- Habitantes del sector denuncian confinamiento y despojo de viviendas
- Detrás de esta ola de violencia estaría alias El Rolo, uno de los prófugos del Pedregal
Su situación es más que entendible. El pasado 20 de diciembre y a eso de las 9:00 de la noche, unos hombres fuertemente armados incursionaron en su barrio. En su recorrido, el comando armado capturó a varios jóvenes que contemplaban el pesebre comunitario que todos los años los pobladores de Villa Liliam (parte alta) instalan justo al frente de su casa. Uno de los retenidos era su hijo.
Sin saber de dónde, la mujer sacó fuerzas para arrebatarle su hijo al hombre armado, quien aseveraba que el joven era de La Sierra y que por eso, debía morir. “Recuerdo que, más con rabia que con miedo, le dije que era mi hijo y que nosotros no éramos de La Sierra”. Ese día, luego de rescatar a su hijo de una muerte casi segura, Gloria comprendió que esta violencia era más demencial que todas las que había visto en el pasado y que, esta vez, no la iba a soportar.
Su presagio lo ratificaría el pasado domingo 30 de enero, luego del fuerte enfrentamiento registrado en su barrio a eso de las 7:00 de la mañana entre integrantes de los combos “Barrios de Jesús”, “La Cañada”, “La Sierra” y miembros de la Policía Nacional. Esta vez no fue sólo un fuerte intercambio de disparos, como los que se presentaron el sábado y el viernes inmediatamente anterior o como las balaceras que suelen darse desde mediados de noviembre del año pasado. Esta vez hubo detonaciones de por medio. Hasta el momento nadie sabe quien arrojó la granada que semidestruyó una vivienda de la cuadra.
El artefacto explosivo aumentó los niveles de zozobra entre la comunidad, quienes sienten que la advertencia que les lanzaron semanas atrás iba en serio. “Desde hace días están diciendo que esta cuadra la van a bombardear”, algo que excede la capacidad de comprensión de Gloria. Por ello, después de meditarlo largo rato, decidió dejar atrás el barrio de sus afectos.
Disputas territoriales
Pobladores de la zona consultados por la Agencia de Prensa IPC no dudan en afirmar que la confrontación en la comuna 8 se recrudeció días después de la fuga de Jeisón Velázquez Pino, alias el Rolo, uno de los seis presos evadidos el pasado 1 de noviembre del centro de reclusión carcelaria El Pedregal. Dicen que el Rolo quiere recuperar lo que era suyo al momento de su captura en julio del año pasado: el mando de la estructura de La Sierra y el dominio sobre un vasto sector de la comuna 8.
Todo indica que las apreciaciones ciudadanas no distan mucho de ser verdad. “En ese sector de la ciudad se vienen presentando problemas de seguridad, situación que coincide con la fuga de alias el Rolo. La versión que tenemos es que, al parecer, el Rolo llegó a la zona a reclamarle unas armas a los combos de La Cañada y eso habría disparado la confrontación”, declara Juan de Dios Graciano, subsecretario de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno.
Pero esta vez, para derrotar a sus enemigos y conscientes que ahora son menos en número y en poder de fuego, la banda “La Cañada” se alió con un grupo más organizado, más numeroso y mejor armado: la banda de “Barrios de Jesús”, o los “BJ”, como se les conoce.
Dicha alianza no es gratuita. Ambas bandas están al servicio de alias Sebastián, quien ejerce control sobre numerosas organizaciones criminales de la comuna 9 (“Los Chamizos”, “Los BJ”; la banda de “Chaparro”, “El Salvador”, “La 40”, entre otras) y algunas de la 8. El único bastión que le falta por conquistar es precisamente La Sierra, quienes son apoyados por alias Valenciano.
Analistas de la Personería de Medellín conceptúan que la situación en la comuna 8 no es más que la continuidad de la disputa por territorios y apropiación de rentas legales e ilegales que sostienen desde el año pasado alias Valenciano y alias Sebastián. “Justamente en los sectores de la ciudad donde se ha disparado este año la conflictividad es porque hay grupos de Valenciano resistiendo la arremetida de Sebastián”, explica un investigador de la Personería de Medellín.
Desafortunadamente cómo lo muestran los hechos reciente de la ciudad, en medio de este fuego cruzado quedan las comunidades. Mientras pobladores de barrios como Las Mirlas, Villa Liliam y Villa Turbay son víctimas de desplazamiento forzado, en La Sierra sus habitantes padecen un férreo confinamiento decretado por los miembros de la banda criminal.
“En La Sierra nadie, y no exagero cuando digo nadie, puede salir si no tiene permiso de los ‘muchachos’. Hace pocos días, los integrantes del Comité Barrial de Emergencias no pudieron asistir a una capacitación que El Simpad impartió en el barrio Los Mangos. Simplemente, nos lo dejaron salir. Quien quiera salir tiene que decir para dónde va y cuánto se va a demorar. Ni le cuento lo que tiene que hacer uno cada vez que tiene que subir allá”, manifiesta Edgar*, un curtido dirigente barrial que pese a su reconocimiento en toda la comuna, hoy tiene territorios vedados para su trabajo.
La situación es analizada por la Updh de la Personería de Medellín, que además reconoce que a las víctimas de desplazamiento forzado las están despojando de sus viviendas. Esta práctica fe muy utilizada por los paramilitares a finales de la década del noventa como estrategia para combatir a las milicias. En aquel entonces, los inmuebles de los desplazados terminaron convertidos en trincheras. Tal parece que los nuevos mercenarios aprendieron bien la lección.
“Los residentes de la comuna que se han atrevido a hablar con nosotros nos han informado que en sectores como Barrios Unidos desplazaron a varias familias para utilizar las viviendas como trincheras y que tienen armas apostadas. Es una situación que tenemos que verificar”, agrega el investigador de la Personería.
Complejidad
Ni siquiera la agencia del Ministerio Público tiene una cifra exacta de cuántas viviendas han sido despojadas en los últimos meses. Para referirse al tema, Edgar prefiere utilizar una medida más coloquial: “Un montón. Lo que pasa es que la gente se está aburriendo de la situación y muchos se van del barrio. Las casas quedan solas y ellos se apoderan de ellas. En las Mirlas hay toda una cuadra donde las casas ya son de los ‘muchachos”.
El problema es más complejo de lo que ya es. Para los próximos meses se tiene proyectado el inicio de varias obras contempladas en el Proyecto Urbano Integral de la comuna 8, el modelo de intervención con el cual la Alcaldía de Medellín busca, a través de la construcción de importantes proyectos de infraestructura civil, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
Algunos proyectos, principalmente los de movilidad y recuperación forestal, tienen contemplado la compra de predios para su ejecución pero, como advierte Edgar, “¿A quién le van a comprar las viviendas que hay que derruir? ¿A los pillos que están apoderadas de ellas?”.
El Subsecretario de Orden Civil entrega un parte de tranquilidad al respecto: “Sí creemos que hay un interés de los ilegales por apropiarse de algunos sectores para acceder a recursos, pero desde el año anterior se ha venido haciendo el trabajo de sensibilización con las comunidades y estamos empleando todas las estrategias para que esto no ocurra”.
Además de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, el Funcionario Municipal advierte que para frenar esta espiral de violencia será importante la movilización ciudadana así como ampliar la oferta institucional. Pero Omaira*, habitante de toda la vida de Caicedo y quien sufre como ninguna por los problemas de su comuna, tiene sus reparos al respecto. Quizás el haber pasado por todos los cargos de participación ciudadana que la Constitución contempla le da la autoridad moral para cuestionarle al Estado el modelo de intervención adelantado hasta ahora en esa parte centro-oriental de la ciudad.
Según ella, luego del documental que dio a conocer a La Sierra al mundo entero, los ojos de la comunidad internacional y los programas de la Administración Municipal se concentraron en este populoso barrio. No demoraron en llegar programas para la primera y segunda infancia; para las mujeres gestantes, lactantes y cabezas de hogar; para los desmovilizados de las AUC y sus familias, varios de ellos con recursos internacionales.
Pero pese a estos esfuerzos, argumenta Omaira, la parte más encumbrada de la comuna continúa concentrando la mayor pobreza y la peor violencia: “Hay una fuerte vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto. Los seducen con droga que les regalan y luego resultan empuñando un arma o, lo que es peor, cargando droga. Porque, entre otras cosas, como la Policía está siendo muy férrea con eso de la extinción de dominio, las plazas de vicio ya son ambulantes y ¿quiénes cargan la droga?: los niños”.
Tal vez por ello la decisión de Gloria de abandonar su barrio. Siente que su comuna, a la que llegó hace más de cuarenta años y en dónde crío a sus hijos y estaba viendo crecer a sus nietos, ya no es un lugar seguro para ellos. Y para ella, la integridad de los suyos está por encima del amor a su pequeño terruño.
