Víctimas del conflicto pedirán explicaciones a la justicia por casos que permanecen impunes

Mediante un derecho de petición colectivo, las víctimas del conflicto armado colombiano le solicitarán a la Fiscalía General de la Nación que explique las razones jurídicas por las cuales cerca de 41 casos relacionados con violaciones a derechos humanos hoy se encuentren en la más completa impunidad.

 

Así lo hizo saber Antonio Madariaga, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales, al término de la Audiencia de Víctimas de Conflicto Armado, que tuvo lugar este 20 de agosto en el Hotel Nutibara de la cuidad de Medellín.

 

Allí, voceros de los afectados por la violencia armada recordaron cómo en diciembre de 2007 le fueron entregados al Gobierno nacional un total de 41 casos, debidamente documentados por organizaciones no gubernamentales, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Antioquia por grupos paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado, con el fin de que se responsabilizara de conducir las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y así, comenzar a derrotar la impunidad.

 

Pero las indagaciones realizadas ante la Fiscalía General de la Nación por las propias víctimas, previas a la realización de esta Audiencia, arrojaron que todos los procesos se encuentran archivados, precluidos o en etapa de investigación previa. Lo paradójico es que uno de los propósitos del Encuentro era que los representantes de los organismos judiciales, quienes fueron invitados al mismo, entregaran explicaciones del por qué la lentitud y la poca eficacia en las investigaciones, pero ninguno se hizo presente en el recinto.

 

Entre los casos entregados en aquella ocasión sobresale el exterminio del Comité de Derechos Humanos de Segovia y Nordeste Antioqueño durante los años 90 y la masacre cometida por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (accu) en el corregimiento La Balsita, municipio de Dabeiba, Occidente antioqueño, durante el 24 y 27 de noviembre de 1997.

 

“Estamos hablando de crímenes cometidos desde 1992. Y por eso, queremos que la Fiscalía nos explique por qué no avanzaron las investigaciones en estos procesos que constituyen casos tipo de violaciones a los derechos humanos”, señaló Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia.

 

Para Madariaga, el hecho que la justicia no haya avanzado en estos procesos es un claro indicio sobre la inoperancia e ineficacia del sistema judicial colombiano para dar respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas, aspecto que genera un manto de duda sobre la verdadera voluntad política para el esclarecimiento de estos hechos.

 

“Ha faltado voluntad política y eso es evidente. Basta mirar que en cinco años la Ley de Justicia y Paz sólo se ha producido dos sentencias por un solo caso. Y eso que esta ley es un procedimiento abreviado. Entonces, ¿qué esperar de aquellos procesos que se están llevando en la justicia ordinaria? Eso da pie para decir que los márgenes de impunidad son enormes”, sostuvo el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas.

 

Víctimas: igual de amenazadas

Y es que si algo quedó claro entre los asistentes a la Audiencia es que los altos niveles de impunidad que reinan en Colombia en materia de violaciones a los derechos humanos no sólo constituyen la principal amenaza para el desarrollo democrático del país sino que atenta contra la integridad de las víctimas por cuanto la inoperancia de la justicia, otorga una patente tácita para la perpetración de nuevos hechos violentos.

 

Los relatos de víctimas provenientes de diversas regiones del país así lo confirman. Según Gabriel Quintero, miembro de la Mesa de Fortalecimiento Municipal para las Víctimas del Desplazamiento Forzado de Ocaña, Norte de Santander, en los últimos dos años han arreciado las amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y voceros de las víctimas del paramilitarismo.

 

“Nosotros hemos documentado 100 casos que los hemos llevado ante el Ministerio del Interior y de Justicia y no ha habido una respuesta efectiva para brindarle garantías de seguridad a estas personas. Tampoco ha habido esclarecimiento de estos hechos, ningún tipo de investigación, mucho menos capturas”, manifestó Quintero.

 

Actualmente Norte de Santander atraviesa por una compleja situación de orden público por cuenta del accionar de las guerrillas de las Farc y el ELN así como estructuras de los “Rastrojos”, las “Águilas Negras” y los “Paisas”, muchas de ellas integradas por integrantes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que comandó en su momento Salvatore Mancuso y que operó en esta región del país.

 

Este clima de violencia ha agravado la situación de las víctimas nortesantandereanas, quienes en su empeño por reclamara verdad, justicia y reparación no sólo deben soportar el asedio de los grupos armados ilegales sino que también tienen que dialogar con una institucionalidad que no les genera confianzas debido a su reciente pasado.

 

“Ya se ha comprobado que la Fiscalía Seccional Norte de Santander trabajó de la mano de los paramilitares; que las Fuerzas Militares facilitaron que estos grupos cometieran graves masacres como la de Tibú y La Gabarra y si a eso se suma que entre 1999 y 2004 se cometieron en el departamento 11.600 asesinatos y cientos de desapariciones forzados, muchos de ellos en la impunidad, entonces, claro que hay desconfianza y temor”, aseguró Quintero.

 

Políticas claras

Además de las fallas estructurales que presenta la justicia en el país y las amenazas proferidas por diversos actores armados, la falta de marcos normativos claros también representan un gran obstáculo para la superación de la impunidad.

 

Quienes denuncian con mayor vehemencia este hecho son los campesinos desplazados y despojados de sus tierras por parte de los paramilitares. “No hay una política de tierras clara ni una Ley de Víctimas que obligue a los victimarios a entregar la tierra que despojaron. Así, vemos muy difícil recuperar nuestros bienes, entre otras cosas, porque es evidente que los paramilitares no actuaron solos”, declaró Carlos Páez, integrante de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierra y Bienes del Urabá.

 

Para sustentar su afirmación, Páez recordó su propio caso ocurrido en 1997, cuando un testaferro de Fredy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, llegó a su finca “La Candelaria, ubicada en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, acompañado de varios hombres armados y un notario.

 

“El hombre nos dijo que le vendiéramos y nosotros, pues, no queríamos. Nos tocó firmar. Mejía sólo nos dio 20 millones de pesos. Y no más. Nos dijo que si no queríamos problemas, dejáramos las cosas así. Es decir; la hectárea salió a menos de 100 mil pesos, cuando bien hubiera podido valer más de un millón de pesos”, relató el campesino.

 

Desde 2005, Páez y otras 174 familias campesinas vienen adelantado un proceso de reclamación ante la justicia que le han significado varias audiencias fallidas ante el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia. “El Magistrado nos ha manifestado que él no es competente para fallar en temas de tierras y nos dijo que ese tema le competía a otro tribunal en Bogotá. Eso ha sido muy complicado y la gente está muy desilusionada”, expresó el labriego.

 

A eso se suma que las investigaciones de la justicia en esta materia sólo se han limitado a las confesiones de los ex jefes paramilitares postulados a Justicia y Paz, pero no se han extendido a funcionarios del Incoder (antiguo Incora), notarios, militares, entre otros, que facilitaron la comisión de estos delitos.

 

“Todo esto parece una estrategia: llegaron los armados, luego legalizaron con la ayuda de funcionarios del Estado y ahora esas tierras están en manos de terratenientes. ¿Por qué no se investiga a esos funcionarios?”, cuestionó Páez.

 

Movilización: una opción

Frente a todo lo anterior, las víctimas del conflicto armado expresaron que para comenzar a superar los mecanismos estructurales que les ha impedido acceder a la justicia, debe generarse una gran movilización nacional y una alta incidencia en las altas esferas del poder.

 

“El movimiento de víctimas se ha fortalecido en los últimos años y eso servirá para  incidir políticamente”, declaró Carlos Iván Lopera, integrante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) instancia que viene acompañando procesos organizativos de víctimas en el Oriente antioqueño.

 

De ahí que una de la conclusiones principales al término de la Audiencia sea la de impulsar y participar activamente en la discusión por un nuevo Estatuto de Víctimas, iniciativa legislativa que cursó trámite en la pasada legislatura del Congreso de la República pero que al final fue objetada por la bancada oficialista por razones presupuestales, situación que causó gran malestar entre el movimiento nacional de víctimas y sectores sociales afines al mismo.

 

“También es necesario evaluar y redefinir el enfoque de la Ley de Justicia y Paz. Son numerosas las organizaciones, nacionales e internacionales, que han señalado las fallas y los desajustes de esta Ley y los efectos que ha tenido sobre las víctimas”, agregó el sacerdote Javier Giraldo, presente en la Audiencia.

 

De igual forma, las víctimas coincidieron en señalar que además de justicia, se requiere avanzar en la búsqueda de la verdad y por ello propusieron la creación de una Comisión que cuente con la participación activa de quienes padecieron en carne propia los efectos del conflicto armado.

“Porque los principales portadores de la verdad histórica de Colombia la tienen las personas que asistieron a esta Audiencia, no los victimarios”, sentenció Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental de Víctimas.