Bacrim: riesgo latente para el proceso electoral

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  •  Internacional Crisis Group advierte posible injerencia de estos grupos en comicios
  •  Preocupan zonas del país donde presencia de las Bacrim es más acentuada

Si el Gobierno colombiano no hace ingentes esfuerzos para blindar el proceso electoral de la infiltración de los grupos armados ilegales, muchas zonas del país estarán destinadas a padecer cuatro años más de mal gobierno, altos niveles de corrupción y violencia prolongada.

Así lo señaló la organización Internacional Crisis Group en su más reciente informe Romper los nexos entre crimen y política local: las elecciones de 2011 en Colombia, en donde evalúa los escenarios y las condiciones que podrían favorecer la influencia  o la participación de los grupos armados ilegales en la contienda electoral próxima a comenzar y en la que se elegirán el 30 de octubre alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y miembros de junta administradoras locales.

El Informe reconoce que los avances en las investigaciones a políticos por sus presuntos nexos con grupos ilegales; la aprobación hace poco de la reforma política por el Congreso de la República y la voluntad mostrada por el Gobierno nacional para contener la influencia de los actores armados en los comicios, hacen que Colombia esté hoy más preparada que hace cuatro años para combatir las relaciones entre sectores políticos y la ilegalidad.

Sin embargo, el documento advierte sobre la existencia de nuevos riesgos y desafíos más complejos para las autoridades que, de no enfrentarse con decisión, podrían llevar al país a procesos crecientes de desinstitucionalización. En ese sentido, las denominadas bandas criminales (Bacrim), organizaciones armadas surgidas luego del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, aparecen como el principal reto para la vida democrática y la seguridad del país.

Si bien dentro de las características más notorias de las Bacrim están la carencia de una ideología política y una jefatura jerárquica así como el interés por consolidar y expandir actividades ilegales como el narcotráfico más que en desarrollar una agenda “política”, ello no implica necesariamente un desinterés total de estas estructuras armadas por la contienda electoral local.

Así lo deja claro el documento al conceptuar que: “la ausencia de una estructura de comando central, así como la multiplicidad de sus objetivos y actividades criminales, constituyen elementos que sugieren que los Nuevos Grupos Armados Ilegales (NGAI) no asumirán una actitud uniforme hacia la política y que será la dinámica local lo que determine su grado de participación activa en cada caso”.

De acuerdo con lo planteado por Internacional Crisis Group, los riegos más elevados de participación en la contienda electoral por parte de estas nuevas estructuras armadas se concentrarán en los municipios donde su presencia es más acentuada precisamente por lo estratégicos que resultan dichos territorios para el desarrollo de sus actividades ilegales como el narcotráfico y el lavado de activos.

“En esos municipios, los NGAI tendrían que establecer relaciones de trabajo con políticos locales. En muchos casos, eso se traduciría en acciones dirigidas a asegurar impunidad o un acceso privilegiado a información sobre las actividades de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley”, asevera el Informe en sus apartes.

De la misma manera, las zonas del país donde se ejecutan (o se llevaran a cabo en el corto plazo) ambiciosos operaciones mineras, se están convirtiendo en un objeto fundamental para las Bacrim, por lo que éstas representan en términos de captura de recursos, situación que según el estudio, implica la existencia de amplias y profundas relaciones entre políticos y actores ilegales.

¿Antioquia en riesgo?

Bajo Cauca y Urabá figuran como posibles zonas de riesgo por presencia de grupos armados ilegales para las próximas elecciones.
En ese orden de ideas, Antioquia figura como uno de los departamentos con mayores riesgos de injerencia de las Bacrim en el proceso electoral. Actualmente, las bandas de “Los Paisas”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” sostienen una fuerte disputa en el Bajo Cauca antioqueño y parte del Nordeste del departamento por el control de cultivos ilícitos, rutas para el narcotráfico y recursos derivados de la minera legal e ilegal.

Asimismo, la expectativa que genera en el Urabá antioqueño la aplicación de los procesos de restitución de tierras contemplados en la recién aprobada Ley de Víctimas, hace presagiar una alianza entre sectores empresariales, ganaderos, testaferros y miembros de los “Urabeños” para defender los capitales acumulados tras años de despojo. Con ello, se fortalecería el accionar de esta organización criminal que ha consolidado su presencia en esta subregión, quizás una de las más estratégicas dentro del negocio del narcotráfico.

De ahí que, frente a estos escenarios, analistas electorales planteen que los comicios del próximo 30 de octubre se llevarán a cabo en el departamento en medio de un ambiente complejo donde muy probablemente se registren presiones, injerencias e interferencias por parte de los actores armados ilegales.

“La sola presencia de grupos al margen de la ley ya genera un riesgo activo para el proceso electoral por el clima de tensión que generan. La gente no se atreve a denunciar, los candidatos no se inscriben, la movilidad de las campañas es restringida. Todos esos riesgos los tenemos en Antioquia”, explicó Patricia Fernández, coordinadora en Antioquia de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según Fernández, tanto la guerrilla de las Farc como las Bacrim ya vienen interfiriendo en el proceso electoral por la vía de las amenazas y las intimidaciones, pero advirtió que sólo con el pasar de las meses  se podrá determinar si alguno de estos grupos, principalmente los llamados herederos del paramilitarismo, tejieron alianzas o pactos con políticos regionales.

“Hasta el momento sólo se tiene un registro ciudadano del municipio Cañasgordas, donde se dice que un candidato estaría pactando con grupos armados. Claro está que en otras subregiones, ese riesgo está latente”, menciona la coordinadora regional de la MOE quien agregó además que quizás, los mecanismos empleados por las Bacrim para establecer estas relaciones serán muy diferentes a las empleadas en el pasado por sus antecesores, los paramilitares: “hay prácticas que ya se conocen y dudo que las vuelvan a emplear. Pero no es descartable. Puede que ahora existan pactos tácitos de convivencia u otro tipo de  estrategia”.

Su  concepto coincide con lo planteado por Internacional Crisis Group según el cual “es probable que los NGAI opten por formas menos visibles de interferir en las elecciones, que podrían incluir amenazas contra la población y violencia selectiva contra líderes sociales, pero el financiamiento de las campañas posiblemente sea el principal canal para sus intentos de manipulación. También la absorción de candidatos de menor rango, como concejales”.  

Seguimientos hechos por la MOE durante las elecciones de 2006, 2007 y 2010 evidenciaron niveles de riesgo constantes por presencia de grupos armados ilegales en las subregiones del Bajo Cauca y Urabá antioqueño. Estas mismas subregiones aparecieron con niveles de riesgo medio en los análisis preelectorales realizados por el Ministerio de la Defensa Nacional a finales de 2010.

Así las cosas, habrá que esperar a ver si las acciones del Gobierno nacional, con el apoyo de las organizaciones veedoras del proceso democrático, logran revertir esa vieja tendencia histórica de relaciones entre políticos e ilegalidad que sólo ha dejado malos gobiernos, altos niveles de corrupción y una violencia que no cesa. 

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