Las estadísticas muestran que las comunas más afectadas por este flagelo son la 13, de donde han sido expulsadas unas 1.080 personas; le sigue la 1 con 779 personas; la 3 con un total de 571 habitantes; la 2 con 335 personas y la 7, que registra una cifra de 343 desplazados forzados intraurbanos. A su vez, los barrios más expulsores son Las Independencias y Juan XXIII; Popular y Santo Domingo Savio; Santa Inés y La Salle; La Rosa y Moscu No 1; Aures y Pajarito.
Pero, para la Personería de Medellín, resulta igual de alarmante la modalidad que se viene registrando en los eventos de desplazamientos masivos en la ciudad; los mismos que también presentan un incremento con respecto al año anterior al contabilizar, a la fecha, seis casos que han dejado 336 víctimas. El último de ellos ocurrió el pasado 31 de octubre en el barrio Aures No 2, en la comuna 7 de la ciudad, donde más de 25 familias tuvieron que abandonar sus hogares.
Tanto este caso, como los registrados en Santa Inés (comuna 3); Moscú (comuna 1); La Sierra (comuna 8); Popular (comuna 2) y otro desplazamiento masivo perpetrado en Aures No 2 en septiembre de este año, tienen un denominador común: una banda que logra derrotar a sus rivales y luego, los entrega a la Fuerza Pública para que sean sacados del barrio junto con sus familias.
Se trata de una estrategia que vienen utilizando las bandas en algunos sectores de la ciudad en donde se realizan alianzas entre varias de ellas, en ocasiones de diversos barrios, para derrotar a otra y así, consolidar un poder hegemónico a favor de uno de los bandos señalados de alentar la guerra urbana que hoy vive Medellín.
Según los análisis realizados por la Agencia del Ministerio Público, mediante esta maniobra los grupos al servicio de alias “Sebastián” vienen consolidando un dominio territorial importante, principalmente en los barrios periféricos del nororiente y noroccidente de Medellín.
“Cuando se da la derrota militar de la banda, entonces viene el sometimiento de sus miembros o su expulsión. Los que son expulsados son escoltados por la Fuerza Pública hacia la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería para que declaren como desplazados. Así se han presentado varios casos”, señaló Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín.
Al respecto, la Agencia de Prensa IPC ya había dado cuenta de esta circunstancia en el mes de septiembre, cuando informó sobre los hechos que rodearon el “pacto de paz” firmado a mediados de septiembre por los integrantes de las bandas “El Hoyo” y “San Pablo”, que delinquen en la comuna 1, nororiente de la ciudad.
Según testigos consultados por la Agencia de Prensa IPC, el 28 de agosto, en horas de la noche, un grueso número de motorizados pertenecientes a las bandas “San Pablo”, San José la Cima y Barrios Unidos partieron con rumbo al sector “El Hoyo” del barrio Manrique Las Nieves. Luego de un corto pero intenso enfrentamiento y ante la desventaja numérica y de poder de fuego, los integrantes del combo del “Hoyo” terminaron por aceptar la propuesta formulada por sus contrincantes: “les respetamos la vida, pero si se van del barrio”.
Esa misma noche, unos 15 jóvenes integrantes de la banda “El Hoyo”, fueron llevados a la Unidad Permanente de Derechos Humanos escoltados en tanquetas de la Policía Nacional. “Nosotros como Personería estamos en la obligación de atenderlos”, expresó Herrán Vargas, quien añadió que en muchos de los casos de desplazamientos masivos así como en los individuales, se han registrado despojo de bienes.
Sobre el particular, la Gerencia del Desplazamiento de la Alcaldía de Medellín le manifestó el pasado mes de agosto a la Agencia de Prensa IPC que entre junio de 2009 y julio de 2010 había emitido unas 400 circulares para la protección de bienes inmuebles de víctimas de desplazamiento forzado intraurbano.
“Nosotros (Alcaldía de Medellín) contamos con una circular para la protección de esos bienes y, en algunos casos, se ha avanzado en el desalojo”, señaló en su momento Luz Patricia Correa, directora de la Gerencia. La magnitud que ha alcanzado este flagelo en la ciudad ha obligado a esta dependencia a aumentar su presupuesto en dos oportunidades, al pasar de unos 7.500 millones de pesos al iniciar el año a más de 9.500 millones para lo que resta de 2010.
“Destacamos la voluntad que ha mostrado la Gerencia en todo este tema. El 84% de su presupuesto ya ha sido ejecutado entregando ayuda humanitaria de emergencia. Sin embargo, tenemos muchos reparos hacía una entidad como Acción Social. Cerca del 74% de las declaraciones que hemos recibido han sido rechazadas por Acción Social, alegando que no son víctimas de grupos armados ilegales. Como Personería, no compartimos dicha postura”, declaró Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los Derechos Humanos.
