- De acuerdo con analistas, persisten nexos entre la ilegalidad y las Fuerzas Militares
- Nuevos fenómenos criminales requieren nuevos enfoques en la política criminal
Si no se adelantan ingentes esfuerzos de depuración al interior de las Fuerza Pública y si no se adoptan nuevos enfoques en la política criminal, la lucha frontal que acaba de emprender el Gobierno Nacional contra las denominadas bandas criminales (Bacrim) será más larga, tortuosa y dolorosa de lo que se espera.
Así lo conceptúan analistas consultados por la Agencia de Prensa IPC, quienes coinciden en señalar que la estrategia lanzada recientemente por el propio ministro de Defensa, Rodrigo Rivera y que busca contener este flagelo no corrige las dificultades que afronta la Fuerza Pública en su lucha contra las Bacrim: la falta de una profunda comprensión de este nuevo fenómeno criminal y los niveles de infiltración por parte de estos grupos al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.
Según Álvaro Villarraga Sarmiento, coordinador del Área de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, “a las acciones de desarticular, desmantelar, disuadir, denegar, direccionar y difundir le faltó otra “D” muy importante: depurar. La Fuerza Pública tendrá que adelantar un fuerte proceso de depuración al interior de sus filas si quiere ganarle la batalla a las Bacrim, pues existen serios indicios de connivencia o permisividad de integrantes de las Policía y el Ejército con estas estructuras”.
Las recientes capturas de miembros de la Policía Nacional sindicados de colaborar con estas estructuras, como el caso del director de la Sijin de Florencia, Mayor César Torrijos, aprehendido el pasado 26 de enero cuando se movilizaba por carreteras del departamento del Tolima con cerca de 105 kilogramos de base de coca pertenecientes a la banda criminal de “Los Rastrojos” así como la detención, este 9 de febrero, de cinco miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en operativos realizados en la ciudad de Medellín contra la reconocida banda delincuencial “Los Triana”, hacen que las aseveraciones de Villarraga Sarmiento cobren mayor validez.
De hecho, informes de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas consignó en su informe de 2008 sus preocupaciones al respecto: “La oficina en Colombia observó que miembros de la Fuerza Pública habrían permitido y tolerado las acciones de los grupos que surgieron del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”. Asimismo, el informe de la Personería de Medellín sobre la situación de derechos humanos en la capital antioqueña para el año 2010 también señala quejas formuladas por ciudadanos sobre supuestos pactos entre integrantes de la Policía Nacional e miembros de bandas y combos.
Pese a todas alertas, la dificultad para proponer acciones en esta línea radica, según lo afirma Ariel Ávila, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, en la alta popularidad que tiene actualmente la Fuerza Pública, producto de sus victorias militares contra la guerrilla. “Las Fuerzas Militares cuentan hoy con una popularidad del 80% y eso, de alguna manera, no ha permitido debatir este tema de la depuración, que se tiene que dar, porque son evidentes los niveles de penetración que tienen estas estructuras al interior de la Policía y el Ejército”, añadió Ávila.
Batalla tardía
La decisión del Gobierno Nacional de enfrentar con total determinación la violencia generada en algunas regiones del país por las Bacrim también deja en evidencia, a juicio de los analistas, dos cosas: el poder de desestabilización que han alcanzado estas nuevas estructuras en los últimos años y la poca capacidad de reacción que tuvieron en su momento autoridades civiles y militares para atender las denuncias formuladas por organizaciones no gubernamentales y entidades veedoras del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) sobre rearmes paramilitares.
Desde el año 2006, organismos como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA y el Área de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, señalaron a estas nuevas estructuras como el principal desafío que debía resolver el país de cara a consolidar un proceso de paz y un desmonte total del paramilitarismo.
En el año 2007, por ejemplo, la Mapp advirtió en su VIII Informe Trimestral de Seguimiento al proceso de desmovilización sobre los fenómenos de rearme en municipios como Tierralta y Montelíbano (Córdoba), Caucasia, Nechí, Zaragoza (Bajo Cauca antioqueño) y otros municipios de la Costa Caribe y el sur del país. A través del monitoreo se constató cómo mandos medios de las Auc que no se sometieron al proceso de desmovilización venían conformando grupos armados que buscaban ejercer control armado y social en las antiguas zonas de influencia de bloques paramilitares como Héroes de Tolová, Central Bolívar, Mineros, Élmer Cárdenas, entre otros.
Su naturaleza, más cercana al narcotráfico y más alejada de la contrainsurgencia, llevaron a la Mapp a declarar en su XII Informe Trimestral, de octubre de 2009, que de no fortalecerse el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc se podía asistir a una profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico. “Para evitar esto último es vital el fortalecimiento de la institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una decisiva respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las estructuras”, reseñó el Informe en sus apartes.
Para la Misión también quedaron claras en su momento cuáles eran las dificultades que debía sortear la Fuerza Pública para desestructurar estas nuevas bandas. “Las estructuras armadas ilegales se caracterizan por una notable adaptabilidad y flexibilidad. Su capacidad de auto–organización les permite moldearse al entorno que las rodea y las contiene (…) esto plantea un escenario complejo para la Fuerza Pública, ya que sus acciones producen un impacto en las estructuras ilegales pero no logran su desarticulación”, consignó la Mapp en su IX informe, de julio de 2007.
Y es que, a juzgar por las cifras de los organismos de seguridad del Estado, el problema no ha estado en su falta de acción. Cifras de la Policía Nacional señalan que entre 2007 y 2008 se produjo la captura de 1.095 miembros de presuntos integrantes de estas estructuras, lo que redujo su número en más del 52%.
No obstante, la misma Policía Nacional reconoció en 2010 a través del director de seguridad de la Institución, General José Roberto León, que entre 2008 y 2009 se había incrementado el número de integrantes de las Bacrim en cerca del 85%, al pasar de 2.000 a más de 3.900.
Análisis del Área de DDR de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación muestran que dicho aumento obedeció a las alianzas establecidas con otros grupos emergentes o guerrilleros, los reagrupamientos, el reclutamiento de jóvenes, la cooptación de bandas de delincuencia organizada y la capacidad para apropiarse de recursos provenientes de economías ilícitas.
Hoy, analistas como Álvaro Villarraga, coordinador del Área de DDR, estima que unos 6.000 hombres integran las cinco bandas criminales reconocidas hasta ahora en el país: “Paisas”, “Rastrojos”, “Urabeños”, “Erpac” y “Águilas Negras”.
“Se desconoce al enemigo”
De acuerdo con Ariel Ávila, la amenaza que representan actualmente las Bacrim para la seguridad nacional estriba en el desconocimiento que tiene el Gobierno nacional de los nuevos fenómenos criminales en los que se fusionan los aprendizajes de ejércitos irregulares como los paramilitares con las prácticas mafiosas, las dinámicas de la delincuencia organizada y el negocio del narcotráfico.
“Durante 30 años, el Estado colombiano ha mantenido un enfoque de seguridad nacional, priorizando la lucha contra las guerrillas, campo en el que ha tenido notables éxitos en los últimos años pero ha dejado en un segundo plano la seguridad urbana. En ese campo, la lucha se enfoca contra la delincuencia común. ¿Qué pasa ahora? El Sistema de Inteligencia de la Policía sigue enfocado en combatir esa delincuencia común, pero lo que es el crimen organizado no lo está combatiendo”, manifestó Ávila.
Para el coordinador del Observatorio de Conflicto Armado de Nuevo Arco Iris, prueba de lo anterior lo constituyen las diversas estrategias implementadas por el Gobierno nacional desde 2006, cuyos resultados no han sido los esperados. Ya en 2006, y preocupado por las persistencias denuncias sobre el accionar de estos grupos emergentes surgidos del paramilitarismo, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, impulsó la creación de Bloques de Búsqueda especiales contra las bandas criminales.
Pero pese a capturas importantes, como la de Ever Veloza, alias “H.H”, Daniel Rendón Herrera, alias don Mario o la de alias “Rene”, sindicados de ser los máximos cabecillas de nacientes estructuras armadas, esto no significó su desmantelamiento. Incluso, la propia Mapp de la OEA advirtió en 2008 que tras los golpes propinados por la Fuerza Pública, las Bacrim habían aprendido a replegarse, reorganizarse, fortalecerse y expandirse.
Lo anterior obligó a las autoridades a crear, en 2009, una comisión para combatir las Bacrim y en la que tenían responsabilidades el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, Central de Inteligencia Conjunta, la Dirección de Carabineros, la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda.
Dicha comisión priorizó varias zonas neurálgicas como Urabá; Córdoba, Sucre, Bajo Cauca antioqueño; Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guanía; Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Norte de Santander y Nariño. Hoy, la violencia persiste en varias de ellas pese al aumento del pie de fuerza militar. “Y con la nueva estrategia realmente no veo muchas diferencias. Hay una serie de buenas intenciones, pero como estrategia de seguridad como tal, no se observan mayores elementos”, acotó Ávila.
Y es que, a juicio de Villarraga, el fenómeno de las Bacrim va mucho más allá de un problema netamente criminal. “El ex presidente Álvaro Uribe, consecuente con su discurso de que se trataba de delincuentes, le dio un tratamiento muy policivo a las Bacrim. Eso, sin lugar a dudas, fue una gran falla pues subestimó el poder de estos grupos. Lo preocupante es que el Gobierno nacional aún no tiene suficientemente claridad sobre la naturaleza de estos grupos”.
“Hay uso de armas bélicas –continuó el coordinador del Área de DDR- mantienen ciertas redes de colaboración con agentes estatales, están dedicados de lleno al narcotráfico pero hay presión sobre las comunidades y control de territorios; mantienen las amenazas contra cualquier expresión de organización o participación ciudadana en las zonas donde operan; en fin, es un fenómeno mucho más complejo de lo que se ve”.
Como se observa, derrotar a las bandas criminales, hoy tema de preocupación nacional, requerirá mayores esfuerzos por parte del Estado pues como lo sostienen tanto Álvaro Villarraga como Ariel Ávila, no bastarán ni el aumento de penas, ni el incremento de pie de fuerza. La tarea demanda enfoques innovadores en la política criminal y ahí es donde está el verdadero reto.
