- Víctimas y ONG insistirán ante las autoridades en cierre de todas las escombreras
- Acusan lentitud en diseño de planes de exhumación, pese a la existencia de recursos
Ese día, un hombre de los que llegó a “mandar” en la comuna 13 luego de la recordada Operación Orión, en octubre de 2002, tocó la puerta de la casa de la familia Mejía diciendo que necesitaba hablar con Hermey. El relato que los familiares han logrado reconstruir hasta ahora da cuenta de que el joven fue llevado por dos extraños hasta el sector conocido como “el reversadero”, barrio El Salado. De ahí en adelante, nadie sabe más. Es como si la tierra se lo hubiera tragado.
Para ese entonces Andrea tenía 12 años. El pasado 5 de mayo celebró su cumpleaños número 20 y su hermano ajustó ocho años, cuatro meses y 17 días de desaparecido. La única esperanza de Andrea y su familia de encontrar noticias sobre Hermey yacen debajo de cientos de toneladas de escombros que diariamente se arrojan a las escombreras ubicadas en la parte alta de la comuna 13.
“La gente del (sector) reversadero que todavía vive por aquí cuenta que veían pasar a los paramilitares con sus víctimas, que subían hasta las escombreras y luego bajaban solos. Todo apunta a que mi hermano está enterrado ahí. Pero mientras sigan arrojando escombros, cada día va a ser más difícil encontrar su cadáver, darle cristiana sepultura y descansar de esta pesadilla”, dice Andrea.
El pasado 21 de mayo, un grupo cercano a las 100 personas protagonizaron una marcha que recorrió el mismo camino utilizado por los paramilitares para desaparecer a sus víctimas. La caravana luctuosa, en la que también estuvo la joven, terminó en las escombreras. Dos proclamas retumbaron por callejones, callejuelas y escaleras de la comuna a lo largo del trayecto: ¡Qué se sepa la verdad!, ¡Que cierren las escombreras!
¡Que las cierren!
En noviembre de 2008, luego de varias manifestaciones públicas llevadas a cabo por los familiares de las personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación firmaron un convenio por mil millones de pesos para la búsqueda de fosas comunes, principalmente en la comuna 13.
Para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos en las escombreras, la Administración Municipal contrató un estudio preliminar el cual fue realizado por la Universidad de Antioquia. De igual forma, se contrató la valoración de tres equipos de expertos forenses de Guatemala, Perú y Argentina. En su momento, personas como Andrea llegaron a pensar que, luego de años de angustia, llegaría el momento en que la verdad sería desenterrada.
Pero las escombreras continúan funcionando. Ni las víctimas ni las organizaciones defensoras de derechos humanos conocen el resultado de los estudios realizados en su momento. Ni la Alcaldía ni la Fiscalía han entregado declaraciones sobre cómo se llevaría el complejo proceso de exhumación.
Ese 21 de mayo, al término de la marcha, los familiares pudieron observar con sus propios ojos la constante entrada y salida de volquetas, el trabajo pesado de las retroexcavadoras y la remoción permanente de tierra. La escena generó tal angustia que víctimas y activistas de derechos humanos acordaron realizar acciones de todo tipo, de orden legal si es necesario, para que se cierren las escombreras y se adelante un plan de exhumaciones que permita desenterrar los cadáveres que se presume fueron enterrados allí.
“Continuaremos exigiéndole a la Alcaldía de Medellín y a la Fiscalía General que ordenen el cierre de las escombreras, que socialicen las investigaciones y se avance en el diseño de un plan de exhumaciones”, asevera Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, quien acompañó a las víctimas en la macha.
De acuerdo con seguimientos de esta organización no gubernamental, entre noviembre de 2002 y febrero de 2003, unas 140 personas fueron reportadas como desaparecidas en la comuna 13, justamente en momentos en que el Ejército retomaba el control de la zona luego de la Operación Orión, a través de la cual se expulsó a las milicias de las Farc y el ELN.
Fosa común
Las autoridades forenses lograron esclarecer la identidad de seis de los fallecidos. Por estos hechos, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, se acogió a sentencia anticipada en el año 2006 ante un Fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín, que le imputó los cargos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio agravado.
Es la única condena que pesa sobre miembro alguno de las Auc por las desapariciones forzadas que tuvieron lugar en la comuna 13 de Medellín. Antes de su extradición, alias “don Berna” manifestó su intención de revelar las coordenadas exactas de las fosas comunes existentes en esta comuna y en todo el sur-occidente de la capital antioqueña. El 15 de enero de 2008, unas coordenadas entregadas por el ex jefe paramilitar en una audiencia de versión libre realizada a finales de 2007 en Medellín, le permitió a un equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía encontrar en zona rural del corregimiento San Cristóbal varios restos óseos.
Pero con su extradición a los Estados Unidos, en mayo de 2008, donde fue condenado a 35 años de prisión por el delito de conspiración para ingresar cocaína a territorio norteamericano, terminó por sepultar las esperanzas de los familiares de los desaparecidos. Ninguno de los desmovilizados de las Auc postulados a la Ley de Justicia y Paz ha vuelto a hablar algo al respecto.
Para Adriana Arboleda, esclarecer la verdad de lo que pasó en las escombreras constituye una de los principales peticiones del movimiento de víctimas de la ciudad. “Frente a eso, tenemos el problema que los hombres del Cacique Nutibara, como fueron los primeros que se desmovilizaron, no se postularon a Justicia y Paz y los que se postularon, fueron capturados como reincidentes y quieren aprovechar las gabelas de la Ley para obtener beneficios. Entonces, esa verdad hay que recibirla con beneficio de inventario”.
Precisamente, la última noticia que recibió Andrea sobre el paradero de su hermano provino hace poco menos de dos meses del centro penitenciario Bellavista. Gracias a su persistencia por hallar la verdad, la misma que la ha llevado a participar, pese a su corta edad, en cuanta marcha, manifestación, plantón y diligencia de versión libre de miembros de las Auc se realiza en la ciudad, un fiscal de Justicia y Paz le ofreció sus buenos oficios.
“Me dijo que en Bellavista había un hombre que estaba pagando una condena, no recuerdo por qué, y que fue miembro del Cacique Nutibara en la comuna 13”, recuerda la joven. Al paramilitar, al que se le distingue como Giovani, le enviaron entonces la última fotografía que se tomo Hermey, paradójicamente, un día antes de su desaparición. “Y lo reconoció –continua Andrea-. Dijo que lo vio en una casa que ellos tenían por el (barrio) El Salado, con otros jóvenes. Dijo que en esa casa torturaban y mataban a la gente señalada de ser colaboradora de las milicias. No dijo nada más”, relata la joven.
Para ella, la breve frase es, sin duda, el dato más certero –y doloroso- que ha escuchado en estos ocho años de búsqueda incesante. Pese a ello, Andrea siente que cada vez se agotan las esperanzas de, por lo menos, hallar el cuerpo de su hermano: “Es muy duro decirlo, pero creo que vamos a tener que hacernos a la idea de que el cuerpo de Hermey se quedará ahí”.
Y aunque sus ánimos parecen no acompañarla en la búsqueda de la verdad, piensa dar una nueva batalla, esta vez frente al Estado, por lo que ella considera más que justo: reparación y justicia. “El mismo día que se llevaron a mi hermano lo llamaron para trabajar en EPM. Sus intenciones eran sacarnos de este barrio. Ahora, yo soy la que mantiene a mi familia. Estudiar es una ilusión para mí. Y en nuestra tragedia familiar, el Gobierno tiene mucho que ver. Entonces, si no nos van a ayudar a buscar la verdad, por lo menos que nos reparen todo lo que hemos sufrido”, sentencia.
