Presentar un balance sobre la situación de la seguridad personal en los barrios de Medellín, es el objetivo del encuentro que el Observatorio de Seguridad Humana realizará este jueves 2 de diciembre en el auditorio de la Casa Barrientos, desde las 8:00 de la mañana. La actividad también hace parte de la programación de la semana de derechos humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC) 2010, cuyo lema para este año es Restitución de tierras y seguridad ciudadana: un paso hacia la paz.
Allí, el Observatorio, iniciativa integrada por el IPC, la Personería de Medellín y el Instituto de Estudios Regionales (Iner) de la Universidad de Antioquia, hará un recuento de las actividades adelantadas a lo largo del año en su propósito de sensibilizar a las comunidades en el concepto de seguridad humana, que básicamente plantea incluir otras necesidades del individuo, como el derecho a una vida digna, que vayan más allá de la simple amenaza física.
Asimismo se presentará un informe sobre las afectaciones que está generando el control armado ilegal a la seguridad personal, una de las dimensiones que contempla la seguridad humana. Dicho estudio tiene la particularidad que fue elaborado con la metodología denominada “desde abajo”; es decir, motivando la participación de los sectores poblacionales más vulnerables frente a los problemas de inseguridad no sólo en la parte de diagnóstico sino también en los análisis y elaboración de propuestas de políticas públicas.
De ahí que el documento presente tres apartados fundamentales: un recuento de hechos y situaciones que vienen afectando la seguridad personal en los barrios; un análisis de las políticas públicas de seguridad implementadas en los últimos años y un acápite especial sobre los movimientos y experiencias de resistencia pacífica a la violencia existentes hoy en la ciudad.
Entre los hallazgos del Observatorio se destaca la desconfianza generalizada entre los habitantes de los territorios seleccionados para el análisis (comunas 1,2, 6 y 13; corregimiento San Cristóbal) hacia la Policía Nacional, pues consideran que algunos miembros de la Institución ponen en riesgo su seguridad personal, al establecer relaciones de connivencia y cooperación con los integrantes de los grupos armados ilegales que hacen presencia allí.
Gracias a la participación de las comunidades en los diferentes espacios promovidos por el Observatorio, se pudo constatar que en los barrios de las comunas analizadas se presentan fuertes controles sociales, económicos y territoriales que atentan de manera directa contra la seguridad personal al ser fuente permanente de miedo, zozobra y acatamiento por parte de los pobladores barriales.
Entre los controles más enumerados por las habitantes se encuentran la imposición de horarios para la libre locomoción, ofertas de seguridad a través de vigilancia informal; cobro indiscriminado de vacunas, despojo de bienes, presencia de negocios del llamado “pagadiario”; constreñimiento a la comunidad, establecimiento de límites barriales, vinculación forzada de menores de edad en actividades ilícitas, entre otros.
“En los territorios de disputa, las acciones de los grupos armados ilegales se centran en alcanzar un control económico y del territorio, sin dejar de pretender realizar un control social, para lo cual recurren de manera sistemática a un mayor número de acciones violentas (…) una de las características de estos territorios disputados es que generan una fuerte y masiva vulneración de derechos de la población, cuya situación directamente, entre más se prolonga, más se agudiza”, señala el Informe en uno de sus apartes.
Los análisis sobre las políticas públicas de seguridad también arrojan datos interesantes. A lo largo del proceso de análisis, los participantes no dudaron en calificar el enfoque adoptado por la Administración Municipal, centrado en recuperar el orden público y la gobernabilidad en toda la ciudad, como “insuficiente para responder a las demandas de las personas” pues está centrado más en la defensa del Estado que de la población en sí.
De igual forma, el Informe contiene un cuestionamiento formulado por las comunidades sobre el carácter público de las políticas de seguridad en la medida en que son pocos los espacios para que la ciudadanía participe en su diseño y más aún, en su ejecución y seguimiento. En ese sentido, el Observatorio recoge las preocupaciones existentes frente al programa Fuerza Joven y al accionar de la Fuerza Pública en las comunas analizadas.
Por último, el Informe presenta un mapeo sobre las experiencias de resistencia al conflicto urbano que hoy funcionan en la ciudad, muchas de las cuales vienen haciendo una labor silenciosa desde la música, la danza, las comunicaciones alternativas y otras expresiones artísticas. Si bien muchos de los procesos identificados cuentan con gran legitimidad en los barrios, tampoco han sido ajenos a la disputa territorial armada que sostienen combos y bandas.
Prueba de lo anterior son los asesinatos ocurridos este año de Marcelo Pimienta, “Chelo”; y Andrés Felipe Medina, integrantes de la “Élite Hip-Hop” y el colectivo “Son Batá” respectivamente, organizaciones culturales dedicadas a promover alternativas de vida a los jóvenes de la comuna 13 de la ciudad.
“Otra cara de la situación de Medellín es la que se refleja en la decisión y voluntad, persistente y a veces incomprensible, de apostarle a la construcción de una sociedad en la que otros valores, como la solidaridad, la equidad y la libertad sean los que funcionen como reglas éticas de relacionamiento intersubjetivo. Nos hemos interesado por conocer esta cara que no es tan mediática, que no despierta interés de las grandes elaboraciones académicas y que se resiste también a la dominación de las prácticas políticas clientelares de viejo o nuevo cuño, por lo cual son invisibilizadas, sus voces se hacen inaudibles y sus propuestas se mueven entre la ignorancia y el desprecio de la Sociedad y la Política, así escritas con mayúsculas”, sentencia el Informe.
