El Informe, fechado el 29 de septiembre del presente año, señala a las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 así como los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista, como las zonas de más alto riesgo de la ciudad. Igualmente, hace mención especial sobre el riesgo al que se encuentran expuestos los comerciantes, empresarios y trabajadores del sector del transporte público; dirigentes barriales, comunidad educativa y líderes religiosos.
De acuerdo con la Defensoría, el alto riesgo deriva del reacomodo y recomposición de estructuras armadas ilegales surgidas luego del proceso de desmovilización de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que, a su vez, han tejido redes mafiosas con bandas y combos al servicio del narcotráfico que hoy se disputan el cobro de extorsiones a los transportadores, comerciantes, expendios de estupefacientes y el control de amplios territorios, utilizando para ello mecanismos de terror y presión dirigidos principalmente contra las comunidades más vulnerables.
Los análisis del SAT plantean que las fuertes confrontaciones entre estas estructuras explican, en buena medida, el incremento de los homicidios que vive Medellín desde finales de 2008 y que a septiembre 30 del presente año ya ascienden a 1.578. Asimismo, el escenario de conflicto que viven algunas comunas de la ciudad ha incrementado los eventos de desplazamientos forzados, los reclutamientos forzados y la vinculación de menores de edad al conflicto urbano, las restricciones a la movilidad de la población entre sectores barrriales y las intimidaciones, presiones y amenazas contra las organizaciones barriales.
Si bien las autoridades civiles y de Policía han reconocido que las falencias del proceso de reinserción de los desmovilizados de las Auc dieron lugar a una fragmentación violenta de las organizaciones delincuenciales cohesionadas a la llamada ‘Oficina de Envigado’, liderada en su momento por Diego Fernando Murilo, alias “don berna”, confeso narcotraficante y ex jefe paramilitar de las AUC, que llevó a que dos facciones de la misma estructura resultarán enfrentadas entre sí (la de alias “Valenciano” y alias “Sebastián”), la Defensoría del Pueblo advierte en su informe sobre la presencia de otras estructuras que podrían atizar el fuego de la guerra en la ciudad.
“A este factor de riesgo se suma las pretensiones de las autodenominadas “Águilas Negras” o “Urabeños” y “Los Rastrojos”, de ingresar a algunas zonas de Medellín. Ante la eventualidad que se presenten alianzas o acuerdos entre estos dos grupos armados ilegales con algunas de las facciones surgidas de la “Oficina de Envigado”, es probable que se exacerbe la disputa territorial por el control de la puerta de salida y de entrada a las comunas uno y dos hacia el corregimiento de Santa Elena y el dominio de la comuna 13, como corredor que comunica a Medellín con el Occidente y el Urabá Antioqueño”, menciona la Defensoría.
Riesgo advertido
Lo llamativo es que una situación como ésta ya había sido advertida por el propio SAT en el año 2007, a través del Informe de Riesgo No 009, en donde señalaba el proceso de reacomodo y reconfiguración de las estructuras armadas ilegales con vínculos con los desmovilizados de las Auc, principalmente en la comuna 13 de Medellín.
En dicho informe, La Defensoría del Pueblo mencionaba el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales articulados a las facciones no desmovilizadas de las Auc y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, quienes venían realizando acciones tales como el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el constreñimiento político a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento forzado intraurbano.
En ese momento, la Defensoría le solicitó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat), integrado por diversos organismos de seguridad y control, coordinados por el Ministerio del Interior y de Justicia, emitir la Alerta Temprana para los barrios Las Independencias I, II y III; Veinte de Julio y El Salado, curiosamente los mismos incluidos en este nuevo Informe de Riesgo.
Como se recordará, el entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, desestimó el Informe elaborado por la Defensoría, calificándolo de “alejado de la realidad, que abarca un período de tiempo en el que se acumulan diversas situaciones, fuentes de información y análisis que no guardan relación entre sí, no tienen una explicación causal, ni se fundan en fuentes confiables producto de investigaciones juiciosas”, tal como lo declaró en su momento a la Agencia de Prensa IPC.
Hoy, cuando la ciudad aún no supera plenamente su situación de seguridad, afectada principalmente por los controles sociales a las comunidades barriales, los desplazamientos forzados intraurbanos y las fuertes afectaciones a sectores como el educativo y el transportador, la Defensoría vuelve a hacer mención de aquella advertencia y la hipótesis planteada en su momento sobre el escenario que se presagiaba para Medellín.
En este escenario, la Agencia del Ministerio Público expresa su preocupación por cuanto las disputas de las facciones antes mencionadas y la utilización de combos barriales y bandas delincuenciales puedan generar en las comunidades de barrios como Santo Domingo, Granizal, Carpinelo, Santa Cruz, Andalucía, Campo Valdez, Aranjuez, Castilla, Francisco Antonio Zea, Pedregal, Kennedy, Bello Horizonte, El Diamante, La Sierra, Las Estancias, Medellín Sin Tugurios, Juan XXIII, La Quiebra, El Pesebre, por mencionar algunos, graves vulneraciones a los derechos humanos.
“Es probable la ocurrencia de atentados contra la población civil por parte de facciones armadas ilegales postdesmovilización de las AUC aliadas con “combos” o bandas al servicio del narcotráfico que se podrían materializar en amenazas de muerte, homicidios selectivos y múltiples (masacres), retenciones ilegales, restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado intraurbano, vinculación, reclutamiento y utilización de niños y adolescentes; desaparición forzada, violencia sexual y explotación sexual con fines de comerciales de niñas y adolescentes; utilización de métodos o medios para generar terror contra los residentes de los barrios, lideres comunitarios, empresarios, comerciantes, transportadores, docentes, directivos y líderes religiosos”, señala el Informe.
Asimismo, el documento controvierte algunas explicaciones oficiales sobre la capacidad de intimidación de los llamados combos y bandas delincuenciales, en donde se les señala de ser organizaciones acéfalas, sin mandos ni dominio territorial.
“La captura de Robinsón Mejía Soto, alias “La Cachona”, presunto jefe de una de las estructuras armadas ilegales de la zona nororiental (La Galera) adscritos a una de las facciones de la Oficina de Envigado, demuestra otra cosa, pues se ha conocido que él había impartido a sus subalternos la orden de expandir su presencia hacia la comuna 13, al Noroccidente de la ciudad, como apoyo a la estructura armada ilegal de “La Agonía”, en la confrontación con otros grupos armados postdesmovilización de las AUC por el control de la zona nororiental”, menciona la Defensoría.
Lo que pide la Defensoría
De ahí que la Defensoría le solicite al Ciat emitir la alerta temprana correspondiente a fin de disuadir, mitigar, prevenir o neutralizar el potencial riesgo en el que se encuentran las comunidades barriales antes señaladas. También pide a la Fuerza Pública garantizar la vida e integridad de los habitantes de las comunas focalizadas, garantizando su presencia permanente en los sitios de más alto riesgo.
De igual forma, recomienda a la Administración Municipal analizar la posibilidad de aplicar en la ciudad algunas de las sugerencias planteadas en 2009 por el Observatorio de Seguridad Humana, instancia integrada por el Instituto de Estudios Regionales (Iner) de la Universidad de Antioquia; el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Personería de Medellín, y que básicamente apuntan a proteger los derechos humanos desde una perspectiva participativa y que integre no sólo la protección frente a los factores de violencia, sino también las vulneraciones al derecho a una vida digna.
Además, hace una llamado a la Fiscalía General de la Nación para que no sólo se fortalezca la Unidad de Fiscales Especializados a fin de avanzar en la investigación y judicialización de los integrantes de los combos, sino también el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Ente Acusador, quizás uno de los puntos vitales para motivar la denuncia ciudadana.
El llamado también es para entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que adelante las acciones necesarias tendientes a prevenir el reclutamiento forzado y la vinculación de menores de edad a las estructuras armadas que vienen delinquiendo en las comunas, factor que se ha convertido en una de las principales causas de desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad.
Por último, recomienda a la Alta Consejería para la Reinserción y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizar un minucioso seguimiento a los procesos de reinserción a la legalidad de los antiguos combatientes de las Auc, a fin de prevenir la conformación de nuevos grupos delincuenciales.
