Nueve líderes asesinados en tres años no le impiden a la Corporación Tierra y Vida, en el Urabá antioqueño, creer que es posible la devolución de las tierras que les usurparon.
“Si no promovemos su voz y su lugar, no creemos que pueda haber paz en el país”, afirmó la investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Martha Peña, sobre la participación de las víctimas en el proceso de verdad, justicia y reparación que se adelanta actualmente en Colombia.
Esta fue una de las consideraciones que tuvieron varias organizaciones sociales y de víctimas para citar al diálogo Tierras y democracia: un camino para la paz y la reconciliación en Urabá, realizado el pasado 29 de septiembre en el estadio de Apartadó, y que contó con la presencia del representante a la Cámara y ponente de la Ley de Víctimas, Guillermo Rivera.
La protección efectiva de los líderes que luchan por la restitución de tierras en Colombia es, para Peña, uno de los retos en la implementación de la ley. Esta protección se logrará, según ella, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, que debe incluir la revisión y depuración de los miembros de la fuerza pública, y de los funcionarios de entes de desarrollo territorial que históricamente estuvieron involucrados en el proceso de usurpación de las tierras.
Al diálogo fueron invitados los candidatos a las alcaldías de los principales municipios de esta subregión quienes, según Gerardo Vega, presidente de la Corporación Forjando Futuros, se comprometieron a cumplir la Ley de Víctimas. Algunos de ellos plantearon la posibilidad de crear una secretaría exclusiva para su atención, y propusieron la destinación de un rubro específico del presupuesto de sus municipios para programas dedicados a estas comunidades históricamente vulneradas.
Reparación requiere del sector agroindustrial
“Pedimos que específicamente en la región de Urabá, en la que empresas como Chiquita Brands pusieron dinero para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Convivir Papagayo, hoy pongan ese mismo dinero al fondo de reparación de las víctimas”, puntualizó Vega.
El dinero al que se hace referencia fueron los tres centavos de dólar que pagó la multinacional por caja exportada, entre 1997 y 2004, a grupos paramilitares. Por esta relación el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo condenó en 2007 a pagar al erario norteamericano 25 millones de dólares. La multinacional se ha defendido afirmando que tuvo que pagar por presión y para proteger a sus trabajadores en una época de cruda violencia en la zona. (ver ‘Banana Para-Republic’ en Verdad Abierta)
Las empresas agroindustriales en el Urabá antioqueño son esenciales en el proceso de verdad, justicia y reparación. “Para generar un diálogo con ellos, yo creo que las víctimas no lo podremos hacer. Hay que buscar acompañamiento de la comunidad internacional, embajadores, eurodiputados para hacer un conversatorio”, aclaró Carlos Páez, coordinador en Urabá de la Corporación Tierra y Vida.
Líderes, firmes pese a asesinatos y amenazas
“Creo que el avance en el empoderamiento de las víctimas ha avanzado mucho porque las organizaciones se han venido apropiando de los contenidos de la ley, y eso permite que la aplicación de la misma tenga un control ciudadano efectivo”, aseveró Guillermo Rivera, representante a la Cámara por el Partido Liberal.
Fruto de esta fortaleza de las organizaciones de víctimas se han logrado restituir en los últimos años cerca de cuatro mil hectáreas de tierra en el Urabá antioqueño, pero también por ello han sido asesinados nueve líderes de La Corporación Tierra y Vida en los últimos tres años, y no cesan las intimidaciones y amenaz
as. (ver abajo: Asesinatos contra líderes de víctimas en el Urabá antioqueño).
El 17 de enero de 2011 robaron en Apartadó una USB con información confidencial sobre procesos de restitución de tierras de la Corporación Tierra y Vida, la misma que días después apareció, según la versión de las víctimas, tirada en las escaleras que conducen a la casa de la secretaria de dicha organización.
Luego del robo llegaron las amenazas de muerte en septiembre, dirigidas contra la dirigente de Tierra y Vida Carmen Palencia, a quien reubicaron en Bogotá para garantizarle su seguridad, y contra Gerardo Vega, quien ya cuenta con un esquema de protección facilitado por el Ministerio del Interior.
“Hemos adelantado las denuncias a todos los organismos y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de ninguna autoridad. Solicitamos un refuerzo al esquema de seguridad pero hasta el momento no hay respuesta favorable”, añadió Vega, quien puntualizó que ante las demoras y el silencio están solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare las medidas cautelares para que estén en la obligación de brindar protección a los líderes de la reclamación de tierras.
Pese a ello, la masiva presencia de personas en el diálogo de Apartadó y el continuo acompañamiento al desarrollo de la Ley de víctimas y restitución de tierras, son signos inequívocos de que las víctimas le apuestan al proceso y sienten cercano el sueño de recuperar la tierra que les arrebataron los violentos.
“Vemos a la gente entusiasmada, acompañando y entendiendo el nuevo proceso. Y ayudando a que haya una organización fuerte y capaz de interlocutar con el Gobierno y las entidades internacionales. Estamos muy satisfechos con la masiva participación de la gente y que los candidatos hablen abiertamente del tema en Urabá”, concluyó Vega.
Asesinatos contra líderes de víctimas en el Urabá antioqueño
En los últimos tres años perdieron la vida nueve líderes de la Asociación Tierra y Vida que luchaban por recuperar las tierras arrebatadas a las comunidades por diferentes actores ilegales.
– Marzo 23 de 2011: David Góez Rodríguez, líder del proceso de reclamación de tierras en la región de Las Tulapas, en Turbo (Antioquia). Fue asesinado en Medellín.
-Noviembre 24 de 2010: Óscar Manuel Maussa, líder de restitución de tierras y directivo de la Cooperativa Cootragloban. Desde 1997 reclamaba tierras en el municipio de Turbo. Fue asesinado en San Juan de Nepomuceno, Bolívar.
–Septiembre 19 de 2010: Hernando Pérez. El asesinato ocurrió horas después de asistir a un evento que contó con la presencia del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y en el que se entregaron títulos a campesinos que habían perdido sus tierras.
–Mayo 10 de 2010: Albeiro Valdez Martínez, víctima de la usurpación de tierras en Necoclí.
-Diciembre 17 de 2009: Manuel Moya y Graciano Blandón, líderes de víctimas que reclamaban tierras usurpadas en Jiguamiandó y Curvaradó.
-Febrero 23 de 2009: Adriano Pino. Fue asesinado en Medellín.
-Noviembre 22 de 2008: Benigno Gil Valencia, fundador y presidente de la Asociación de la Mesa Nacional Campesina. Fue asesinado en Chigorodó.
-Agosto 19 de 2008: Juan Agustín Jiménez Vertel. Fue asesinado en el corregimiento El Reposo de Apartadó.
