- Analistas advierten que fallo de CSJ sienta precedente histórico en el país
- Oportunidad para esclarecer participación de agentes del Estado en el magnicidio
Además de darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), proferida el 27 de noviembre de 2008 donde condenó al Estado colombiano por no proteger la vida de Valle Jaramillo y le pide “remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación”; lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia despierta profundas esperanzas entre familiares y activistas cercanos al inmolado abogado quienes sienten que este crimen no quedará en la impunidad.
“El primer caso de un defensor de derechos humanos colombiano que ha llegado hasta la CIDH y donde se ha sentenciado al Estado, fue el de Jesús María. Ahora, será quizás el primer caso grave de violación a los derechos humanos en donde se invalida una sentencia ya ejecutoriada y se tendrá que investigar de nuevo, remover todos los obstáculos como dice la Corte Interamericana y juzgar a los responsables”, explicó David Medina, abogador del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), colectivo que representa a la familia Valle Jaramillo ante los tribunales nacionales e internacionales.
Implicaciones
Pero, ¿Qué será lo que tendrá que investigar nuevamente la justicia? Sin duda donde se enfocarán los esfuerzos iniciales tendientes a esclarecer el asesinato de Jesús María Valle será determinar la responsabilidad que tuvieron los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Osorio Angulo en este magnicidio. Ambos fueron vinculados al proceso por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales luego de escuchar testimonios de varios testigos, entre ellos Carlos Fernando Jaramillo Correa, quien presenció el asesinato del abogado.
El 27 de febrero de 1998, Jaramillo Correa sostenía una reunión en el despacho que Jesús María Valle tenía en el Edificio Colón, centro de Medellín, en la que también participaba la hermana del activista, Nelly Valle J. A eso de las 2:00 de la tarde, dos hombres y una mujer irrumpieron en la oficina y, tras amordazar a Jaramillo Correa y Nelly Valle J., le propinaron dos disparos con arma de fuego al abogado defensor de derechos humanos. Los asesinos utilizaron arma con silenciador para no generar mayor ruido.
De acuerdo con lo señalado por Jaramillo Correa ante la Fiscalía, los paramilitares llegaron a Ituango, localidad del norte lejano de Antioquia, de la mano de prestantes líderes sociales y políticos así como de acaudalados comerciantes, entre los que se contaban los hermanos Osorio Angulo.
De acuerdo con su relato, la familia Osorio Angulo, particularmente Jaime Alberto y Francisco Antonio, habían incursionado en el narcotráfico, lo que les permitió hacerse a grandes fincas en Ituango donde precisamente se celebraron decenas de reuniones en las que participaron los desaparecidos jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño. De hecho, Jaramillo Correa señaló que luego de los asesinatos cometidos en el corregimiento La Granja (perpetrado en 1996), un comando paramilitar liderado por alias “Junior” y “Emiro”, se instaló en propiedades pertenecientes a los hermanos Osorio, desde donde no sólo les brindaron toda la protección y ayuda posible sino que ordenaron toda clase de atropellos contra la población civil”.
Sin embargo, este testimonio fue desestimado por el Juzgado Tercero Especializado del Circuito de Medellín, que condenó bajo la figura de persona ausente a Álvaro Goez Meza y Jorge Eliecer Rodríguez Guzmán como coautores materiales del hechos a 40 años de prisión y a Carlos Castaño Gil a 20 años de prisión por conformación de grupos armados ilegales, pero absolvió de toda responsabilidad a otras siete personas vinculadas al proceso, entre ellas los hermanos Osorio Angulo.
La decisió
En 2008, la Fiscal Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado Adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pidió una acción de revisión de este fallo tras considerar que se desestimó, sin hacer mayores análisis, el testimonio del principal testigo en contra de hermanos Osorio Angulo en virtud sólo de su militancia política en un partido de izquierda y su cercanía con la víctima, “desconociendo las circunstancias previas a la muerte del entonces defensor de derechos humanos”.
Para sustentar su petición, la Fiscal Quinta indicó que en versión rendida ante el Despacho 15 de la Unidad de Justicia y Paz el 18 de junio de 2008, el desmovilizado del Bloque Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), José Higinio Arroyo Ojeda, alias 85, señaló a los hermanos Osorio Angulo como los patrocinadores de los paramilitares en la zona y que éstos sostuvieron diversas reuniones con Carlos Castaño Gil. Esta versión coincidió con lo declarado ante un fiscal de Justicia y Paz por Isaías Montes Hernández, alias Junior, quien para finales de los noventa integró las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), en dónde mencionó que los hermanos participaron activamente en los hechos ocurridos en Ituango entre 1996 y 1997.
De igual forma, la acción de revisión también se sustenta en lo declarado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Carlos Álvaro Bonilla Cifuentes, ex fiscal regional de Medellín entre marzo y agosto de 1998 y quien debió exiliarse por las amenazas de muerte proferidas en su contra mientras adelantaba las investigaciones por la muerte de Valle Jaramillo. Mientras estuvo a cargo del proceso, Bonilla Cifuentes había logrado establecer que los hermanos Osorio Angulo no sólo tenían vínculos con grupos paramilitares en Ituango sino que, contaban con informantes al interior del sistema de justicia que les filtraban información privilegiada elaborada por el CTI de la Fiscalía.
Pese a sus hallazgos, Bonilla Cifuentes tuvo que abandonar el país luego que miembros de la Policía Judicial entregaron información privilegiada del proceso por el asesinato de Valle Jaramillo a abogados que servían a miembros de las Autodefensas. “El mismo abogado de Carlos Castaño me advirtió que un comando urbano de las Autodefensas tenía orden de asesinar a 17 fiscales, entre los que figuraba mi nombre”, declaró ante la Comisión Interamericana.
Lo que viene
Así las cosas, la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia determina que se reabra nuevamente la investigación contra los hermanos Osorio Angulo, respetándoles todas las garantías procesales como el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia y manteniendo para ellos la libertad hasta tanto no se determine lo contrario.
No obstante, como lo advirtió el abogado del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, David Medina, la decisión no es óbice para que se vinculen más personas relacionadas con el asesinato de Jesús María Valle. “La decisión de la Corte Interamericana es clara en decir que se deben remover todos los obstáculos que impidan la investigación. Como el caso regresa a su fase de audiencia pública, quiere decir que se pueden allegar nuevas pruebas al proceso”, declaró Medina.
La reapertura de esta investigación también servirá para determinar la participación de agentes del Estado en este crimen. Como se recordará, un día antes de su muerte Jesús María Valle ratificó ante la Fiscalía General de la Nación las denuncias que venía formulando desde 1997 sobre acciones conjuntas entre miembros de la IV Brigada del Ejército nacional, con sede en Medellín, y grupos paramilitares que venían operando en su municipio natal: Ituango.
Por estas afirmaciones, el entonces comandante de esta guarnición militar, general Carlos Alberto Ospina, interpuso demanda contra el abogado por injuria y calumnia y el gobernador de Antioquia para esa época, Álvaro Uribe Vélez, lo señaló públicamente como “enemigo de las Fuerzas Militares”.
Desafortunadamente, Jesús María Valle Jaramillo no vivió para presenciar como el tiempo y la justicia ha ido corroborando muchas de sus denuncias. De cómo se conformó en el país una estructura contrainsurgente liderada por Carlos Castaño Gil que contó con el apoyo de amplios sectores políticos y económicos; que para desarrollar muchas de sus acciones se coordinó con fuerzas del Estado y que para consolidar su expansión no se midió para silenciar a cientos de líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos. Entre ellos, él.
