- Pese a acciones de la Administración Municipal, persisten los homicidios
- En diversos barrios se presentan fenómenos como toques de queda ilegales
En Itagüí, municipio del sur del Valle de Aburrá que padece una delicada situación de orden público desde hace dos años, los homicidios no muestran una reducción significativa. Por el contrario, en más del 50% de sus barrios persisten las extorsiones, las fronteras invisibles y las confrontaciones y todo indica que en algunos de ellos, la situación se recrudecerá.
Así lo revela un informe elaborado por la Corporación Itagüí Nueva Gente donde se consignan las principales vulneraciones a los derechos humanos registradas en esta localidad durante el 2010 y los primeros meses de 2011. Allí se reseña que entre el 1 de enero y el 20 de abril del presente año se cometieron en Itagüí 70 homicidios, siendo la semana entre 11 y el 16 de abril la más violenta al presentarse 11 asesinatos. La cifra es menor en sólo cuatro homicidios con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que a juicio del informe, “evidencia una constante en las cifras de asesinatos en la localidad”.
En todo 2010 se registraron en Itagüí un total de 315 homicidios, convirtiéndolo en el municipio más violento del departamento, sólo detrás de Medellín y superando incluso a otras localidades antioqueñas que también padecen las consecuencias de la confrontación entre bandas criminales como Caucasia, donde se cometieron 183 homicidios el año pasado, Bello (123 asesinatos) y Apartadó (71).
Según Carlos Andrés Cardona, directivo de la Corporación, lo anterior se debe a la férrea confrontación que mantienen las bandas delincuenciales de La Unión y Calatrava por el control de las rentas ilegales, la hegemonía de la criminalidad y el dominio sobre los más de 20 combos que operan en todo el municipio.
“Hemos identificado más de 20 bandas en el municipio como El Guayabo, El Rosario, El Pedregal, El Hueco. Y la guerra entre la Unión y Calatrava también es por la cooptación de estas bandas. Bajo este panorama podemos afirmar que Itagüí se convirtió en el eje de desarrollo de la criminalidad en el Valle de Aburrá”, manifestó Cardona.
En un pasado reciente ambas estructuras trabajaron juntas para miembros de la llamada “Oficina de Envigado”, como lo fue Alirio de Jesús Rendón, alias el “cebollero”. Pero luego de la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don “berna” y la posterior captura de alias el “cebollero”, ambas bandas comenzaron a tomar “vuelo propio” aprovechando para ello el poderío, aprendizaje y dominio territorial que alcanzaron bajo la sombra de la “Oficina”.
Para agravar la situación, los llamados “herederos de la Oficina”, alias “Valenciano” y “Sebastián”, han atizado el fuego de la guerra y si bien es difícil establecer quién está con quién, sí se puede afirmar que cada banda ha buscado fortalecer su accionar buscando apoyos en estos poderosos capos. De acuerdo con el Informe, las seis comunas de la localidad han padecido esta confrontación, aunque las situaciones más críticas se registran en la 1, 2, 4 y 5 así como en las veredas El Porvenir, El Ajizal, El Manzanillo, El Progreso y Los Gómez del corregimiento El Manzanillo.
Asimismo, la Corporación señala que quienes más padecieron –continúan padeciendo- los efectos de esta guerra entre bandas delincuenciales fueron los jóvenes y niños escolarizados. El Informe documenta el asesinato de tres jovencitas en momentos en que se dirigían a sus Instituciones Educativas. También consigna la situación registrada el 13 de mayo de 2010 donde las directivas de la institución educativa Enrique Vélez Escobar (EVE), de la vereda El Ajizal, reunieron a los estudiantes para informarles que debido a una presunta amenaza de un ataque en las instalaciones del plantel iban a ser llevados a sus casas por efectivos de la Policía Nacional.
Situaciones como esta derivaron en numerosos desplazamientos forzados intraurbanos, principalmente entre la comunidad académica. Según Itagüí Nueva Gente, un total de 1.100 estudiantes solicitaron traslados a otras instituciones educativas por motivos ligados al conflicto armado. “No tenemos la cifra de cuántos terminaron. Pero sí sabemos que muchos de ellos no pudieron continuar con sus estudios”, señaló Carlos Andrés Cardona.
Entre los apartados del Informe figuran varios casos de abusos de la Fuerza Pública. Según denuncias recopiladas por la Corporación, en algunos barrios de la localidad se ha vuelto costumbre que miembros de la Policía Nacional capturen a los jóvenes para luego ser liberados en territorios donde, por razones del conflicto, no pueden transitar.
“Otra de las denuncias, no confirmadas, que hemos recibido en la Corporación se refiere a casos de las detenciones de personas, integrantes de un bando (estructuras armadas ilegales), los cuales son paseados por las zonas de otros bandos y en el peor de los casos son entregados a los integrantes de otras estructuras armadas. Sin embargo, mencionamos este caso con la intención de que los entes de control investiguen a fondo, pues nuestro sustento, en este caso, son las denuncias ciudadanas”, reza el Informe en sus apartes.
La Corporación también señala como “punto neurálgico” la actitud de la Administración Municipal, “cuya política de silenciamiento u ocultamiento de la situación de orden público ha resultado perjudicial para Itagüí”. Por último, la Corporación propone convocar a una mesa municipal por la paz y la convivencia, “la cual debe gozar de toda la legalidad y legitimidad, donde participen las fuerzas vivas del municipio y funcionarios públicos que tengan capacidad para tomar de decisiones administrativas”
Igualmente, realizar una marcación simbólica denominada “Instituciones Educativas: Territorios de Paz” y, desde allí, hacer un trabajo de sensibilización a la comunidad educativa y a la comunidad en general, “donde se invite a evitar las vulneraciones de los derechos humanos, de esta forma se le va quitando terreno a los violentos que han causado tanto mal en las Instituciones Educativas”.
