Si hay sector en Medellín que haya padecido como ningún otro los efectos de la guerra que sostienen combos y bandas por el control de rentas ilegales y legales es el educativo. Deserción escolar, vinculación de estudiantes a actividades ilícitas, amenazas a alumnos, docentes y directivos son, entre otros, los problemas que hoy tiene que enfrentar la educación en la ciudad.
Precisamente, este martes 30 de noviembre el Instituto Popular de Capacitación (IPC) revelará una serie de hallazgos sobre la situación del sector educativo en un encuentro denominado: “Ciudad, escuela y conflicto: en la búsqueda de alternativas políticas pertinentes para la ciudad de Medellín”. El evento hace parte de la Campaña de Derechos Humanos IPC 2010: restitución de tierras y seguridad ciudadana, un camino hacia la paz, que actualmente lleva a cabo la organización no gubernamental.
El Encuentro, que tendrá lugar en el Escuela del Maestro desde las 8:00 de la mañana, constituye el fruto de un trabajo de seguimiento y acompañamiento adelantado por la ONG durante el segundo semestre del año y en el que también participaron en diversos momentos entidades como la Corporación Educativa Combos, Corporación Región y Cedecis.
A lo largo de este proceso la organización recabó información con docentes, estudiantes, asociaciones de padres de familia y directivas de instituciones educativas de las 16 comunas de la ciudad a fin de ahondar el conocimiento existente sobre las afectaciones que viene generando el conflicto urbano en el ámbito escolar.
A través de dicho seguimiento se pudo corroborar, por ejemplo, cómo la imposición de límites territoriales en los barrios, estrategia utilizada por los grupos armados para defender territorios o apropiarse de rentas legales e ilegales, ha desencadenado una ola de deserción escolar con niveles preocupantes.
Indagaciones del IPC señalan que sólo en la zona noroccidental, una de las más afectadas por este flagelo, más de 1.200 estudiantes han tenido que cancelar sus matriculas por motivos relacionados con el conflicto urbano. Instituciones como el Alfredo Cock, La Esperanza, el José M. Prieto Espinoza –Casd- viven una situación preocupante por cuenta de la reducción de su planta educativa.
El Alfredo Cock, ubicado en Castilla, comuna 5 de Medellín, comenzó el año con un total de 2.200 estudiantes y a la fecha unos 120 estudiantes han cancelado matrícula, unos 60 no han regresado y 30 alumnos han tenido que terminar su año lectivo mediante una modalidad flexible, es decir, talleres y desarrollo de modulos de manera virtual pues, debido a los límites barriales, no pueden acudir a las aulas de clases.
Otro ejemplo dramático lo constituye la Institución Educativa Maestro Fernando Botero, ubicada en el barrio Pedregal, comuna 6 de la ciudad. Hasta de finalizar el mes de octubre el centro educativo ya registraba unas 105 cancelaciones de matricula; se desconocía la suerte de 45 estudiantes pues hacía más de dos meses no regresaban a clases y dos de ellos se retiraron debido a amenazas contra sus vidas. “En la comuna 6 hay colegios en ‘alerta roja’ debido a las dificultades que manejan. Nosotros estamos en ‘alerta naranja’ y aún así, mire las cifras que presentamos”, señaló un directivo de la Institución Educativa.
La Agencia de Prensa IPC conoció el caso de Jair*, uno de los dos estudiantes que no pudo regresar a la Institución Educativa por cuenta de amenazas contra su vida. Según su relato, todo obedece a las llamadas fronteras barriales que los violentos han impuesto como lógica de guerra: “Yo tenía una novia que vivía en el sector ‘El Bulevar’ y resulta que los pelados de allá están en guerra con los de ‘La Arboleda’ que es donde yo vivo. Entonces, los de allá me acusaron de ser un ‘carrito’ de ‘La Arboleda’ y los de acá empezaron a decir que yo me parchaba con la gente del ‘Bulevar’ y por eso fue que me amenazaron”, cuenta.
Pero así como la deserción de estudiantes preocupa por su carácter masivo, también causa alarma la venta y consumo de estupefacientes al interior de las instituciones educativas y la vinculación forzada de los menores escolarizados de edad a actividades ilícitas como transporte de armas y drogas.
Mayor inquietud genera entre los integrantes encargados del seguimiento por parte del IPC la reproducción de los modelos autoritarios y violentos por parte de los estudiantes al interior de los centros educativos. El proceso de indagación permitió conocer cómo en algunos colegios de la ciudad los alumnos de grados avanzados intimidan y amenazan a los de grados menores, les quitan dinero, imponen la lógica territorial, entre otras.
De igual forma, aspectos como procesos de precaria participación al interior de las instituciones, la influencia que están ejerciendo los medios de comunicación en los comportamientos de los jóvenes escolarizados y el poder de intimidación que han alcanzado los grupos armados hacen parte de los hallazgos.
“El objetivo de este Encuentro es avanzar en la construcción de una propuesta de incidencia en política pública en materia educativa, de seguridad y convivencia pertinente para la ciudad”, señaló Ariel Humberto Gómez, integrante del Equipo de Educación del IPC.
