“Cada que el Gobierno nacional hace un anuncio sobre restitución, llegan ‘ellos’ y aprietan más duro a las comunidades”, dice Carlos Páez, vocero de las víctimas de despojo de tierras del Urabá antioqueño y miembro de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida. Su frase revela la dramática realidad que viven los campesinos que adelantan acciones jurídicas para reclamar sus tierras en la región agroindustrial.
Y es que no obstante los anuncios del Gobierno nacional de enfrentar con determinación a los violentos que se oponen a su política de restitución, la mejoría en materia de seguridad, según Carlos, aún no se ve. Para corroborarlo, señala que en lo que va corrido del año, dos integrantes de la recién creada Asociación Tierra y Vida, que recoge a los miembros de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), han tenido que abandonar la región por cuenta de amenazas contra sus vidas.
Para la Asociación, lo preocupante en estos casos es que los estudios de riesgo por parte de las autoridades arrojaron como resultado un “nivel ordinario”, lo que no permitió el otorgamiento de esquemas especiales de protección. Por ello, prefieren dejar sus hogares y residenciarse en otras ciudades del país. El caso más reciente se presentó a finales del mes de marzo. “Nos enteramos de las intenciones de un grupo armado de atentar contra la abogada de la Asociación. Ahora ella está viviendo en otra ciudad porque no cuenta con protección para estar en la región. El estudio de riesgo también le dio ordinario”, señala Carlos.
Las intimidaciones no son sólo para los miembros de la organización. Campesinos que han decidido adelantar sus procesos por su propia cuenta también han recibido presiones por parte de hombres armados para que desistan de sus reclamaciones.
Recientemente, la Agencia de Prensa IPC dio a conocer el caso de José Vicente Manco, a quien la Fiscalía 17 Delegada ante el Tribunal de la Unidad de Justicia y Paz le restableció el pasado mes de enero, el derecho que tenía sobre el predio El Bálsamo, ubicado en la vereda Río Turbo, corregimiento El Dos, municipio de Turbo y que le había sido usurpada en el 2004 por hombres al servicio del ex jefe paramilitar Ever Veloza, alias “H.H”. Pese a la decisión judicial, el campesino sigue sin poder retornar a su finca debido a las fuertes intimidaciones.
De ahí que los anuncios de entrega de títulos por parte de las autoridades nacionales causen más preocupaciones que alegrías. Para las próximas semanas, por ejemplo, el Gobierno nacional anunciará la entrega de cerca de ocho mil hectáreas de tierras contempladas dentro de su plan de choque de restitución. Se trata de los predios Paquemás, ubicado en el corregimiento El Tres del municipio de Turbo; la Joba, en el corregimiento El Totumo del municipio de Necoclí; La Guacamaya y La 14, en el corregimiento Bajirá del municipio de Mutatá.
Si bien se trata de una medida importante que busca agilizar las acciones de reparación y restitución a las víctimas del conflicto armado, la preocupación entre los campesinos radica en que sus tierras aún se encuentran en manos de los ocupantes de mala fe. “Y no sabemos cómo va a hacer el Gobierno nacional para sacar a esos ocupantes y estamos hablando de 500 personas y sus respectivas familias que recibirán nuevamente sus títulos”, expresa Carlos Páez.
Para dimensionar la situación, el vocero de las víctimas declara que: “si a nosotros, que somos directivos de una asociación de victimas de la región, que interactuamos con el alto Gobierno y con organizaciones internacionales, nos amenazan de esa manera y no nos dan protección debida. ¿Qué podremos decir entonces de los campesinos?”.
Quién los amenaza
Julián* un campesino que debió abandonar la región debido a un atentado que por poco le cobra la vida y que fue consultado por la Agencia de Prensa IPC, manifiesta que los ocupantes de las tierras, principalmente ganaderos, han manifestado públicamente sus intenciones de defender hasta sus últimas consecuencias lo que consideran les pertenece.
De acuerdo con sus denuncias, los propios ganaderos están pagando a hombres armados para que profieran las amenazas: “En mi caso, el atentado me lo hizo un testaferro de la zona, que le pagó a la gente de (alias) Giovani para que me matara. Todo porque yo estoy reclamando lo que me quitaron hace años”.
Entre los nombres mencionados por el labriego figuran empresarios, profesionales que hoy poseen tierras en Urabá; hijos y familiares de reconocidos paramilitares como Carlos Ardila, alias “Carlos Correa”; potentados llegados recientemente a la zona como Jaime Uribe; Humberto Echeverri y Diego Fernando Echeverrí y personas señaladas como testaferros de los paramilitares como Julio Arcesio Gómez, entre otros.
De hecho, el propio vicepresidente de la República, Angelino Garzón, mediante oficio fechado el 29 de septiembre, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar la responsabilidad de estos hacendados en el despojo de cientos de hectáreas de tierra a humildes campesinos del corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí. La petición se realizó días después del asesinato de Hernando Pérez, campesino reclamante que fue acribillado el 19 de septiembre de 2010 en el municipio de Necoclí.
Pero a las amenazas de muerte contra campesinos también se suma la estrategia de desprestigio del proceso de reclamación que vienen realizando poderosos sindicatos de la región, según lo declara Carlos Páez, quien también agrega que representantes del sector ganadero viene contactando a los reclamantes de tierras para que negocien sus propiedades con los victimarios. “Pero bajo las condiciones de ellos. Si yo quiero vender mi predio, estoy en mí derecho y soy yo quien pongo las condiciones. Pero no como ellos lo están haciendo. Que pagan tanto y no más. Con el mismo método del pasado”, afirma el vocero de las víctimas.
De acuerdo con su versión, hasta funcionarios de la Gobernación de Antioquia han venido llamando a los campesinos en los últimos meses para que entablen negociaciones con quienes ocupan las tierras despojadas: “Hay una funcionaria de la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia que ha llamado a varios compañeros, entre ellos a mí, para decirnos que por qué no negociamos con el señor que tiene la finca. Ella dice que los poseedores son de buena fe, que las posibilidades de hacer negocio están ahí. Pero cuando nosotros pedimos lo que creemos vale nuestra tierra ahí si se aterra y dice que nosotros estamos abusando”.
Pero, tal como lo sostiene Julián, quien también viene haciendo un proceso de reclamación de 35 ha de tierra en el municipio de San Pedro de Urabá, la consigna entre los campesinos es no vender la tierra: “Es que si la vendemos, los que compran son los mismos que nos sacaron de ella. Además, yo le puedo decir que el 90% de los campesinos desplazados y despojados quiere regresar a su tierra”.
La pregunta entonces es ¿cómo? Para escuchar una respuesta alentadora, tanto Carlos como Julián esperan que el presidente de la República, Juan Manuel Santos o sus ministros de Agricultura, Defensa e Interior y Justicia visiten la zona y hablen con los campesinos. “Y que les digan cómo los van a proteger. Nosotros vemos muy buena voluntad, hay anuncios importantes, pero nos preocupa la seguridad. ¿Qué quiere el campesino? Quiere tener la tranquilidad de saber que puede volver a su tierra y nadie lo va a echar. Y eso es lo que queremos que nos diga el Gobierno. Cómo nos va acompañar”, sentencia Carlos Páez.
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente
