Las víctimas expusieron, en el estadio de Apartadó, inquietudes y propuestas para la reglamentación de su ley, que incluye la restitución de tierras.
Satisfecho por la masiva participación de la gente en el diálogo Tierras y democracia: un camino para la paz y la reconciliación en Urabá, se mostró Gerardo Vega, Presidente de la Corporación Forjando Futuros, quien añadió que es alentador ver a las víctimas del Urabá unidas alrededor de este tema.
Carlos Páez, coordinador en la zona de la Corporación Tierra y Vida, añadió que el diálogo en el que estuvieron varias organizaciones sociales y el Representante a la Cámara y ponente de la Ley de Víctimas, Guillermo Rivera, le permitió a los participantes comprender que, quienes habiten los territorios usurpados a población campesina, tendrán que salir del predio invadido y, si comprueban su buena fe, podrán ser indemnizados por el Estado.
“La gente también expresó ciertas preocupaciones: que qué iba a pasar entonces con Acción Social y qué iban a hacer las personas que no tenían el certificado de defunción (de sus familiares asesinados)”, señaló Páez.
Urabá es uno de los sitios estratégicos en los que se pondrá a prueba la efectividad de la Ley 1448 de 2011, o Ley de víctimas y de restitución de tierras pues, como afirma el Representante Guillermo Rivera, la Subregión ha vivido décadas de violencia con presencia de todos los actores ilegales en conflicto y tendrá que ser un laboratorio de verdad, justicia y reparación, para lo cual se requiere todo el apoyo estatal con el fin de que la ley no se quede en el papel.
Precisamente entre los retos que tiene su aplicación está la protección de los líderes reclamantes de tierras, otro de los temas tocados en el diálogo de la mañana, pues nueve dirigentes asesinados en los últimos tres años es un hecho que pone en alerta a las comunidades, que le pidieron al Gobierno Nacional un esfuerzo adicional en este tema. (Ver: Víctimas de Urabá creen en la restitución de tierras)
En este proceso de verdad, justicia y reparación también ocupan un papel importante los sectores agroindustriales de la zona, especialmente bananeros y palmicultores: “Todos los actores privados tienen que asumir un compromiso, como ciudadanos, de respeto y acatamiento de la ley y de no volverse a prestar para fenómenos de despojo o alianzas con organizaciones ilegales como sucedió con la Chiquita Brands”, señaló Rivera. (Ver: «Existen dificultades para implementar Ley de Víctimas«: bananeros)
El plan de acción a 10 años de la Ley de víctimas y restitución de tierras, del que ya hay un borrador de decreto reglamentario, deberá estar listo en diciembre. Mientras tanto, las víctimas buscan distintos escenarios de diálogo para que sus inquietudes y propuestas sean incluidas: «vemos a la gente entusiasmada, acompañando, entendiendo el nuevo proceso, y ayudando a que haya una organización fuerte y capaz de interlocutar con el Gobierno y las entidades internacionales», concluyó Gerardo Vega.
