

 

Impunidad: tema estructural

Casos como estos ajustan más de un década sin que los avances en materia de justicia sean realmente significativos. Poco se ha esclarecido sobre las motivaciones  que llevaron a cometer tan atroces crímenes. Los responsables, materiales e intelectuales, aún no han sido castigados conforme a la Ley, en especial los miembros de las Fuerzas Militares que estuvieron implicados en los hechos.

 

Para los sobrevivientes de estos hechos, lo anterior obedece al carácter estructural que tiene la impunidad en Colombia debido al incumplimiento sistemático del Estado para cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

 

“Nosotros hemos identificado plenamente todos y cada uno de los mecanismos de impunidad que han rodeado a estos casos y eso es lo que vamos a exponer en la Audiencia”, señala Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia.

 

De acuerdo con Quintero, aspectos como la manipulación de pruebas y testimonios, la desidia de los operadores judiciales para dar trámite a las denuncias; las amenazas a testigos; la estigmatización y señalamiento a las víctimas así como las dificultades para acceder al sistema judicial han marcado una constante a lo largo de los procesos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

 

“Por eso todas las víctimas que vamos a estar presentes en las Audiencia vamos a exigir que se hagan efectivas todas las indagaciones judiciales y se sancionen a los responsables de estos hechos. Que salgan a la luz pública las personas que financiaron y encubrieron a los victimarios”, recalca.

 

La ocasión también servirá para hacer visible la situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes después de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares y tras cinco años de vigencia en el país de la Ley de Justicia y Paz, siguen sin conocer la verdad de los crímenes que padecieron, sin acceder a la justicia y esperando a que el Estado las repare dignamente.

 

“Nadie nos escucha, los procesos no avanzan, no hay garantías de no repetición, no hay garantías de derecho. En resumen, la situación de las víctimas es lamentable por donde se mire”, sostiene la vocera de la Mesa Departamental.

 

Esta Audiencia se suma a la ya realizada en Medellín en diciembre de 2007; al Encuentro Nacional de Víctimas que tuvo lugar ese mismo año en la ciudad de Bogotá; a la Audiencia Defensorial de Tierras realizada en mayo de 2009 en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño y a las diferentes audiencias congresionales y territoriales que precedieron la discusión y posterior hundimiento en el Congreso del Estatuto de las Víctimas en el 2009.

 

La Audiencia es organizada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación Región; Fundación Forjando Futuros, Conciudadanía; Corporación Nuevo Arco Iris, Escuela Nacional Sindical (ENS); Personería de Medellín, Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA), programa Promoción de la Convivencia y Viva la Ciudadanía.