- Personero municipal fue señalado por el Alcalde de Medellín de participar en política
- Existe preocupación al interior de la entidad por debilitamiento de la Updh
En Medellín, los cuestionamientos de la Alcaldía Municipal frente a la labor que desarrolla la Personería en defensa de los derechos humanos no cesan y, lo preocupante, es que ya comienzan a generar malestares e incomodidades entre los funcionarios de esta agencia del Ministerio Público.
Los reiterados reparos realizados por el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, así como por el secretario de Gobierno Municipal, Juan Felipe Palau, a los informes de derechos humanos producidos por la Personería en los que se señala que, pese a la acción de las autoridades civiles y policiales, las afectaciones generadas por la guerra entre bandas criminales que padece la capital antioqueña continúan en ascenso, no tienen de buen humor ni al personero Municipal, Jairo Herrán Vargas ni a la Personera Delegada para los Derechos Humanos (Updh), Ana Patricia Aristizábal.
Si bien las críticas a las investigaciones de derechos humanos elaboradas por esta Agencia han sido constantes durante la actual administración municipal, la “gota que rebosó la paciencia” se generó el pasado mes de enero luego de la presentación del informe sobre la situación de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín.
En dicho informe la Personería advirtió un incremento del 130% en el mes de enero de 2011 en comparación con el mismo mes del año anterior. Tales cifras no fueron compartidas por el alcalde municipal, Alonso Salazar Jaramillo, quien declaró ante medios periodísticos locales que “la Personería recibe las denuncias, pero no hace seguimiento de qué pasó con esos casos de desplazamiento”, y agregó: “A mí sí me gustaría revisar esas cifras, que la Personería nos diga dónde están esos desplazados”.
La solicitud de revisión no es nueva. En noviembre de 2010, la Alcaldía de Medellín le había solicitado a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá que verificara la autenticidad de la información suministrada por la Personería en materia de desplazamiento forzado intraurbano. El resultado de dicha diligencia quedó consignado en un acta de visita especial en la que se señala que la información no sólo es veraz, sino que se le da un manejo adecuado y pertinente.
Previo a esta inspección, el actual Secretario de Gobierno Municipal le había solicitado a la Updh copia de un número determinado de declaraciones de desplazamiento a fin de “verificar algunas informaciones”. Aunque el jefe de Despacho, Juan Felipe Palau, dijo que desde la Administración Municipal nunca se ha descalificado la veracidad de los informes de la Personería, sí afirmó que la municipalidad “necesita conocer los rostros de esos desplazados a fin de prestarles una mejor atención”.
Lo que advierten funcionarios del Ministerio Público es que las observaciones de Palau, además de poner en entredicho la rigurosidad del trabajo que adelanta esta Agencia, carecen de todo fundamento debido a que buena parte de la información sobre los desplazados forzados intraurbanos reposan también en la Gerencia del Desplazamiento, entidad adscrita a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín y que en 2010 debió realizar dos adiciones presupuestales a fin de poder garantizar atención eficaz y oportuna a las víctimas de este delito.
“Ahora, nosotros no podemos entregarle a la Alcaldía las declaraciones que rinden las víctimas de desplazamiento porque están amparadas por una reserva legal. Sólo se las podemos entregar a los funcionarios de la rama judicial. Llevamos muchos tiempo reiterándole a la Alcaldía esa situación”, expresó Jairo Herrán Vargas, personero de la ciudad, quien no ocultó su malestar por la reacción del Alcalde frente al informe.
“La Alcaldía siempre ha mostrado su inconformidad frente a los informes que realiza la Personería, no sólo ahora sino desde un comienzo. Año por año se han cuestionado nuestros informes y ahora, el Alcalde nos cuestiona diciendo que el Personero está en campaña política. Estas afirmaciones son muy graves, tanto para la Institución como para el Personero”, agregó Herrán Vargas, quien precisamente ya le solicitó a la Procuraduría Regional adelantar una investigación disciplinaria en su contra a fin de aclarar esta situación.
Pide claridad
Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh). Desde su creación, la Updh se ha consolidado como una dependencia de asesoría, orientación y atención inmediata e ininterrumpida ante posibles violaciones o amenazas de vulneración de los derechos humanos en la ciudad.
Para garantizar su funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, la Alcaldía de Medellín y la Personería Municipal firmaron un convenio de cooperación el 17 de enero de 2005, con una duración de dos años pero prorrogables automáticamente por el mismo periodo si las partes no presentan objeción alguna. El alcalde Alonso Salazar, quien fue uno de los impulsores de la iniciativa cuando fue Secretario de Gobierno, decidió reforzar las labores de la dependencia al comprometerse a pagar los honorarios de 13 abogados y cinco auxiliares administrativos.
La alta demanda por parte de la ciudadanía, la Personería se vio obligada a incrementar el número de los profesionales en Derecho, hasta llegar a un total de 16, pues la situación de la ciudad ha generado gran volumen de consultas de asesoría jurídica, convirtiendo a estos funcionarios en piezas vitales para la atención de la ciudadanía.
Sin embargo, esa fortaleza que hoy tiene la Updh se ve amenazada por la reducción de profesionales en esta área pues desde mediados del año anterior tres abogados pagados por este convenio se encuentran desarrollando sus labores en la Oficina de Asesoría en Derechos Humanos y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno, oficina que creó el anterior coordinador de la Updh, Jorge Eliécer Ceballos, actualmente subsecretario de Apoyo a la Justicia.
Lo preocupante es que la Secretaría de Gobierno ha propuesto reducir el número de profesionales de la dependencia a 10, decisión que tendría un impacto directo en el funcionamiento de esta Unidad, pues se verían en la necesidad de triplicar sus turnos para realizar las 150 atenciones que en promedio se presentan diariamente.
“El Concejo de Medellín le entregó a la Secretaría de Gobierno un presupuesto para el manejo de la Updh, pero la Secretaría se llevó unos abogados para su oficina en Derechos Humanos con ese presupuesto. Eso deberá ser objeto de revisión por parte de la Procuraduría o de la Secretaría de Hacienda”, expresó Ana Patricia Aristizábal, coordinadora de la Updh.
Al respecto, un documento publicado en el sitio web de la Alcaldía de Medellín llamado medellinsinrumores.com y firmado por la Secretaría de Gobierno, aduce que además de que la Personería no es la única competente para trabajar temáticas en derechos humanos, los profesionales fueron quienes tomaron la iniciativa de irse a laborar a su despacho. Lo que no aclara el comunicado es si los mismos son pagados por el convenio que permite el funcionamiento de la Updh.
Para la coordinadora de la Unidad, la discusión no se centra en si es competencia única o no del Ministerio Público la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía. “Entre más entidades trabajemos estos temas, mejor. Pero lo que no está bien es utilizar los recursos de la Unidad para fortalecer otras dependencias. Cuando crearon esta Unidad el contexto era otro. Hoy tenemos una alta conflictividad y si en vez de fortalecernos se llevan nuestros funcionarios pagados con este convenio para otros despachos, eso es debilitarla”, aseveró.
Lo cierto del caso es que la Updh se ha convertido en un espacio valioso para la ciudad, a la cual no le vendría mal articularse a otras iniciativas como, por ejemplo, la Oficina de Asesoría en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, aunque para ello se deben eliminar, inicialmente, todas las suspicacias posibles.
