El Encuentro, que iniciará a las 8:30 de la mañana, busca evidenciar los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado así como la falta de garantías que tienen hoy las víctimas para acceder a sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos.
Para ello, las organizaciones convocantes a
Según el documento, quienes padecieron en carne propia el accionar de estos grupos no han contando con las mismas garantías que los postulados, situación que se evidencia en las dificultades para acceder a las versiones libres y la participación en los procesos judiciales sin que medie nuevos riesgos para ellos.
Ejemplo de lo anterior es que en los últimos tres años 43 campesinos víctimas de desplazamiento y de despojo de tierras que venían realizando reclamaciones ante la justicia fueron asesinados. Los crímenes no se han esclarecido y aparte de ello ha aumentado el temor a reclamar y denunciar entre los afectados por este flagelo, considerado como uno de los principales retos que tendrá el país en los próximos años
A ello se suma que las confesiones de los postulados frente a innumerables crímenes relacionados con la violencia sexual, el reclutamiento forzado de menores de edad y la desaparición forzada no se compadecen con la magnitud que registró la comisión de estos delitos.
De igual manera, el informe llamará la atención sobre cómo determinadas decisiones del Gobierno nacional, como la extradición de 13 ex jefes paramilitares a los Estados Unidos, la falta de reconocimiento de las víctimas de crímenes de Estado y los continuos roces entre el Ejecutivo y la rama judicial han acrecentado el carácter estructural que presenta la impunidad en Colombia.
Para ratificar lo anterior, voceros de las víctimas de diversas regiones del país presentarán durante
“Por ejemplo la incapacidad y debilidad del Estado para impartir justicia; el sistema judicial no ha respondido a su función de investigar, juzgar y castigar a los responsables de la violación a los derechos humanos. También están las acciones directas los distintos actores armados que impiden el avance de las investigaciones y dificultan que las victimas puedan tramitar sus denuncias ante las entidades competentes. A es se suma que algunos funcionarios encargados de defender los derechos de la victimas, desestimulan la denuncia de hechos violentos”, manifestó Silvia Quintero, vocera de
La estigmatización de líderes sociales y representantes de las víctimas así como la justificación de los crímenes cometidos por los grupos armados por parte de sectores sociales, además de los altos costos de los servicios de justicia y los vínculos de entes judiciales con actores armados, la manipulación malintencionada de pruebas y testigos en investigaciones contra funcionarios estatales, entre otros, han constituido, a juicio de las víctimas, una constante a lo largo de las últimas dos décadas, situación que ha derivado en un manto de impunidad benéfico para los victimarios y que hace factible la repetición de los hechos.
De ahí que uno de los momentos cruciales de
Se espera que al término de
“Esta es una Audiencia de carácter más político y ciudadano. El objetivo es movilizar y visibilizar el grave problema de la impunidad y agitar el debate político sobre la situación de las víctimas frente a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, señaló Patricia Fernández, directiva de
De acuerdo con Fernández,
“Creemos que ahora están dadas las condiciones para que la iniciativa cuente con mejor suerte: se abre paso el debate para la creación del Ministerio de Justicia y un representante de las víctimas está en el Congreso. Por eso la importancia de que las víctimas se posicionen como sujetos de derechos y esta Audiencia es un buen espacio para ello”, concluyó Fernández.
