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Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño: un pueblo paralizado por la violencia

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El comercio, actividades formales e informales se han visto fuertemente golpeadas por la violencia queazota al Bajo Cauca antioqueño.
“Paralizado: esa es la palabra, este pueblo está paralizado por la violencia”, dice Juan*, dirigente barrial del municipio de Caucasia, epicentro de una cruenta guerra que libran las bandas criminales en el Bajo Cauca antioqueño. Sus palabras son cortas, precisas, reticentes, máxime si se le pregunta por la situación que vive la localidad por cuenta de la violencia.

“Esto nunca se había visto en el municipio y la violencia nos tiene muy afectados, tanto económica como socialmente”, apunta el líder barrial, quien añora los días en que al Bajo Cauca y a Caucasia en particular, llegaban inversionistas provenientes de diversas partes del país atraídos por la promesa de prosperidad que ofrecían estas tierras fértiles y aptas para la ganadería, la pesca y la minería.

Pero hoy, el panorama no puede ser más desolador. La guerra que sostienen Rastrojos, Paisas, Águilas Negras, Urabeños y alias Sebastián por el control del territorio, no sólo ha disparado las cifras de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas y atentados; también ha elevado los índices de desempleo, ha frenado la inversión y los efectos comienzan a ser devastadores.

“Mucho ganadero se ha ido cansado de los robos y las extorsiones; entonces, por ese lado, se acabaron muchas fuentes de empleo. Muchos proyectos que se iban a desarrollar en el municipio están paralizados. Aquí mucha gente vivía de sembrar coca, pero eso también está muy malo. Quedaba la minería, pero cómo el Gobierno está cerrando las minas porque son ilegales y están en manos de “esa gente”, ya ve usted como estamos por aquí: fregados”, advierte Juan.

El comercio urbano, importante fuente de empleos formales e informales, tampoco se salva de la “mala hora” que vive el Bajo Cauca antioqueño. Según cifras extraoficiales, unos 350 locales comerciales han tenido que cerrar por cuenta de las extorsiones o los atentados con artefactos explosivos.

El drama cobija por igual al gran empresariado como al modesto comerciante. La empresa Royal Films debió cerrar, desde mediados de este año, las tres salas de cine que había inaugurado hace no más de un año debido a las extorsiones. Los 20 negocios que don Leonel Montoya consolidó a lo largo de 20 años, considerados únicos en el pueblo por combinar en un mismo local asadero, billar y lavadero de carros, hoy se encuentran cerrados.

Uno de estos negocios fue objeto hace varios meses de atentado con artefacto explosivo; dos de sus empleados han sido asesinados, el más reciente de ellos el lunes 26 de octubre y un sobrino suyo, socio en la actividad comercial, también fue asesinado hace tres meses. Las cerca de 120 personas que dependían de esta labor prefirieron renunciar a seguir arriesgando sus vidas sin saber por qué.

Hasta el mototaxismo, modalidad de “rebusque” propio de estos pueblos calurosos, dejó de ser una actividad modestamente rentable para convertirse en una profesión peligrosa. “Este municipio llegó a tener más de 2.000 mototaxistas, según un censo que hizo en el 2005 la Secretaría de Tránsito. Hoy, le puedo asegurar que no hay más de 1.000”, señala Juan.

Y es que en sus lógicas de confrontación, los grupos criminales comenzaron a emplear a sus combatientes, algunos de ellos provenientes de barrios de Medellín o del Urabá antioqueño, como mototaxistas. Era la mejor forma de hacer inteligencia, vigilar los movimientos de los enemigos, saber quienes eran los forasteros que llegaban al pueblo.

El resultado: decenas de personas dedicadas a esta actividad de transporte informal han sido asesinados o desaparecidos, muchos de ellos por simple sospecha. Ya no es raro que de las aguas del Río Cauca emerjan partes de motocicletas como evidencia de un cuerpo que jamás aparecerá. “Se han incrementado las desapariciones, pero la gente no denuncia. No se atreve. Dicen que los cuerpos los arrojan al Río, pero que los abren para que no floten”, expresa Luis Mora, coordinador de los Gestores Comunitarios para Atención del Desplazamiento Forzado.

Hijos de Caín

“Aquí padecemos de todas las formas de terrorismo: panfletos, asesinatos selectivos, ataques con granadas, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas”, apunta Leiderman Ortiz, reconocido periodista de la región que ha padecido en carne propia varias de las anteriores.

En agosto del año pasado fue víctima de un atentado que por poco le cuesta la vida. A principios del presente año volvió a ser víctima de un ataque contra su vida  y en junio, desconocidos le arrojaron una granada a su vivienda, una estrategia  de guerra que se volvió habitual en Caucasia.

Según cifras del Distrito de Policía Especial para el Bajo Cauca, este año se han presentado 45 ataques con artefactos explosivos tales como granadas o petardos. Las cuentas de la Personería Municipal apuntan a más de 60 ataques y en los registros de Leiderman, la cifra hace rato pasó de 75.

Igual sucede con los panfletos. Son tantos que ya nadie lleva registros al respecto. Hace dos semanas comenzó a circular un pasquín en el municipio en el que se acusaba de corruptos a cinco funcionarios de la Alcaldía Municipal y se les daba un plazo perentorio para que abandonaran la región.

El viernes 23 de octubre, en un asentamiento subnormal que se estaba formando en inmediaciones del Liceo Caucasia, desconocidos repartieron varios panfletos en los que se daba la orden a los pobladores de abandonar inmediatamente el predio, so pena de sufrir las consecuencias. Aunque las autoridades municipales desestiman la veracidad de los pasquines y le restan importancia, todos generan el mismo efecto: miedo. Los “invasores” abandonaron los terrenos al otro día y los funcionarios ahora cuentan con medidas de protección.

"Aquí la gente está muy atemorizada, sobre todo porque es una guerra que nadie entiende y en la que está involucrada mucha gente del municipio”, expresa Leiderman, quien no duda en afirmar que gran parte de lo que está viviendo ahora se debe a que denunció con nombres propios a los “hijos de Caucasia que están acribillando a su pueblo”.

Los personajes más buscados actualmente por las autoridades de Policía fueron en su momento jóvenes de la región que terminaron convertidos, primero, en reconocidos lugartenientes de los bloques Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y luego, tras la fallida reinserción de los desmovilizados y la posterior extradición de los ex jefes Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, emergieron como peligrosos capos que ahora emplean las estrategias paramilitares para fortalecer el negocio del narcotráfico.

Tal es el caso de Ángel de Jesús Pacheco Chancí, alias Sebastián, por quién las autoridades ofrecen cinco mil millones de pesos de recompensa. Este hombre de extracción popular, criado en uno de los barrios más pobres de la localidad, se enroló en las filas de las Auc en los años en que muchos jóvenes veían el paramilitarismo como una opción de vida y donde trabajar para alias “Macaco” o alias “Cuco Vanoy era todo un motivo de orgullo.

Luego de desmovilizarse como mando medio de alias Macaco, Pacheco Chanci siguió delinquiendo hasta convertirse en el “Sebastián” de hoy, que tiene al Bajo Cauca en una guerra, curiosamente, contra otros ex combatientes de las Auc como lo son alias Chepe y alias El Puma, de quienes se dicen heredarán el mando de la banda criminal Los Paisas luego de la muerte de César Augusto Torres Luján, alias Mono Vides, quien murió en un enfrentamiento con miembros de la Sijin en la vereda Manizales, municipio de Tarazá.

Pueblos fantasmas

Desplazamiento forzado intraurbano y desapariciones son los flagelos que más golpean a la población.
Pese a la delicada situación personal que vive ahora por cuenta de las amenazas y los atentados de que ha sido objeto, Leiderman asegura que no se irá del municipio. “Tengo a dónde ir, pero quiero quedarme trabajando por la localidad”, asegura el comunicador.

La misma convicción tiene doña Julia, habitante del barrio Clemente Arrieta, pese a que esta violencia ya se le ha llevado dos sobrinos y un hermano. El año pasado, la banda criminal los Rastrojos incursionó en zona rural del corregimiento Margento y asesinó a varios campesinos, entre ellos, los sobrinos y el hermano de doña Julia. Los denominados “Rastrojos” acusaron a los labriegos de ser colaboradores de sus enemigos, en este caso, Las “Águilas Negras”.

“¿Y para dónde me voy a ir? Si me voy para Montería o Medellín es la misma cosa, es volver a empezar de cero. Ya no hay alientos para eso”, expresa doña Julia, quien es consciente que quedarse le implica someterse a ciertas reglas impuestas por los violentos. “Aquí a las 9:00 de la noche ya nos estamos acostando. Por aquí están prohibidos los bailes, las parrandas en las casas, la gente después de las 10:00 de la noche en las calles. También está prohibido tener las puertas abiertas e incluso, socorrer los muchachos cuando los abalean. Si haces eso, al otro día te desplazan”, cuenta con dejo de angustia.

Y es que uno de los dramas más evidentes que hoy experimenta Caucasia (y todo el Bajo Cauca en general) es que se está quedando solo. El desplazamiento forzado es, quizás, uno de los flagelos que golpea con mayor fuerza y, más preocupante aún, de manera invisible, pues ninguna entidad tiene como medir la magnitud del éxodo.

“El problema es que mucha gente simplemente se va y no denuncia porque, dicen, los victimarios son del pueblo y si los denuncian pueden correr riesgo los familiares que quedan. Para nosotros como Personería es muy difícil establecer desde aquí cuántas de las personas que han declarado como desplazados en Medellín, Montería, Barranquilla, Bello, Sabaneta y otros municipios son de Caucasia. Siempre fuimos un municipio receptor y ahora somos un municipio expulsor”, expresa Ivonne Cristina Gómez Álvarez, personera Municipal.

Hoy, muchas veredas y corregimientos de la localidad parecen pueblos fantasmas. Corregimientos como Cacerí, que hasta hace poco contaba con una población cercana a los 2.000 habitantes, hoy sus residentes no llegan a los 700. La situación se repite en los corregimientos de Margento, Cuturú y El Pando. En los barrios de la zona urbana el panorama no es para nada alentador. Políticos de la región hablan que debido a la violencia, la población total de Caucasia ha pasado de 87.532, según censo de 2005, a menos de 75 mil pobladores.

¿Qué hacer entonces? A poco menos de un año para los comisiones regionales ya comienzan a perfilarse los candidatos al máximo cargo municipal de elección popular y todos tienen su formula para combatir la violencia. Leiderman Ortíz construye su propuesta basado en la inversión social: un niño con oportunidades es un delincuente menos; José Arabia, ex alcalde de la localidad y quien aspira de nuevo al cargo cree que se deben entablar diálogos con los ilegales.

Sin embargo, doña Julia, que poco sabe de política pero que sufre como cualquier madre caucasiana porque sus hijos no perezcan por las balas perdidas o los atentados ni terminen reclutados por las bandas criminales, tiene su propia fórmula para acabar con este flagelo que tiene al municipio más importante del Bajo Cuaca antioqueño paralizado: “Trabajo y estudio y aquí no hay ni lo uno ni lo otro. Cualquier persona se atreve a hacer lo que sea con tal de no dejar morir a su familia de hambre y eso es lo que pasa. El que es malo, es malo, pero si hay trabajo y estudio, van a ser más poquitos”, sentencia la mujer.  

*Nombres cambiados para proteger identidades de las fuentes