Así lo reveló la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios (Asolus) que tras conocer las cifras más recientes de desconexión que maneja Empresas Públicas de Medellín (EPM), no dudo en calificar el panorama como dramático y un fiel reflejo del deterioro de la generación de ingresos dignos para los habitantes de la capital antioqueña.
De acuerdo con los registros, a agosto 30 del presente año sólo la ciudad de Medellín presentó un total de 42.619 suscriptores desconectados de agua potable. Si se multiplica esta cifra por una media de cuatro, el estimado de usuarios por conexión, se observa que por lo menos 170 mil personas no tienen acceso al preciado líquido.
Cabe anotar que de la cifra anterior, unas 17.423 suscripciones se encuentran en la categoría de “suspendidos”; es decir, usuarios con dos o más cuentas vencidas sin pagar mientras que 25.196 corresponden a suscripciones “cortadas” por cuanto ajustaron siete o más meses sin poder cancelar la deuda contraída con EPM.
“Esto es muy grave porque no es lo mismo tener la posibilidad de acceder nuevamente al servicio cuando éste está suspendido que cuando está cortado. Estamos hablando que las dos terceras partes de los desconectados a agua potable deben cuentas bastante elevadas. Y esto lo que va indicando es que cada día serán más los usuarios a los que se les cortará el servicio porque definitivamente no tienen con qué pagar”, manifestó Jorge Gaviria Betancur, presidente de Asolus.
Gaviria Betancur señaló que a la fecha las deudas de los desconectados al agua potable ascienden a unos 12 mil 827 millones de pesos de los cuales, unos 10 mil 526 millones corresponden a las suscripciones ya cortadas mientras que los restantes 2.301 millones de pesos son de cuentas suspendidas. “Esto muestra cómo se viene deteriorando el derecho de acceder a agua potable en la ciudad. Pero este es un monto que está dentro de las capacidades financieras, tanto de EPM como del Municipio, para que asuman esa deuda”, añadió el Presidente de Asolus. Al respecto, las utilidades netas de EPM en 2009 superaron el billón 697 mil millones de pesos.
Pero el problema de la falta de acceso al preciado líquido es aún más preocupante. Según la Mesa Interbarrial de Desconectados, instancia que agrupa a usuarios que padecen este drama, en Medellín hay cerca de 70 mil hogares, principalmente en las zonas periféricas de la ciudad, que no cuentan ni siquiera con la cobertura de acueducto y alcantarillado. La situación es bastante compleja. Normativas nacionales impiden que en las zonas de alto riesgo no mitigable se provean las redes para los servicios públicos domiciliarios por cuanto se podría poner en riesgo la vida y la seguridad de los pobladores.
Sin embargo, flagelos como el desplazamiento forzado han llevado a que las laderas más encumbradas de las comunas 1, 3, 8 y 13 estén habitadas por cerca de 45 mil hogares, según lo estima el Plan Municipal de Desarrollo, quienes en su afán de resolver su situación de hábitat terminan por construir rudimentarios acueductos y alcantarillados que elevan aún más los riesgos para las comunidades.
“Ahí tenemos una discusión porque, para instalar acueductos son zonas de alto riesgo, pero para construir el Metrocable para Parque Arví, no lo son. Además, hay estudios que señalan que en algunos de asentamientos sí es viable construir acueductos y alcantarillados, pues es mucho más seguro eso a dejar que las aguas negras corran por ahí por la montaña, como pasa ahora en muchos barrios altos”, declaró Carlos Velázquez, integrante de la Mesa.
“A eso súmele que hay barrios, como La Paralela, que no cuenta con servicio de acueducto porque no es un barrio legal, es decir, los dueños de las viviendas no han legalizado su situación ante Catastro y Planeación Municipal. ¿Eso que significa?: Desconexión”, dijo Gaviria B.
Todo a media luz
En materia de energía eléctrica, el panorama es igual de oscuro. A la fecha unas 15.415 suscripciones se encuentran suspendidas mientras que otras 16.279 ya fueron cortadas, es decir, más de 124 mil personas viven en penumbras. Lo que preocupa a instancias como la Mesa es que la falta de este servicio público domiciliario está generando serios riesgos para la vida de las personas al punto que ya se registran varias muertes atribuibles a la desconexión.
Se trata de los niños víctimas de conflagraciones generadas por velas y veladoras utilizadas para reemplazar la energía eléctrica. Como se recordará, el pasado 24 de agosto un niño de cinco años falleció a causa de un incendio que consumió su humilde vivienda, ubicada en el barrio La Orquídea, municipio de Bello. El fuego lo produjo una veladora usada por la familia para alumbrarse, pues la energía eléctrica les fue suspendida por imposibilidad de pago.
En octubre del año anterior, en una casa ubicada en el barrio Madera de Bello, perdieron la vida tres menores de edad de 1, 2 y 3 años en idénticas circunstancias: un incendio provocado por una veladora que a su vez era usada por la familia para alumbrarse ante la suspensión del servicio de energía eléctrica. De igual forma, en agosto de 2007, dos niñas murieron incineradas en el interior de su vivienda del barrio París, también de Bello, cuando intentaban proveerse de luz por medio de velas pues, como en los anteriores casos, les habían cortado la energía por falta de pago.
Actualmente cuadras enteras de barrios como El Picachito, parte alta de la comuna 6, no cuentan con servicio de energía eléctrica, agua potable o incluso ambos. Lo anterior ratifica que los más golpeados por el drama de la desconexión son los sectores populares. Las cifras señalan que el 95% de los usuarios desconectados se encuentran en los estratos 1, 2 y 3 y el 5% restante entre los estratos 4 y 5 principalmente, aunque también se registran casos en el estrato 6.
“Hay que decir que el 65% de los desconectados se encuentran en las comunas 1, 3, 8, 13, 5 y 6. Sólo en la comuna 1 habita el 14% de usuarios con servicios públicos suspendidos o cortados”, indicó Gaviria B., quien agregó que las estrategias ofrecidas por parte de EPM a los usuarios que padecen este drama, como la energía prepago y la refinanciación de deudas a tres años, son “ineficientes, inocuas y arbitrarias”.
Cifras de EPM señalan que actualmente existen en la ciudad unos 60.805 medidores de energía prepago de los cuales 54.554 se encuentran en los estratos 1 y 2. “Pero tener el medidor prepago no es garantía de acceso”, advirtió el Presidente de Asolus y sus cuentas son claras: “Una familia con este medidor tiene que comprar el Pin unas siete y media veces al mes. La compra promedio por cada Pin son 3.100 pesos, o sea 23.100 pesos al mes a los cuales hay que descontarle el 10% para abonar a deuda, lo que da unos 21 mil pesos. Si se tiene en cuenta que el valor actual del kilovatio es de 328 pesos, equivale a un consumo de 60 Kv hora al mes y eso es menos de la mitad del consumo básico de una familia de cuatro personas”.
De ahí que las organizaciones que vienen trabajando el tema se aventuren a lanzar propuestas así éstas sean rechazadas tanto por EPM como la Municipalidad. “Hay un promedio de 48 mil usuarios de energía prepago que compran el Pin, es decir, que hay casi 20 mil que siguen desconectados (…) nosotros proponemos refinanciación a largo plazo, con condonación del cargo fijo y los intereses; cobrar sólo los consumos”, propuso Gaviria B.
De hecho, la Personería de Medellín, consciente de la complejidad del tema, recomendó en su informe sobre la situación de derechos humanos de 2009 suministrar un mínimo vital de energía, tal como sucede hoy día con el mínimo vital de agua que hoy disfrutan 24.364 hogares del nivel 1 y 2 del Sisbén.
“Esto se puede convertir en un grave problema social, pues estamos llegando a una situación donde los servicios públicos son para quien pueda pagarlos, pero hay una ciudad donde el empleo y los ingresos se deterioran cada día. Ahora, mientras más se piensa en financiar el desarrollo de la ciudad con buena parte de las ganancias de EPM, más se agravará la situación de los desconectados”, sentenció Gaviria.
