- Reuniones entre Ministerio de Vivienda y alcaldes de la región, entre las acciones
- Según estimativos de autoridades, déficit de vivienda en Urabá podría llegar a 8.500
Conjurada la crisis desatada por las invasiones masivas a predios baldíos y de particulares registradas en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Necoclí, Urabá antioqueño, surgen ahora las reflexiones sobre lo que pasó y la planificación de acciones para que lo vivido entre el 6 y 9 de mayo en la región agroindustrial, no se vuelva a repetir.
Según lo pudo conocer la Agencia de Prensa IPC, una de esas acciones será la realización de un gran foro social el próximo 2 de junio, en sitio aún por definir, y donde estarían presentes funcionarios del Alto Gobierno como la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministro de Agricultura, representantes de los gremios económicos y líderes sociales del Urabá antioqueño. Allí se espera abordar temáticas como la restitución de tierras a los campesinos, la posible creación de zonas francas, el impulso de la agroindustria y, en términos generales, el modelo de desarrollo que debe implementar la región.
En esa misma línea, otra de las acciones trazadas fue la concertación de reuniones entre la jefe de la cartera de Vivienda, Beatriz Uribe, con los alcaldes de los 11 municipios del Urabá, las cuales comenzaron este miércoles 11 de junio y en donde se abordaron nuevos planes de construcción y mejoramiento de vivienda para los habitantes de la región.
Simultáneamente, las autoridades departamentales y locales continuarán las indagaciones para tratar de establecer quien promovió las invasiones y revueltas. Según lo ha manifestado a diversos medios de comunicación el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se está tras la pista de varios aspirantes a corporaciones públicas e incluso concejales de la región quienes presuntamente agitaron a los campesinos para que invadieran baldíos y fincas particulares para asegurar votos en los próximos comicios electorales.
El compromiso, según lo corroboraron integrantes de organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en la región como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), era que una vez pasadas las elecciones, el candidato se comprometía a adelantar las legalizaciones respectivas.
Vivienda: clamor general
Pero así como los indicios apuntan a que se trató de un asunto motivado por intereses “politiqueros”, tampoco es descabellado pensar que se trató de una protesta ciudadana motivada por un generalizado descontento popular. Y es que mientras el Urabá antioqueño se consolida como la “mejor esquina de Antioquia”, donde sectores como el agroindustrial –y recientemente el comercial- se fortalecen progresivamente, los serios –e históricos- problemas de inequidad, pobreza y exclusión continúan sin resolverse.
La encuesta de calidad de vida elaborada en 2009 por una comisión tripartita de la que hicieron parte el Área Metropolitana, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, señaló que las subregiones del departamento con los indicadores de condiciones de vida más bajos en Antioquia eran el Bajo Cauca y el Urabá. Traducido a un porcentaje, da que el 91% de la población vive en condiciones de pobreza. Dicho porcentaje era aún más alto en las zonas rurales siendo, de lejos, las más altas de todo el departamento.
Y si el reclamo de los “invasores” era por la falta de vivienda digna, la encuesta, de algún modo, les da la razón. La región presentó el porcentaje más alto de hogares en viviendas inadecuadas (28.12%), es decir, hogares que habitan en inmuebles con pisos de tierra, paredes de bahareque, guadua, caña o madera burda. El porcentaje de hogares en condiciones de miseria, con dos o más necesidades básicas insatisfechas, eran los más altos de todo el departamento, con un 26.02 %.
A esto se le suma que los planes de vivienda de las alcaldías municipales no avanzan con la celeridad que demanda la población. Estimativos de sectores empresariales y sociales de la región señalan que el déficit de viviendas en Urabá podría estar cercano a las 8.500. De hecho, sólo en Chigorodó, hay un déficit de por lo menos 1.500, según le manifestó a la Agencia de Prensa IPC el alcalde municipal, Manuel Riascos, quien agregó que si bien se incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal tres proyectos para darle solución a esta problemática en un 50%, no se ha podido avanzar.
Problema histórico
Entre finales de la década del 80 y principios de los años 90, el EPL promovió varias invasiones colectivas en el Urabá antioqueño. Quizás la más recordada fue el caso del barrio La Chinita, registrada a principios de la década del 90 en el municipio de Apartadó, que en su momento llegó a ser la invasión urbana más grande del Urabá antioqueño.
“Y eso generó una gran crecimiento, pero sin planificación”, agregó Agudelo. En su concepto, el hecho que localidades como Carepa, que sólo tiene 30 años de vida municipal y hoy cuenta con una población superior a los 50 mil habitantes, sólo haya podido resolver el año anterior el problema de acueducto para un número importante de barrios de invasión surgidos en los años 90, da cuenta de la complejidad de la situación.
“Es cierto que en las invasiones de este fin de semana participaron trabajadores de las fincas bananeras, que devengan sueldo fijo y cuentan con prestaciones sociales. Pero dejaron en evidencia que así, con sueldo y todo, no tienen acceso a vivienda digna. El centro de lo que pasó en Urabá es la vivienda. Y es bien cierto que los gobiernos departamental y locales han avanzado en el tema, la complejidad del problema excede la capacidad de respuesta de los gobernantes”, expresó el ex alcalde.
Para el sector agroempresarial, quizás uno de los actores más importantes de la región, el tema también pasa por un mayor y decidido acompañamiento estatal. Según Roberto Hoyos Ruíz, presidente de Augura, en los últimos 10 años el sector bananero ha liderado proyectos de soluciones de vivienda cercanos a lo 8.500 inmuebles, “pero a pesar de todas estas viviendas que hemos construido con el apoyo de las fundaciones sociales, la vivienda sigue siendo un problema grave en la región”.
La dificultad, de acuerdo con el dirigente gremial, es que el Gobierno central aún no se ha comprometido plenamente con el Urabá, no obstante el fortalecimiento de la presencia estatal en la región. “Hace 20 años uno hablaba de Urabá en Bogotá y la gente se asustaba. Hoy ya se mira este territorio como polo de desarrollo. Sin embargo, aún sigue siendo deficitaria la presencia estatal en muchos aspectos y por eso es que se necesita el compromiso de todos los sectores porque situaciones como las que se presentaron empañan la imagen de la región”, manifestó Hoyos Ruíz.
