Inicio Derechos Humanos Tarazá vuelve a ser epicentro de la tensión cocalera en Antioquia

Tarazá vuelve a ser epicentro de la tensión cocalera en Antioquia

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  •   Campesinos señalan no estar presionados ni infiltrados por ningún grupo armado
  •   De no lograrse un acuerdo, podrían sumarse más campesinos en las próximas horas

Las autoridades de Tarazá han manifestado su preocupación ante la falta de recursos para atender esta emergencia. Foto: archivo.
Luego de haber conjurado en enero del presente año el desplazamiento masivo de cerca de seis mil campesinos en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, el Gobierno Departamental vuelve a enfrentarse a una nueva movilización campesina que tiene como trasfondo la erradicación de cultivos ilícitos.

 

Esta vez, la concentración se registra en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, a donde llegaron desde el pasado 18 de febrero más de dos mil campesinos provenientes de Ituango, Valdivia y los corregimientos La Caucana, El Guaimaro y Puerto Antioquia de Tarazá, para exigirles a las autoridades locales y nacionales el cese inmediato de las aspersiones aéreas del fungicida glifosato en esa región del departamento.

La movilización, aseguran los labriegos, se origina a raíz de los daños que vienen causando las fumigaciones aéreas en las plantaciones de cacao, plátano, caucho y café, las mismas que fueron otorgadas por el Gobierno Nacional en 2008 como parte de los acuerdos suscritos por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y los campesinos del Bajo Cauca antioqueño durante las conversaciones que permitieron levantar el paro cocalero registrado entre el 6 de abril y el 20 de mayo de ese año en los municipios de Valdivia y Tarazá.

Como se recordará, luego de las intensas protestas generadas por las fumigaciones aéreas, donde también se dijo que fueron presionadas por el 9 Frente de las Farc, los casi seis mil campesinos congregados en las localidades antes mencionadas regresaron a sus parcelas con el compromiso de no volver a sembrar coca a cambio del otorgamiento de proyectos agrícolas productivos, capacitación y asistencia técnica y un mayor acompañamiento por parte del Estado.

Pero según José Herrera, líder campesino de Valdivia y quien participó tanto en las jornadas de 2008 como en la actual movilización, una de las partes incumplió los compromisos pactados, pues a pesar de que la Gobernación de Antioquia apoyó la sustitución de cultivos en los municipios del Bajo Cauca antioqueño y los campesinos no estaban sembrando coca, a finales de 2009 se registraron esporádicas fumigaciones aéreas y desde finales de 2010 se reiniciaron los sobrevuelos en la región, afectando sendas hectáreas de pancoger.

“En la vereda El Pescado, de Valdivia, la Gobernación de Antioquia, con el apoyo de OIM, entregó de a tres hectáreas de cacao para más de 30 familias. Pero llegó la avioneta y acabó con todo eso. En Santa Rita (Ituango) la avioneta les quemó a unos campesinos unos cultivos de café que estaban sembrando por cuenta propia para acabar con la coca. En estos momentos esas familias se quedaron con las manos cruzadas y los estómagos vacíos”, indicó.

Por ello, además de exigir la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas, una indemnización integral por los perjuicios causados y mayor acompañamiento estatal, el labriego, en nombre de los dos mil campesinos concentrados en el Coliseo de Tarazá, hizo un llamado a las autoridades civiles y policiales para que no criminalice una protesta que hasta el momento se ha caracterizado por su naturaleza pacífica.

“A nosotros nadie nos está presionando ni estamos influenciados por las Farc, como ha dicho el señor Gobernador y el comandante de la Policía de Antioquia. Nosotros salimos por nuestra cuenta y voluntad. Si quieren fumigar para acabar con la coca, que lo hagan que nosotros les desocupamos todas las veredas pero eso sí: que nos den de comer aquí en el pueblo, porque lo que están haciendo es dañar todos los cultivos lícitos, incluso, los que nos dio el Gobierno para erradicar la coca”, agregó Herrera. 

Presencia de cultivos

Para Carlos Alberto Vallejo, director de la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, la decisión final sobre la aspersión con glifosato reside en el Gobierno Nacional. “Nosotros nos tenemos que supeditar a lo que diga el Gobierno Nacional en esa materia. Además, hay un tema complejo con las minas antipersona y con los ataques a los erradicadores manuales que no deja otra alternativa que la fumigación aérea”, sostuvo el Funcionario.

De acuerdo con Vallejo, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional, la región del Bajo Cauca continúa registrando un número importante de hectáreas sembradas con hoja de coca. “Ese es el flagelo nuestro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para erradicar estos cultivos, pero hay resiembra y lo delicado es que donde hay coca, hay un cultivo lícito, eso es muy complicado”, añadió.

Según informes de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para finales de 2009 el departamento registraba un total de 4.554 hectáreas sembradas con hoja de coca de las cuales, 1.212 se encontraban en el Parque Nacional Nudo de los Paramillos. Por su parte, datos del Centro de Coordinación Regional para el Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia, señalan que en los últimos cinco años se lograron erradicar 16 mil hectáreas de hoja de coca en cinco municipios de estas subregiones, bien por vía de erradicación manual como por vía aspersión con glifosato.

No obstante, José Herrera señaló que la persistencia de cultivos ilícitos en la región obedece también a supuesta connivencia de los erradicadores manuales con cocaleros propietarios de extensos sembradíos: “Existen corredores que los propios grupos de erradicadores no tocaron. Los grandes cocaleros que tenían plata pagaron y no les arrancaron las matas, pero los que no, a esos sí les erradicaron. Nosotros les hemos dicho eso a las autoridades”.

“Nuestra protesta no es a favor de la coca –continuó el labriego- porque incluso los campesinos estamos sembrando cacao, café y plátano para acabar con  los cultivos ilícitos. Pero están acabando con todo por igual. Y tampoco es el hecho de decir que nos van a pagar los cultivos lícitos que dañen. La cuestión no es de plata; es el futuro de nuestros hijos”.